NoticiaLas organizaciones comunales y mineras aseguran que las medidas vulneran el derecho a la participación, afectan la minería legal y favorecen la ilegalLas organizaciones cuestionaron tres resoluciones expedidas por el Ministerio de Ambiente, afirmaron que desconocen procesos de participación y anunciaron denuncias por presuntas irregularidades. Foto: Archivo particularPERIODISTA DE MEDIOAMBIENTE Y SALUD15.07.2026 17:51 Actualizado: 15.07.2026 17:51
Organizaciones sociales, comunales y mineras de la provincia de Soto Norte, en Santander, rechazaron las tres resoluciones anunciadas por el Ministerio de Ambiente relacionadas con el macizo de Santurbán y aseguraron que las decisiones ponen en riesgo la minería legal en la región, vulneran los derechos de las comunidades y podrían favorecer la expansión de actividades de minería ilegal. LEA TAMBIÉN En un comunicado divulgado este 15 de julio desde Bucaramanga, las organizaciones sostuvieron que las medidas fueron adoptadas cuando restan menos de 20 días para la finalización del gobierno del presidente Gustavo Petro y señalaron que tienen un "evidente tinte político".Las resoluciones fueron anunciadas por el Ministerio de Ambiente, encabezado por la ministra encargada Irene Vélez, quien también dirige la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla). Para las organizaciones firmantes, las decisiones afectarían a los pequeños mineros y a los titulares legales que desarrollan su actividad en la provincia de Soto Norte.Mineros y organizaciones de Santander rechazan nuevas medidas del Gobierno sobre Santurbán. Foto:Archivo particularLa principal preocupación de las organizaciones se centra en tres decisiones. La primera corresponde a la denominada “delimitación progresiva de Santurbán”, mecanismo que, según el comunicado, el propio Ministerio de Ambiente había considerado en 2023 como jurídicamente inviable y ambientalmente incorrecto.De acuerdo con las organizaciones, esa posición quedó consignada en una respuesta enviada por el Ministerio al Tribunal de Santander, en la que se habría señalado que una delimitación parcial desconocería lo ordenado por la Corte Constitucional en la sentencia T-361 de 2017. Según esa interpretación, una nueva delimitación solo podría expedirse una vez existiera una concertación integral con los 40 municipios de Santander y Norte de Santander involucrados en el proceso.El segundo punto cuestionado corresponde a la declaratoria de una Zona de Reserva Permanente en el municipio de California, Santander. Las organizaciones sostienen que esta medida fue adoptada sin la participación de las comunidades que habitan el área afectada, lo que, a su juicio, incumple las disposiciones del Acuerdo de Escazú sobre participación ciudadana en asuntos ambientales. LEA TAMBIÉN Además, afirman que la decisión estaría sustentada en un documento del Servicio Geológico Colombiano que califican como no concluyente y que, según su versión, presenta irregularidades técnicas.La tercera medida criticada es la prórroga de la Zona de Reserva Temporal hasta 2029. Las organizaciones aseguran que esta decisión prolonga la incertidumbre para seis municipios cuya economía depende de la minería, entre ellos Vetas, y sostienen que desde su implementación la medida ha desplazado a los mineros legales mientras grupos ilegales continúan operando en la región.Páramo de Santurbán. Foto:David Rocha CIvonne González, presidenta de Asomineros Vetas y del Pomca del Alto Lebrija, aseguró que las nuevas resoluciones terminarían favoreciendo a organizaciones criminales. “Estamos muy preocupados pues con estas tres resoluciones, el Gobierno del presidente Gustavo Petro prácticamente le está entregando el páramo de Santurbán a los criminales. Todos los pequeños mineros que queremos ser formales, al igual que los titulares mineros legales, vamos a ser desplazados para dejarle el territorio a la ilegalidad”, afirmó.La dirigente agregó que, en su opinión, los pequeños mineros buscan desarrollar su actividad dentro de la legalidad y aseguró que las medidas obedecen a decisiones políticas.En otra de sus declaraciones, González cuestionó que el Ministerio impulsara una delimitación parcial después de haber sostenido anteriormente que esa figura no era procedente. “Es increíble que no cumplen la delimitación que hizo este mismo Gobierno, y que desconocen la respuesta que le dieron al tribunal indicando que no se podía delimitar parcialmente. Esto es una pataleta peligrosa e ilegal de quienes creían que se iban a quedar en el poder”, manifestó. LEA TAMBIÉN Las organizaciones también sostienen que el Gobierno habría abandonado el proceso de delimitación de Santurbán durante 2023, como —afirman— señaló el Tribunal de Santander, y que únicamente lo retomó cuando faltaba menos de un mes para finalizar el periodo presidencial.Asimismo, cuestionaron que las resoluciones fueran publicadas un día después de que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunciara la realización de nuevos estudios técnicos internacionales sobre Santurbán con el propósito, según indican, de superar la controversia alrededor de la delimitación.Páramo de Santurbán Foto:Melissa Múnera ZambranoEn el comunicado también se afirma que las decisiones adoptadas son el resultado de una "mesa de concertación exprés" y de reuniones realizadas por la ministra encargada con activistas y dirigentes políticos, sin la presencia de las comunidades de la región ni de organismos de control.González aseguró que dichos encuentros se realizaron a puerta cerrada en un hotel de Bucaramanga y calificó el proceso como una “jugada política” orientada a favorecer a sectores afines al Gobierno. Como respuesta a las resoluciones, las organizaciones sociales, comunitarias y mineras anunciaron que promoverán acciones legales contra la ministra encargada y los funcionarios que participaron en la expedición de las medidas.Según el comunicado, las denuncias incluirían posibles conductas relacionadas con fraude a resolución judicial, prevaricato, abuso de autoridad y extralimitación de funciones.Finalmente, las organizaciones hicieron un llamado a la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Gobernación de Santander y al Tribunal Administrativo de Santander para que, según expresaron, intervengan frente a lo que consideran una vulneración del debido proceso y de los derechos de participación de las comunidades de Soto Norte, Bucaramanga y de los municipios que, de acuerdo con su versión, quedaron excluidos del proceso de delimitación del páramo de Santurbán.EDWIN CAICEDOPeriodista de Medioambiente y Salud@CaicedoUcros Sigue toda la información de Vida en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
