NoticiaLos organismos de control remitieron un informe que documenta retrasos en la delimitación del páramo y posibles impactos sobre el ecosistema.El Vigésimo Quinto Informe de Seguimiento de la Procuraduría y la Defensoría concluye que persisten retrasos y falencias estructurales en el proceso liderado por el Ministerio de Ambiente. Foto: Jaime MorenoPERIODISTA DE MEDIOAMBIENTE Y SALUD10.06.2026 17:22 Actualizado: 10.06.2026 17:22
La Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo encendieron las alarmas sobre la situación del Páramo de Santurbán al denunciar que los retrasos acumulados durante más de ocho años en el proceso de delimitación de este ecosistema habrían favorecido un incremento de la minería ilegal en la zona. Ante este panorama, los organismos de control anunciaron que trasladaron un informe a la Fiscalía General de la Nación para que investigue la problemática y determine las responsabilidades correspondientes. LEA TAMBIÉN La advertencia quedó consignada en el Vigésimo Quinto Informe de Seguimiento elaborado por ambas entidades, en el que se ratifican los incumplimientos, retrasos y falencias estructurales atribuidos al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) en el cumplimiento de la orden impartida por la Corte Constitucional para delimitar el páramo.Según el documento, pese a que han transcurrido más de ocho años desde que el alto tribunal ordenó adelantar este proceso, la delimitación aún no se ha concretado. Para la Procuraduría y la Defensoría, esta situación ha generado consecuencias ambientales, sociales, económicas y jurídicas en los municipios ubicados en el área de influencia del ecosistema.Páramo de Santurbán. Foto:Ministerio de Ambiente“El Ministerio Público considera que los hechos advertidos permiten evidenciar indicios de un incumplimiento estructural y continuado de las obligaciones estatales orientadas a garantizar un proceso de delimitación participativo, transparente, eficaz y ajustado a los parámetros constitucionales establecidos por la Corte Constitucional”, concluye el informe.Los organismos de control sostienen que la ausencia de una delimitación definitiva, sumada a la creación de una Zona de Reserva Temporal sobre 75.000 hectáreas ubicadas por fuera del páramo, ha dificultado la acción institucional frente a actividades ilegales presentes en el territorio.De acuerdo con el documento, esta situación “ha impedido un control efectivo institucional a fenómenos como la minería ilegal presentes en el territorio y que constituyen graves afectaciones al ecosistema natural”.La Procuraduría y la Defensoría también advirtieron que el incumplimiento reiterado de los cronogramas establecidos por el Ministerio de Ambiente ha prolongado la incertidumbre en la región durante más de ocho años. Según señalaron, la demora ha generado escenarios de inseguridad jurídica, social, económica y ambiental para las comunidades rurales y para las autoridades territoriales vinculadas al área de influencia de Santurbán. LEA TAMBIÉN Ante el deterioro de las condiciones descritas en el informe, las entidades anunciaron que remitirán toda la documentación recopilada a la Fiscalía General de la Nación.“De igual manera, se dará traslado a la Fiscalía General de la Nación de este informe con sus anexos para lo de su competencia y en concreto con lo relacionado con actividades de minería ilegal en el área del páramo”, señala el documento.El informe también advierte que, de mantenerse los incumplimientos identificados, podrían derivarse consecuencias disciplinarias y judiciales para los responsables. Entre los hallazgos expuestos se encuentra el hecho de que durante el primer cuatrimestre de 2026 no se realizó ninguna de las 15 mesas de concertación que el propio Ministerio de Ambiente había incluido dentro de su cronograma de trabajo.Páramo de Santurbán. Foto:Ministerio de AmbienteA ello se suma, según la Procuraduría y la Defensoría, la falta de actualización de los canales oficiales de información sobre el proceso. El documento señala que el micrositio oficial relacionado con la delimitación no ha sido actualizado integralmente desde 2025. Además, de los 24 informes conjuntos elaborados por el Ministerio Público, únicamente seis han sido publicados por la cartera ambiental.Las entidades también cuestionan la ausencia de información sobre actuaciones consideradas relevantes para el proceso, entre ellas el Auto del 15 de enero de 2026 emitido por el Tribunal Administrativo de Santander, que, según el informe, no fue divulgado por el ministerio.Cuestionamientos por la Zona de Reserva TemporalAdemás de los retrasos en la delimitación, el informe dedica un apartado a la situación relacionada con la Zona de Reserva Temporal declarada hace un año sobre 75.000 hectáreas en municipios de Soto Norte y Bucaramanga.La Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo afirman que el Ministerio de Ambiente no ha entregado la información técnica y jurídica requerida para sustentar las Resoluciones 0221 y 0239 de 2025, mediante las cuales se adoptó esta medida.Páramo de Santurbán. Foto:Edgar OsmaSegún las entidades, la documentación ha sido solicitada en múltiples oportunidades desde 2025 sin que se haya obtenido respuesta satisfactoria. Esta situación, señalan, limita las labores de vigilancia institucional, restringe el acceso a información pública ambiental y dificulta la verificación técnica de una decisión que impacta directamente a los municipios de Suratá, Matanza, California, Vetas, Charta, Tona y Bucaramanga.El informe sostiene que la falta de acceso a estos estudios impide esclarecer los fundamentos que llevaron a bloquear 75.000 hectáreas por fuera del ecosistema de Santurbán, una medida que ha generado controversia entre habitantes y sectores productivos de la región.EDWIN CAICEDOPeriodista de Medioambiente y Salud@CaicedoUcros Sigue toda la información de Vida en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
