La digitalización de las aduanas mexicanas y las nuevas obligaciones derivadas de la reforma a la Ley Aduanera están elevando entre 10 y 30 por ciento el costo de algunas operaciones de comercio exterior, de acuerdo con estimaciones del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (Comce), debido a inversiones en tecnología, mayores honorarios de agentes aduanales y retrasos en la liberación de mercancías.Javier Cendejas, presidente de la región noreste del Comce, explicó que el impacto varía según el producto, la aduana y el número de proveedores, pero las revisiones de cumplimiento, los nuevos controles y los tiempos adicionales de despacho ya representan un sobrecosto importante.A ello se suman inversiones en sistemas de inventarios automatizados, videovigilancia, trazabilidad, monitoreo en tiempo real y la ampliación de los expedientes electrónicos con facturas, contratos, comprobantes de pago, certificados de origen, documentos de transporte y pólizas de seguro.“Recordemos que la mercancía es inventario, el inventario es dinero. Tener 500 mil dólares en insumos detenidos durante una semana no sólo implica pagar almacenaje, también consume días de crédito, retrasa ventas y deja capital sin producir rendimientos”, dijo Cendejas.Por su parte, Gerardo Tajonar Castro, vicepresidente de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, señaló que la transición generó dos presiones financieras para las empresas: el costo tecnológico y el de intermediación.“Las compañías tienen que modificar sus sistemas de planificación empresarial (ERP) para integrarlos a las plataformas gubernamentales, mientras que los agentes aduanales han incrementado sus honorarios hasta en 30 por ciento por las nuevas responsabilidades legales y el riesgo de sanciones que asumen al validar la documentación.“El resultado es un incremento neto del costo de transacción para importar o exportar en México”, explicó.Discrepancias, gran retoEl problema se agrava cuando existen fallas en las plataformas o discrepancias documentales. Gerardo Tajonar Castro estimó que entre 15 y 20 por ciento de las declaraciones digitales de importación reciben un rechazo informático inicial por inconsistencias de validación. Del total de operaciones que llegan a las instalaciones aduaneras, agregó, entre 3 y 5 por ciento son detenidas físicamente por diferencias más complejas en los expedientes electrónicos. Aclaró que se trata de estimaciones empresariales y que todavía no existe una medición pública consolidada.Como consecuencia, un despacho que normalmente se completaba en un plazo de 24 a 48 horas puede extenderse entre cuatro y siete días hábiles cuando existen inconsistencias en el expediente digital. En los casos donde se suspende temporalmente el Padrón de Importadores, la mercancía puede permanecer detenida entre 15 y 30 días.