“No se considera oportuno impulsar un convenio en los términos planteados”. Con esa frase responde el Gobierno de Cataluña a la oferta de Madrid para que todas las regiones apuesten por la “corresponsabilidad financiera” y eviten así a sus ciudadanos el nuevo requisito de estar empadronados en la región capital para acceder a su tarjeta de transportes. El Gobierno de Salvador Illa (PSC) considera que extender esa condición por toda España “fragmentaría más” el acceso al sistema y no resolvería “ninguno” de sus problemas. Además, Galicia reclama reciprocidad en la medida. Es decir, que Madrid cofinancie el uso que hacen los estudiantes madrileños del sistema de transportes gallego. Sí han mostrado interés por rubricar esos acuerdos de cofinanciación Ceuta, Canarias, Comunidad Valenciana, Cantabria, Castilla y León o Extremadura, según un portavoz gubernamental madrileño. Castilla-La Mancha ya tiene un acuerdo similar. El nuevo requisito entró en vigor en junio y afecta a 200.000 personas. “No se considera oportuno impulsar un convenio en los términos planteados”, explican en la Generalitat de Cataluña, sin entrar en el fondo del asunto, que es la petición de Madrid de que la Generalitat pague por los catalanes que usen el transporte madrileño para así soslayar el requisito de que se empadronen en la región capital. “En una sociedad cada vez más interconectada, los desplazamientos habituales no siempre coinciden con el municipio o la comunidad autónoma de residencia”, opinan, centrándose en el nuevo requisito de empadronamiento. “Miles de personas se desplazan diariamente por motivos laborales, académicos, familiares o personales, y el transporte público constituye una herramienta esencial para garantizar dicha movilidad”, recuerdan. Y rematan: “Desde esta perspectiva, el lugar de empadronamiento no se considera, con carácter general, un elemento determinante para el acceso a los títulos ordinarios del sistema”. En todo caso, según confirman fuentes de la Generalitat, prefieren no dar explicaciones más pormenorizadas “porque sería entrar en el juego de Ayuso”. La exigencia de Ayuso tampoco ha sido del todo bien recibida por la Xunta de Galicia. En otro tono, el barón gallego del PP, Alfonso Rueda, también confesó su sorpresa ante la medida anunciada por su compañera de partido. “Me sorprendió un poco porque a Madrid la tengo por una comunidad abierta”, señaló Rueda cuando estalló la polémica. El presidente del Gobierno gallego analizará la propuesta de convenio y acepta sentarse a negociar, pero, “en caso de llegar a un acuerdo”, advirtió, “la condición de reciprocidad va a ser innegociable”. Rueda se refirió así a las bonificaciones y ventajas con las que cuenta Galicia en el sistema de transporte y de las que también se benefician ciudadanos madrileños.En el País Vasco, un portavoz de la consejería de Movilidad Sostenible dice que “a día de hoy no hay ninguna decisión tomada”, informa Mikel Ormazabal. El Gobierno de Aragón, a través de la Dirección General de Transportes, ha pedido que le sea trasladada la propuesta con más detalle, informa Eva Pérez. El de Baleares, afirma que estudiará la propuesta, y que tratarán de avanzar en esta iniciativa, informa Lucía Bohórquez. Y en Andalucía no han respondido aún a Madrid, informa Eva Saiz.Todo ocurre así. El director gerente del Consorcio Regional de Transportes, Pablo Rodríguez Sardinero, envió a mediados de junio a sus homólogos del resto de España una carta en la que les animaba a firmar convenios que partan “del principio de cooperación y corresponsabilidad financiera entre administraciones”. Como adelantó EL PAÍS, Madrid pretende que el resto de regiones cofinancie la rectificación del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, que en apenas 72 horas pasó de exigir a todos los usuarios el requisito del empadronamiento a proponer estos acuerdos de copago. De hacerse, estudiantes extranjeros y emigrantes quedarán como los principales afectados por la nueva norma, cuyo cumplimiento en la capital depende de que se logre sortear el colapso del sistema de citas para empadronarse en el Ayuntamiento de Madrid. La alternativa es hacer la gestión telemáticamente, aunque muchos desconocen esta opción, y los que viven subarrendados en habitaciones pueden toparse con la dificultad de que el contrato de alquiler recoja explícitamente que solo los titulares del acuerdo pueden empadronarse en la vivienda. La comunicación de Rodríguez subrayaba que tiene “carácter prioritario” que los jóvenes de otras provincias puedan seguir acogiéndose a los descuentos para el transporte público en las mismas condiciones que hasta ahora. E incluso planteaba enviar a los interesados un borrador de convenio que recoja los aspectos jurídicos, económicos y operativos necesarios para proceder a su formalización. Para llegar hasta aquí, Madrid ha decidido aplicar una norma de 2011. Es decir, que ha tardado 15 años en activarla. La excusa para esa tardanza es múltiple, según traslada un portavoz gubernamental: “La implantación progresiva de la tarjeta sin contacto, limitaciones tecnológicas e integración del sistema, la pandemia de covid-19 y la alteración de la demanda”. Sin embargo, la activación de la condición de estar empadronado llega menos de un año antes de las elecciones municipales y autonómicas de 2027, y justo cuando Vox impulsa un proyecto de “prioridad nacional” que está intentando imponer en sus negociaciones para formar gobiernos autonómicos de coalición con el PP.Lo que es seguro es que desde el 15 de junio nadie puede sacarse la tarjeta de transportes en Madrid, o renovarla, sin estar empadronado, salvo excepciones minoritarias como las familias numerosas o los residentes en municipios concretos de Castilla-La Mancha y Castilla y León.El espejo en el que Madrid quiere que se miren el resto de regiones es precisamente el de sus convenios con estas dos comunidades. Castilla-La Mancha y Castilla y León han calculado un gasto de siete millones entre 2022 y 2026, y de 39,4 entre 2026 y 2030, respectivamente, para que los estudiantes y trabajadores de determinados municipios se beneficien de los descuentos en el transporte madrileño. Madrid, por su parte, también hace aportaciones millonarias como fruto de ambos acuerdos, que explicitan que los pagos primero se presupuestan y luego se realizan solo en función de viajes hechos. Lo previsible es que las administraciones que quieran hacerlo tarden meses en firmar estos convenios.