La Policía Nacional ya advirtió de los riesgos operativos y de seguridad que podía generar el proceso extraordinario de regularización de extranjeros. En un informe interno de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras remitido al Ministerio del Interior durante la tramitación del real decreto, los mandos policiales expresaron su oposición técnica a la medida al considerar que podría provocar un impacto de "enormes dimensiones", según ha señalado el sindicato mayoritario Jupol.La organización ha denunciado que el Ejecutivo siguió adelante con el procedimiento sin reforzar previamente las plantillas policiales. Sin embargo, ante el volumen real de solicitudes registrado y pese a las advertencias previas, la Dirección General de la Policía ha terminado poniendo en marcha un Plan de Choque para hacer frente al aumento de la demanda de documentación derivada de esta regularización.
Para Jupol, la puesta en marcha de este dispositivo es la prueba de una "absoluta improvisación", ya que considera que el Ministerio ignoró los criterios técnicos de sus propios especialistas para priorizar una decisión política cuyas consecuencias eran, a su juicio, perfectamente previsibles.
Asimismo, el informe también alertaba de varias vulnerabilidades en materia de seguridad. Entre ellas figuraban la imposibilidad de implantar de forma inmediata el procedimiento debido a la falta de adaptación de las aplicaciones informáticas, el aumento del riesgo de fraude documental y las dificultades para verificar antecedentes penales internacionales, al permitir que determinados datos pudieran ser sustituidos por declaraciones responsables.
