El Tribunal Supremo ha inadmitido los recursos de casación interpuestos contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que dictaba la demolición de un chalé de grandes dimensiones erigido hace más de una década en los terreno del antiguo caserío tradicional de Amezti, una zona no urbanizable, en la que solo se podría haber reconstruido el viejo edificio respetando sus características. Ubicado en el municipio guipuzcoano de Aia, el edificio, de once habitaciones y otros tantos baños, es propiedad de Maite Garrastazu, quien fuera edil del PNV en otro Ayuntamiento de la provincia, el de Zarautz.
La sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en una resolución fechada el 8 de julio de 2026 y cuya ponente ha sido la magistrada Ángeles Huet de Sande, ha inadmitido a trámite los dos recursos de casación interpuestos, uno de ellos por el Ayuntamiento del municipio (en manos del PNV) y otro por los promotores del edificio. Arguye la resolución, sin entrar al fondo de la cuestión, que “no basta la mera afirmación apodíctica de que el criterio de la sentencia lesiona los intereses generales, ni se explicitan las razones por las que la doctrina que contiene la sentencia discutida pueda resultar gravemente dañosa para dichos intereses generales, ni se vincula el perjuicio a tales intereses con la realidad a la que la sentencia aplica su doctrina”. La resolución, que es firme, impone las costas procesales a los recurrentes.
