El cambio climático ha cambiado las reglas de juego. La mortífera DANA del 31 de octubre de 2023 hizo patente que las inundaciones generadas por las, cada vez más, lluvias torrenciales exigen una preparación que se había retrasado. El Ejecutivo ha revisado la normativa de inundaciones para restringir el urbanismo en zonas inundables, instar a los municipios a adaptarse y generar conciencia en la población.
El nuevo decreto, ahora en elaboración, modifica las reglas sobre qué hacer en áreas no construidas y también con lo ya edificado, ya que décadas de urbanismo descontrolado han agravado los efectos de riadas como las vividas en Valencia y Albacete hace dos años. “Endurece el régimen de construcción”, resumen fuentes del Ministerio de Transición Ecológica.
El Gobierno calcula que unos 2,7 millones de personas viven en zonas de peligro de inundación de las que 700.000 lo hacen en áreas de alto riesgo. Es un desastre natural que, en promedio, se ha cobrado entre 20 y 25 vidas anuales. Y el Consorcio de Compensación de Seguros ha abonado más de 12.000 millones de euros en indemnizaciones por inundaciones entre 1987 y 2024.
Con este decreto, las reglas serán diferentes según el suelo esté encima de una zona de flujo preferente o en zona inundable ordinaria. También es distinto si el terreno es rural o urbanizado.
