Hay debates que parecen técnicos y son, en realidad, profundamente humanos. El que estos días se libra en Bruselas sobre el euro digital y el curso legal de los billetes y monedas es uno de ellos. Detrás de los reglamentos, los trílogos y los tecnicismos jurídicos hay una pregunta muy sencilla: ¿queremos una Europa en la que todos los ciudadanos, sean cuales sean su edad, su lugar de residencia o sus circunstancias, puedan seguir pagando y cobrando con el dinero de curso legal? Nosotros creemos que sí. Y por eso las asociaciones que integramos Denaria Europa acabamos de presentar el manifiesto “Por un acceso y uso libre y garantizado del efectivo”. Quienes lo firmamos representamos a colectivos tan diversos como las personas mayores, las personas con discapacidad, los consumidores, los farmacéuticos, los jóvenes, los comerciantes, los empresarios, los agricultores o los habitantes del medio rural. Millones de ciudadanos que no comparten ideología ni profesión, pero sí una convicción: la libertad de elegir cómo pagar es un derecho que debe ser protegido. No hablamos de nostalgia, sino de realidad. El efectivo sigue siendo el principal medio de pago para el 79% de las personas mayores de 64 años. En los municipios de menos de 5.000 habitantes su uso no solo no retrocede: crece, del 65% en 2023 al 72% en 2025. En las zonas que se han quedado sin oficina bancaria, siete de cada diez vecinos dependen del dinero físico para sus compras cotidianas. Y todavía hoy cerca de medio millón de personas en España carece de un acceso razonable al efectivo. A ellos hay que sumar a quienes el propio Banco de España identifica en riesgo de exclusión financiera, como la población inmigrante de reciente llegada, para la que abrir una simple cuenta bancaria sigue siendo, con demasiada frecuencia, una carrera de obstáculos. Estos no son porcentajes: son nuestras madres y nuestros abuelos, el vecino del pueblo que tiene que recorrer kilómetros para encontrar un cajero gratuito, la persona con discapacidad a la que una pantalla táctil no le sirve de nada, el pequeño comerciante que quiere seguir atendiendo a todos sus clientes. Cuando el acceso al efectivo se degrada, no sufre “el sistema de pagos”: sufren personas concretas, casi siempre las más vulnerables. Y lo cierto es que las barreras se multiplican. A la lejanía creciente de cajeros y sucursales se suman las comisiones por retirar el propio dinero, que obligan a muchos ciudadanos a desplazarse para no pagar por disponer de lo que es suyo. Hemos constatado, además, a través del canal de denuncias de Denaria, algo difícil de aceptar: que la propia Administración es en ocasiones la primera en rechazar el pago en efectivo en sus servicios, e incluso en exigir que se pague únicamente por medios digitales. Y a todo ello se añade un límite legal de pago en efectivo de 1.000 euros, el más restrictivo de nuestro entorno, cuando el Banco Central Europeo sitúa ese umbral en 10.000. El Parlamento Europeo ha dado un paso importante al reconocer, por primera vez en la legislación comunitaria, el curso legal del efectivo y la obligación de aceptarlo. Pero un derecho reconocido en el papel solo es real cuando existe una infraestructura suficiente para ejercerlo. De lo contrario, se queda en una declaración de intenciones. Por eso nuestro manifiesto pide a las autoridades que defiendan en los trílogos de Bruselas seis principios que consideramos irrenunciables: garantizar, de hecho y de derecho, el acceso y la aceptación del efectivo en toda la Unión; preservar la libertad de los ciudadanos para elegir cómo pagar; asegurar una red de acceso suficiente, cercana y accesible; reforzar la responsabilidad de las entidades financieras en el mantenimiento de oficinas, cajeros gratuitos y atención presencial; procurar un trato humano y cercano en los comercios; e impulsar una transición digital verdaderamente inclusiva, en la que el efectivo y los pagos digitales convivan de forma complementaria. TE PUEDE INTERESAR Que nadie se confunda: no estamos contra la digitalización. Estamos contra la exclusión. Una sociedad avanzada no se mide por la velocidad a la que adopta nuevas tecnologías, sino por su capacidad de no dejar a nadie atrás mientras lo hace. El efectivo es, además, garantía de privacidad, herramienta de control del gasto para muchas familias y colchón de resiliencia cuando fallan los sistemas, como nos recordó el apagón que dejó inservibles datafonos y aplicaciones. Europa decide estos meses cómo será el dinero de las próximas décadas. Es fundamental que establezca la forma en que el derecho a pagar con dinero físico se asegura en todos los Estados porque siguiendo el pensamiento de Edmund Burke: «Un Estado que carece de los medios para cambiar, carece de los medios para su conservación». Pagar en efectivo también es un derecho, y los derechos, o son de todos, o no son. *Javier Rupérez es presidente de la Plataforma Denaria Hay debates que parecen técnicos y son, en realidad, profundamente humanos. El que estos días se libra en Bruselas sobre el euro digital y el curso legal de los billetes y monedas es uno de ellos. Detrás de los reglamentos, los trílogos y los tecnicismos jurídicos hay una pregunta muy sencilla: ¿queremos una Europa en la que todos los ciudadanos, sean cuales sean su edad, su lugar de residencia o sus circunstancias, puedan seguir pagando y cobrando con el dinero de curso legal? Nosotros creemos que sí. Y por eso las asociaciones que integramos Denaria Europa acabamos de presentar el manifiesto “Por un acceso y uso libre y garantizado del efectivo”.