Se cumplen dos años del golpe sobre la mesa que decidió dar la dirección nacional de Vox y que culminó con la ruptura total de los gobiernos autonómicos que compartía en coalición con el Partido Popular. 730 días en los que la relación entre ambos partidos ha sido una montaña rusa hasta que han entendido el mandato de las urnas y se han visto obligados a ser compañeros de gobierno. Durante todo este tiempo que ha transcurrido desde su sonado 'divorcio', los ataques de un lado y de otro se han ido reduciendo, con algún que otro subidón de tensión en las campañas de las últimas citas autonómicas y la negociación del primero de los acuerdos en Extremadura, fruto de la estrategia política, pero con el culmen de la reconciliación. Ambos desean los votos suficientes para poder gobernar en solitario, pero lo cierto es que la situación política actual ha dejado de lado las mayorías absolutas y cada uno reclama su cuórum en los ejecutivos. Habló Juanma Moreno de "lío" durante la campaña andaluza para tratar de aunar los votos en torno a su persona, el "lío" que supone legislar con otro compañero en el gobierno, pero perdió la mayoría absoluta y tuvo que pactar con Vox un acuerdo que marca el mínimo de cesión autonómica. Superados los procesos electorales, ahora toca la gestión y demostrar las políticas que quieren ejecutar si consiguen compartir Consejo de Ministros. Eso sí, a pesar de la tregua política, ambos partidos buscan marcar su perfil propio. El propio presidente de Andalucía defendió que el PP andaluz mantiene su identidad a pesar de haber incorporado al pacto exigencias de los de Santiago Abascal. Su vicepresidente, Manuel Gavira, resumió la idea en una especie de eslogan: "Dos partidos diferentes, un objetivo común". Incluso con las interpretaciones sobre la cesión semántica de la 'prioridad nacional' de los populares hacia Vox, se muestra ese sello distintivo que ambos buscan resaltar. Dos palabras que se repiten en todos los documentos que recogen las acciones de gobierno en las autonomías, pero de la que cada formación hace su lectura: para los de Abascal supone dar preferencia a los españoles en la concesión de ayudas públicas, mientras que para los de Feijóo el requisito es el arraigo. "Lo importante es lo que pone en los papeles, no lo que dice la gente que es", remarcaba Alberto Núñez Feijóo esta semana en una entrevista. En Vox tienen muy presente el carpetazo dado hace dos años a sus alianzas con el PP en los gobiernos autonómicos. Creen que fue un gesto de "valentía" que sus votantes han premiado en las urnas otorgándoles un respaldo mayor en este último ciclo electoral e insisten en que no dudarán en realizar la misma maniobra si se incumple lo pactado en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía. No obstante, el propio Santiago Abascal reconocía esta semana que no es un escenario que quieran repetir y defendía que su formación "sabe entrar en los gobiernos para gestionar". Esa gestión es la que reclamaban desde el PP también, pues es lo que lleva al premio o al desgaste de los partidos y lo que puede producir un eventual cambio de Gobierno. Génova considera que es mejor tener al socio dentro que fuera, para compartir la erosión, y para diferenciarse también en función del electorado de cada uno. "Es un momento decisivo y tenemos una responsabilidad mayor por encima de la ideología", sostienen fuentes populares. Así que la única alternativa a Pedro Sánchez es la unión de "todos" los que creen en "otra forma de hacer política". Recuerdan en la sede del PP que "a José María Aznar le votó mucha gente que no había votado al PP nunca porque quería un cambio", y esperan que la situación se repita en las próximas elecciones generales. Los gobiernos autonómicos también sirven de ensayo para demostrar la gestión de cara a los próximos comicios, que los acuerdos "ofrecen estabilidad, progreso y avances sociales", defendió el portavoz popular, Borja Sémper, el lunes. Y eso se podrá evidenciar previsiblemente en plena carrera