La sentencia que condena a 9 y 18 años de inhabilitación repectivamente al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón, y a Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz, ha supuesto la condena a otros nueve cargos y ex altos cargos de la diputación a otros nueve años en los que no podrán trabajar en la Administración pública ni presentarse a unas elecciones, en todos los casos por delitos de prevaricación administrativa. El fallo considera que los 11 condenados participaron, como autores materiales o como cooperadores necesarios, en la creación de “una plaza de empleo público innecesaria y vacía de contenido” en el organismo público “con el objetivo de que el mismo fuera ocupado” por el familiar de Pedro Sánchez.Los trabajadores de la diputación, algunos de ellos funcionarios de carrera, no podrán ocupar una plaza pública si se confirma la condena de la Audiencia de Badajoz. “Vamos a recurrir hasta el final, primero al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y luego al Supremo”, cuenta a EL PAIS uno de los condenados. El abogado de Miguel Ángel Gallardo, Juan José Torrés ha informado de que el exlíder socialista en Extremadura va a recurrir. “Estamos en desacuerdo con el fallo. Mi cliente y yo sostenemos lo mismo de siempre, que no hubo delito de prevaricación de ninguna clase, ni trato de favor, por lo que un año, tres meses o un día sería demasiado”, asegura el letrado. Por parte de la acusación, José Manuel Bueno, abogado del pseudosindicato Manos Limpias, ha valorado la sentencia porque considera que queda acreditada la existencia de “una trama de corrupción” y se ha condenado a los responsables. “Vamos a seguir pidiendo que David Sánchez devuelva el dinero de estos años, era algo que habíamos pedido y en lo que vamos a seguir insistiendo”, asegura. El fallo de la Audiencia rechaza que haya habido tráfico de influencias y descartas las penas de cárcel que solicitaban las acusaciones particulares. La Diputación de Badajoz ha reiterado “su confianza en la justicia” ante la sentencia y ha mostrado “ respeto profundo” ante la decisión del tribunal judicial, “como no puede ser de otra manera en un Estado de Derecho”. A través de un comunicado, la institución provincial pacense ha señalado de igual modo que “ha colaborado en todo este proceso judicial y seguirá con esta misma cooperación siempre que se le requiera”.Mientras, la Junta de Extremadura ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que convoque elecciones tras conocerse la sentencia, después de que éste se encuentra “ya cercado absolutamente” con “sus círculos más cercanos, el político y el familiar, ya condenados”.El vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista ha lamentado que dirigentes socialistas pusieron en cuestión la actuación de los jueces y llegaron a atribuir motivaciones políticas a la investigación. En ese sentido ha defendido que el fallo “refuerza la credibilidad de la Justicia” al considerar que el procedimiento ha concluido “con todas las garantías” pese a las presiones que, según dijo, sufrieron los órganos judiciales durante la instrucción.También reacciones de los partidos políticos. En el PSOE de Extremadura, su secretario regional, Álvaro Sánchez Cotrina ha trasladado su respeto a la Justicia tras una sentencia que afecta a varios compañeros y anuncia la aplicación de los estatutos del partido, en un tono más sosegado que los responsables socialistas a nivel nacional.Valoración del PSOE de Extremadura tras conocerse en las últimas horas la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz. pic.twitter.com/bXcPgJ0OAX— PSOE de Extremadura /❤️ (@psoeex) July 14, 2026