Actualizado Mi�rcoles,

julio

00:14Fue una apuesta pol�tica. Tambi�n un gesto hacia un socio distante como Podemos, en un momento, a principios de a�o, en el que La Moncloa hacia gui�os a los partidos que sostienen la gobernabilidad. Pero el proceso de regularizaci�n de migrantes, que ha desbordado las previsiones iniciales del Gobierno -un total de 1.174.978 solicitudes- tiene tambi�n un reverso econ�mico importante para las arcas p�blicas. De hecho, una de las justificaciones claves que el Ejecutivo sostiene en sus informes es que �la regularizaci�n aumenta la recaudaci�n fiscal y refuerza el sistema de pensiones�. Es una de las palancas que esgrime para llevar adelante la iniciativa. �La incorporaci�n plena de estas personas al sistema administrativo y econ�mico refuerza la Seguridad Social y mejora la recaudaci�n tributaria�, constata el Plan de Integraci�n y Ciudadan�a 2026-2030 anunciado por Pedro S�nchez hace una semana y con una dotaci�n inicial prevista de 500 millones.La regularizaci�n concede un permiso para residir y trabajar en Espa�a. A�n est� por saber c�mo repercutir� en las arcas p�blicas.En sus dos vertientes, de hecho, en el gasto y en la recaudaci�n. Porque el Consejo de Estado, en sus consideraciones afe� al Gobierno el que no detallara el impacto presupuestario de esta iniciativa. Algo que calific� de �laguna llamativa�. En concreto expuso en su dictamen: �La memoria tambi�n contiene un detallado an�lisis de los impactos que se asocian a la proyectada reglamentaci�n, especialmente en lo referido a las cargas administrativas que comporta, si bien resulta sorprendente que, en relaci�n con el espec�fico impacto presupuestario, s�lo se�ala que 'est� siendo objeto de estudio', lo que representa una laguna llamativa a la vista del alcance del proceso de gesti�n que esa nueva reglamentaci�n comportar�.En la exposici�n de motivos del Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, el Gobierno incide: �El acceso a una autorizaci�n de residencia, por parte de personas sin ella, incrementa las cotizaciones, reduce la econom�a sumergida y genera un impacto fiscal neto favorable�.En los estudios con los que ha trabajado el Gobierno de cara a la regularizaci�n se ha estudiado la que se hizo en 2005. Y en base a ella, La Moncloa extrae un dato, que queda recogido en sus informes: �La regularizaci�n de 2005 gener� m�s de 4.400 euros anuales por persona regularizada a trav�s del IRPF y cotizaciones�, concluye el texto de trabajo que aborda la claves econ�micas y sociales de la regularizaci�n extraordinaria, fechado en abril. El propio Plan de Integraci�n y Ciudadan�a 2026-2030 incide en esa cifra: �Tiene efectos fiscales positivos: la regularizaci�n extraordinaria de 2005 aument� los ingresos por IRPF y cotizaciones en m�s de 4.400 euros al a�o por cada persona migrante regularizada; y la evidencia disponible para otros pa�ses indica que la inmigraci�n tiene en t�rminos agregados un efecto fiscal neto positivo sobre las finanzas p�blicas�.Atendiendo a esta cifra, y con los datos oficiales proporcionados por el Ejecutivo, el Estado podr�a ingresar 5.169 millones de euros, toda vez que hay 1.174.978 solicitudes de regularizaci�n. Por afinar y acotar el dato, seg�n el desglose oficial, a fecha de 30 de junio, se hab�an producido 160.000 altas laborales, lo que, atendiendo a la base de 2005 -m�s de 4.400 euros anuales por persona regularizada a trav�s del IRPF y cotizaciones- supondr�an unos ingresos anuales para las arcas p�blicas de 704 millones de euros. Cifra provisional y que crecer� a medida que se vayan tramitando expedientes de solicitud -a fecha de 2 de julio se encontraban en fase de tramitaci�n 609.737 expedientes-.�El acceso a una autorizaci�n de residencia, por parte de personas sin ella, incrementa las cotizaciones, reduce la econom�a sumergida y genera un impacto fiscal neto favorable�, concluye el Gobierno en la exposici�n de motivos del Real Decreto. �Lo que s� cambia, y de forma sustancial, es la balanza de las aportaciones: las personas regularizadas pasan de usar los servicios p�blicos sin cotizar formalmente a financiarlos con sus impuestos y contribuciones�, ahonda el informe econ�mico.Esta necesidad de que las personas migrantes aporten para aumentar la recaudaci�n y dotar de recursos al Estado del bienestar es una circunstancia que ha sido analizada de manera concienzuda por la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia. Este �rgano, que se ubica en el Palacio de La Moncloa, y adscrito al Gabinete de la Presidencia del Gobierno, reporta directamente al Presidente y a su jefe de Gabinete, ha trabajado en un informe que present� a finales del mes de marzo titulado 'Espa�a ante el reto migratorio: dos futuros posibles', un estudio sobre la evoluci�n de la sociedad y la econom�a del pa�s en vista de la llegada de poblaci�n extranjera. En este documento t�cnico, se reconoce que el Estado del bienestar est� �bajo presi�n� y que �reducir los flujos migratorios empeora el equilibrio de las finanzas p�blicas. Aunque genera cierto ahorro en gasto, este no compensa la p�rdida de ingresos por cotizaciones y tributos que aportan los inmigrantes�.Es m�s, esta Oficina hace una proyecci�n que aterriza escenarios: en un escenario de baja migraci�n, la ca�da de ingresos a largo plazo ser�a considerable y, para compensarla �nicamente con impuestos, podr�a ser necesario aumentar la recaudaci�n del impuesto de sociedades en torno a un 14% o en torno a un 6% en el IVA. En cuanto a las pensiones, la conclusi�n es clara: �con menos inmigraci�n, financiar las pensiones ser� cada vez m�s complicado�. Seg�n las proyecciones, en 2075 cada trabajador tendr�a que aportar alrededor de 2.000 euros anuales adicionales para mantener el nivel actual de prestaciones.