La ley para poner coto a las compras especulativas de vivienda, cuya tramitación ha recibido la luz verde el Parlament, ha provocado un choque entre los grupos de izquierdas que apoyan la medida y las organizaciones económicas y sociales. La norma, que busca limitar las adquisiciones para invertir en casas, ha suscitado recelos también entre el Sindicato de Inquilinas, que cree que deja la decisión final de restringir esas operaciones a los Ayuntamientos. Y a las puertas de unas elecciones municipales, dudan de que estos quieran mojarse. Por ello, han advertido de que solo apoyarán la medida si hay una aplicación directa por parte del Gobierno catalán. Los grupos aún pueden introducir enmiendas a la proposición, que además PP y Junts llevarán al Consejo de Garantías Estatutarias.La proposición impulsada por Comunes ―y pactada con el PSC para sacar adelante los Presupuestos de 2026― modifica la Ley de Urbanismo para permitir que los ayuntamientos de municipios que estén en las llamadas zonas tensionadas puedan incorporar en su planeamiento limitaciones a la compra de viviendas. Esta medida busca que, con carácter general, los inmuebles solo puedan adquirirse para destinarlos a residencia habitual o al alquiler permanente dentro de los límites de precio establecidos por la normativa. La proposición afecta sobre todo a grandes tenedores, es decir, a propietarios que posean cinco o más viviendas. Estos solo podrán adquirir un piso si demuestran que es para vivir en él o como segunda residencia o bien edificios enteros para destinarlos al alquiler. La norma también afectará a los pequeños propietarios, que se podrán hacer con un piso siempre que sea para su uso habitual, para un familiar hasta segundo grado de consanguinidad o para ponerlo al mercado alquiler, aplicando los límites de renta fijados por el Govern.La patronal Fomento del Trabajo esta semana ya ha salido a rechazar esta norma, que ve como un “ataque a los fundamentos de la propiedad privada”. “Esta ley no construye ni una vivienda, no urbaniza ni un metro cuadrado de suelo, no incentiva la promoción ni amplía la oferta residencial. Lo único que hace es restringir el derecho a la propiedad, limitar la libertad de los ciudadanos e incrementar el control administrativo sobre el patrimonio privado. Cuando una ley solo prohíbe y no resuelve el problema que dice combatir no es una política de vivienda, sino de restricción de derechos”, ha afirmado la patronal en un comunicado. Fomento se unía así a las críticas que habían llegado desde los promotores inmobiliarios y los propietarios de edificios.La medida, sin embargo, tampoco ha gustado al Sindicato de Inquilinas, que opina que el pacto entre PSC y Comunes ha acabado por desvirtuar la propuesta inicial de prohibir la llamada “compra especulativa”. En una asamblea plenaria celebrada este sábado, la asociación ha dicho que solo respaldará esa proposición si es de “aplicación directa a todos los municipios con un mercado de vivienda tensionado”. El Sindicato, según el comunicado, considera que sería “un peligro” que se generen “falsas expectativas” con una ley que, con el redactado actual, no supondría “ningún cambio inmediato”. “Con este redactado, la limitación dependería de procesos burocráticos largos en los municipios que, además, quedarán parados por la convocatoria electoral”, ha argumentado.