Luis María Olalde Quintela, alias Txistu, el antiguo miembro de ETA huido a Venezuela que resultó herido en el reciente terremoto que ha asolado el país sudamericano, seguirá por ahora en busca y captura para la justicia española. El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha acordado rechazar la petición de la defensa del etarra de considerar prescritos los delitos por los que se investiga a Txistu en la causa abierta por el atentado cometido en enero de 1979 contra una patrulla de la Guardia Civil entre las localidades guipuzcoanas de Azpeitia y Azkoitia, en el que fueron asesinados dos agentes del instituto armado y varios resultaron heridos. La decisión del magistrado de mantener activa la requisitoria internacional (orden por la que un juez pide la búsqueda, localización y detención de una persona) contra el etarra se produjo el 25 de junio, el mismo día que se conocía que Olalde había sido rescatado con vida de entre los escombros del edificio de Caracas en el que residía junto a su esposa, Alazne Solabarrieta, fallecida en el seísmo. Días después, el 7 de julio, era admitida a trámite una querella presentada por la asociación de víctimas Dignidad y Justicia (DyJ) contra este etarra por el mismo atentado de 1979. En su escrito, la asociación destacaba que, precisamente, la localización de Txistu tras ser rescatado “constituye una oportunidad procesal excepcional para hacer efectiva una reclamación largamente frustrada por la fuga” e instaba a actuar “con urgencia”, ya que, en su opinión, “existe riesgo cierto de nueva ocultación, desplazamiento o desaparición del reclamado”. No obstante, la decisión del juez De Jorge de mantener a Olalde en busca y captura no es firme y ya ha sido recurrida por el abogado del etarra. Txistu es uno de los 14 etarras sobre los que la Audiencia Nacional había planteado recientemente pedir información a las autoridades de Caracas dentro de una causa abierta en 2024 sobre el autodenominado Colectivo de Huidos Políticos Vascos (EIPK en sus siglas en euskera), en la que ya figuran como imputadas otras siete personas desde hace un año. Un informe de la Guardia Civil incorporado a esta causa, fechado en septiembre, señala que Olalde es uno de la veintena de militantes de la organización terrorista ETA “a los que se considera huidos de la justicia” y, de hecho, una fotografía antigua suya aún aparece en la página web desde la que el instituto armado pide la colaboración ciudadana para localizar a prófugos. El documento policial sitúa su entrada en la organización terrorista en 1978, año en el que se integró en el comando Urola, grupo al que se atribuye precisamente el atentado contra la patrulla de la Guardia Civil por el que el etarra aún está en busca y captura. Por este atentado ya fueron condenados en su día los también miembros de ETA Mercedes Galdos Arsuaga, Viteri, y Felix Ramón Gil Ostoaga, Saldi. Además, el nombre de Txistu figura en el listado de huidos que mantiene actualizado el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO, dependiente del Ministerio del Interior) y que el pasado diciembre cifraba en 23 el número de etarras en paradero desconocido y con órdenes de detención en vigor.Olalde llegó al país sudamericano en la década de los ochenta junto a otros etarras tras un supuesto acuerdo verbal para acogerlos entre el Gobierno del entonces presidente español Felipe González y el del venezolano Carlos Andrés Pérez. En marzo de 2003, la justicia española presentó una solicitud de extradición de él y otros cinco etarras a las autoridades de Caracas. Entonces, Txistu se presentó ante la Fiscalía venezolana acompañado de su abogado y, finalmente, el Tribunal Supremo del país sudamericano acordó el 16 de mayo de aquel año su “libertad plena” al considerar que la petición española presentaba defectos de forma. Es precisamente esta última decisión de la justicia venezolana la esgrimida por la defensa de Olalde para pedir la prescripción de los delitos al haber transcurrido desde la misma más de los 20 años ―el plazo legal para considerar extinguida la responsabilidad penal de una persona sobre unos hechos de la gravedad de los que se le acusa― al estimar que desde entonces la justicia española no ha realizado ninguna actuación más sobre el mismo. Sin embargo, el juez De Jorge, en línea con la Fiscalía, rechaza ahora este argumento al creer que aquella resolución del Supremo venezolano no fue “definitiva”, ya que menos de un mes después, el 9 de junio de 2023, la Audiencia Nacional planteó al Gobierno que solicitara a Caracas la extradición de Txistu. Según un acuerdo de 2012 de la Sala de lo Penal de este mismo órgano judicial, la mera solicitud de extradición de un reclamado por la justicia sirve para interrumpir el cómputo de años a efectos de prescripción. El magistrado De Jorge ordenó el pasado 19 de mayo, a instancia de Dignidad y Justicia, una comisión rogatoria (petición de auxilio judicial) a las autoridades de Caracas dentro de la causa en la que investiga al EIPK para que le facilitasen información sobre 14 miembros de ETA huidos que supuestamente se refugian en su territorio, entre ellos Olalde. En su resolución, el magistrado señalaba que tomaba esta decisión al considerar que el “cambio político operado recientemente en Venezuela” —en clara referencia a la llegada a la Presidencia de Delcy Rodríguez tras la operación militar de EE UU del 3 de enero para detener y sacar del país al entonces presidente Nicolás Maduro— permitía “inferir una colaboración” de las autoridades del país sudamericano para localizar a este grupo de etarras. Hasta ahora, Venezuela ha rechazado las peticiones de colaboración de España, principalmente de extradición, al no existir firmado ningún convenio de entrega.