Flor Baena llevaba toda la vida luchando por limpiar el nombre de su hermano, Xosé Humberto Baena, uno de los últimos cinco fusilados del franquismo. Medio siglo después de la ejecución, ha conseguido que el Estado escriba “la palabra asesinado donde decía asesino”. Acaba de recibir, firmado por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, un documento de “reconocimiento y reparación personal” que declara “ilegal e ilegítimo el tribunal” que juzgó a Baena, “así como ilegítima y nula la condena dictada” contra él. “Al leerlo”, relata, “lloré de alegría y de pena a la vez. Le devuelven su honor, pero la vida no se la pueden devolver. Y siento que mis padres no llegaran a ver esto. Lucharon mucho por reabrir el caso. La última vez que lo vio con vida, mi padre le dijo: ‘Si supiera que eres culpable, sentiría un poco de alivio, pero así tengo un dolor tan grande...’. Él le respondió: ‘Papá, no puedo darte ese consuelo. Yo no fui”. Luis Eduardo Aute dedicó a Baena y los otros cuatro ejecutados aquel 27 de septiembre de 1975, apenas dos meses antes de la muerte del dictador, el poema Al Alba, que para burlar la censura, disfrazó de canción de amor.

Baena fue fusilado junto a Ramón García Sanz y José Luis Sánchez Bravo, miembros, como él, del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), y Ángel Otaegui y Juan Paredes, Txiki, de ETA. A los tres miembros del FRAP los habían condenado, en un consejo de guerra sumarísimo que aplicaba de forma retroactiva la ley antiterrorista, por el asesinato de un policía y un guardia civil. A sus abogados los echaron de la sala porque, según denunciaron después, no tenían “una sola prueba”. Christian Grobet, un observador de la Liga Internacional para la Defensa de los Derechos Humanos que había logrado colarse en el juicio, calificó el proceso de “simulacro” y “farsa siniestra”. La dictadura, en sus estertores, tampoco permitió que declarase una testigo que exculpaba a Baena. “Fue tres veces a la comisaría”, recuerda Flor, “porque al ver su foto en la televisión se dio cuenta de que estaban acusando a uno que no era. La primera vez no quisieron atenderla; la segunda la metieron en un despacho, un policía sacó su pistola, se puso a jugar con ella, y le dijo: ‘Señora, olvídese. Todos están en el mismo saco’. Al año siguiente ella le escribió una carta a mi padre diciéndole que tenía muchos remordimientos por no haber podido hacer más. Mi padre le contestó que no era culpa suya, y con esa carta, intentó reabrir el caso para demostrar la inocencia de mi hermano, pero no lo consiguió. En el Tribunal Constitucional nos dijeron que no podían hacer nada porque en ese año aún no había Constitución española. Y en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, algo muy parecido, que España no había ratificado entonces el Convenio Europeo de Derechos Humanos”.