Mariano Zapico no fue un rebelde. No cometió delito alguno al negarse a entregar el mando de la provincia de Cádiz a los militares que se habían sublevado contra el Gobierno de la República. Fue víctima de una persecución política, condenado a muerte por un tribunal ilegítimo y ejecutado por defender la legalidad institucional vigente. 90 años después, todo ello ya no constituye únicamente una conclusión histórica o una reivindicación de sus descendientes y de los colectivos memorialistas. También lo ha declarado un juez.
La Sección Civil del Tribunal de Instancia de Cádiz ha dictado una resolución inédita en la provincia y una de las primeras de estas características en España al amparo del procedimiento introducido por la Ley de Memoria Democrática. El auto declara “ilegal y radicalmente nula” la condena a muerte impuesta el 5 de agosto de 1936 a Mariano Zapico Meléndez Valdés, gobernador civil de Cádiz cuando se produjo el golpe de Estado, y le reconoce oficialmente la condición de víctima de la represión franquista.
La decisión trasciende el caso individual de Zapico. Por primera vez en Cádiz, la reparación de una persona represaliada por el franquismo se concreta en una resolución judicial que reconstruye los hechos, examina las pruebas y concluye que la condena respondía a razones políticas. La memoria deja así de quedar limitada a los archivos, las investigaciones históricas o el reconocimiento moral para entrar también en los tribunales.