electoral hacia la Moncloa, cuando se pueda "hacer un balance razonable de que las condiciones de los ciudadanos han mejorado", sostuvo.Por su parte, la tercera fuerza ve las coaliciones autonómicas selladas con el PP como una oportunidad para probar esa capacidad de gestión y saca pecho de las primeras medidas adoptadas desde sus nuevos negociados. En Aragón, por ejemplo, celebran haber aprobado ya una ayuda de hasta 9.859 euros mensuales para enfermos de ELA cofinanciada por la comunidad autónoma y el Estado. El siguiente paso marcado por el vicepresidente Alejandro Nolasco es reformar la prestación aragonesa complementaria al Ingreso Mínimo Vital para "endurecer el acceso" mediante criterios de "arraigo real, duradero y verificable".Los de Abascal se felicitan también particularmente de que sus consejeros de Aragón, Extremadura y Castilla y León plantaran al Gobierno en la Comisión Sectorial de Infancia organizada a principios de julio para tratar la distribución territorial de 35 millones de euros para el sostenimiento de los sistemas de acogida de menores extranjeros no acompañados, algo que rechazan por considerar que "contribuye a fomentar el efecto llamada, el tráfico de personas y la saturación de los servicios públicos". Es una de las banderas que agitan, conscientes de que cala en su electorado, de hecho Abascal marcó el ritmo en materia de inmigración precisamente cuando anunció la ruptura de los pactos en cinco comunidades por el desacuerdo en el reparto de menores no acompañados. "Nadie vota a su partido ni al PP" para que "continúe la invasión de inmigración ilegal", aseguró.Son algunos de los hitos que la tercera fuerza destaca de sus primeros días de regreso en los gobiernos autonómicos. "Cuando Vox es fuerte, las cosas cambian", celebraba esta semana el portavoz nacional, José Antonio Fúster, que remarcaba que "Vox no entra en acuerdos para apuntalar al PP sino para arrancar medidas". El objetivo del partido es también gobernar en solitario "en un futuro cercano" y, a su juicio, tienen margen para crecer en las urnas. También Abascal enfatizó esta semana ese anhelo por gobernar sin tener que apoyarse en el PP. "Yo tengo el objetivo de ser presidente del Gobierno", decía hace unos días al ser preguntado si se veía como vicepresidente de Feijóo. Ahora bien, en Bambú son conscientes de que su poder por el momento es "limitado" y de que no tienen las manos libres para hacer todo lo que les gustaría. "No podemos tomar decisiones que van más allá de las competencias autonómicas", reconocía este martes el líder de la tercera fuerza al ser preguntado sobre qué harán con los juzgados de violencia de género en Andalucía, donde han conseguido la Consejería de Justicia. "En la calle algunas personas nos dicen: 'no te quedes a medias'. Yo no me quedo a medias si no nos votáis a medias", decía Abascal, instando a sus votantes a darle a Vox un mayor respaldo para poder imponer "todo" su programa.Pero desde el PP relajan algunos de los postulados de Vox, en línea con esa diferenciación que buscan ambos para aglutinar una mayor cantidad de votantes que les permita con holgura llegar al Gobierno de España. Esta misma semana, Feijóo rechazaba suspender el voto CERA por las sospechas de un "pucherazo" como lo denominan los de Abascal, mientras que los populares descartan este término y lo rebajan a una posible "ingeniería electoral" a través de la nacionalización por la 'ley de nietos'. Lo reclamaban desde Vox, al igual que reformar la ley de extranjería, pero el líder popular, mirando a Europa, también lo descartó. La estrategia de la última campaña electoral de Pedro Sánchez se centró en buena medida en alertar de la llegada de la ultraderecha a La Moncloa y los recortes de derechos que ello podría conllevar. Sin embargo, en Génova creen que esta táctica ya no funciona porque "quien da miedo de verdad es Pedro Sánchez, no Vox". Así que la próxima campaña PP y Vox andarán juntos pero no revueltos para que el número de escaños, esta vez, sea suficiente.