EditorialLa prevención y recuperación deberían formar parte de una política pública de largo alcance, pero no solo en el discurso.
“Lo perdimos todo”, es la frase de una madre en Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz, pero se repite en decenas de aldeas de este y otros municipios cercanos, en donde centenares de viviendas han quedado anegadas a causa de las inundaciones y desbordamientos de ríos por las intensas lluvias en la región. Se reportan impactos también en Chahal, Cahabón y Panzós, comunidades que tienen en común otro factor: figuran entre las más rezagadas en los monitoreos del índice de desarrollo humano de PNUD, indicador que sintetiza las oportunidades de las personas para vivir con dignidad y seguridad, acceder a la nutrición y educación y contar con oportunidades para la mejora. Alta Verapaz es el departamento con menor promedio de este indicador.
Pero no son estadísticas: son el contexto que explica por qué una tormenta tiene consecuencias tan marcadas. Por supuesto, también hay otras variables, como la ausencia de ordenamiento territorial o la falta de políticas preventivas para que las áreas pobladas no queden tan vulnerables. Pero ya con la emergencia encima, la prioridad es establecer mecanismos de albergue y nutrición dignos para los afectados.
