La solicitud de auxilio judicial que el juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge acordó remitir el pasado mayo a las autoridades de Venezuela para investigar la supuesta presencia en este país sudamericano de Ignacio de Juana Chaos y otros 13 etarras huidos tendrá que esperar. La Sección Cuarta de la Sala Penal del mismo órgano judicial ha aceptado parcialmente el recurso presentado por la defensa de las siete personas ya imputadas en la causa ―en la que se investiga desde 2024 el autodenominado Colectivo de Huidos Políticos Vascos, EIPK en sus siglas en euskera― y ordena que, antes de enviar la comisión rogatoria, se cumplan unos requisitos. Los tres magistrados consideran que las pesquisas planteadas son “útiles y necesarias”, pero piden al juez De Jorge que, antes de tramitar la solicitud de auxilio, concrete “las personas a quienes se quiere investigar y qué hechos en particular y de forma individual se les imputan a cada una de ellas”.El magistrado había acordado hace un mes solicitar a Caracas información sobre los 14 etarras supuestamente ocultos en Venezuela a instancias de la asociación de víctimas Dignidad y Justicia (DyJ), que ejerce la acusación popular en la causa. En la resolución, el juez señalaba que lo hacía al considerar que el “cambio político operado recientemente en Venezuela” —en clara referencia a la llegada al poder de Delcy Rodríguez tras la operación militar de EE UU del pasado 3 de enero en la que se detuvo y sacó del país al entonces presidente Nicolás Maduro— permitía “inferir una colaboración” de las autoridades del país sudamericano para localizar a este grupo de etarras, sobre algunos de los cuales constaban “reclamaciones judiciales pendientes” por atentados de los primeros años de la democracia. Hasta ahora, Venezuela ha rechazado las peticiones de colaboración, principalmente de extradición. En concreto, el juez pedía a las autoridades venezolanas “cuanta información” poseyeran tanto de De Juana como del que fuera dirigente de ETA José Luis Eciolaza Galán, alias Dienteputo; Eugenio Barrutiabengoa Zabarte, Arbe, y su pareja, María Artola Echeverría; Ángel María Lizarbe Oses, Luis María Olalde Quintela, Txistu, que ha resultado herido en el terremoto de este jueves; José Ángel Uriz Zabaleta, Arturo Cubillas Fontán, Javier Urruti Imaz, Asunción Arana Altuna, Olivia; Juan José Aristizábal Cortejarena; Manuel Asier Guridi Zaloña, Gari; Jesús María Huerta Fernández e Ignacio Echevarría Lanzábal. El magistrado justificaba su petición en los supuestos vínculos de todos ellos con el EIPK, órgano que un informe de la Guardia Civil del pasado 25 de septiembre situaba como subordinado al aparato político de la extinta organización terrorista y que esta utilizaba para someter a “control” a los etarras asentados en terceros países. Además, la resolución dejaba abierta la puerta a pedir, más adelante, la “entrega y puesta a disposición de la justicia española” de todos ellos.En aquella resolución, el juez incluía una segunda comisión rogatoria, en este caso dirigida a EE UU, donde se encuentra encarcelado por narcotráfico el exjefe de la contrainteligencia militar venezolana, el exgeneral Hugo Armando Carvajal, el Pollo Carvajal, extraditado a la justicia estadounidense por España en julio de 2023 tras ser arrestado en Madrid. El magistrado pedía poder interrogar a este exmilitar que, cuando estuvo en España, aseguró tener información sobre el paradero en Venezuela de 17 miembros de ETA supuestamente amparados por el régimen de Maduro.La decisión del juez De Jorge fue recurrida por las siete personas ya imputadas en la causa y la Fiscalía, que ya había manifestado su oposición al envío de ambas solicitudes de auxilio judicial, se sumó al recurso. Las defensas esgrimían que la información que se pretende recabar de las autoridades de Venezuela no es “ni necesaria ni pertinente” porque no tiene nada que ver con el objeto de las pesquisas ―las actividades del EIPK― ni con las personas que ya figuran como investigadas. Además, destacaban que el informe de la Guardia Civil en el que se sustentaba la petición no recogía “hecho delictivo alguno atribuido siquiera indiciariamente” a los 14 miembros de ETA y recalcaban que, de hecho, ocho de ellas ni siquiera eran mencionadas en el documento policial ni en ningún otro informe incorporado al sumario, “sin que exista constancia tan siquiera de que hayan residido o residan actualmente en Venezuela”. En su recurso, los abogados de los imputados también apuntaban a que, en realidad, la petición de auxilio se sustentaba en la información publicada en los medios de comunicación sobre la supuesta lista elaborada por el Pollo Carvajal y en el “cambio de Gobierno en Venezuela propiciado por la captura de su presidente [Maduro] por el Ejército de EE UU”, lo que en su opinión constataba que se trataba de una investigación prospectiva (iniciada sin hechos objetivos), algo prohibido por la ley.Los tres magistrados rechazan, en un auto fechado el pasado 17 de junio, esta última alegación al recordar que una investigación judicial “no es algo rígido” que deba quedar “petrificada” en el objeto inicial por el que se iniciaron las pesquisas. No obstante, admite que “con los términos en los que se solicitan ambas comisiones rogatorias [la de Venezuela y la de EE UU]” se corre “el riesgo” de caer en una causa general, entendida esta como un proceso penal abierto para “dar cobertura a una investigación ilimitada, es decir, para investigar cualquier hecho delictivo no particularizado, o a una persona sin tener noticia de ningún hecho concreto”. Por ello, piden al juez De Jorge que concrete “las personas a quienes se quiere investigar y qué hechos se les imputan”, ya que consideran que, como está planteada ahora la solicitud de colaboración internacional, resultan “demasiado genéricos”. El magistrado ha ha pedido a la Fiscalía y a Dignidad y Justicia que “formulen propuesta de hechos concretos y personas investigadas”.