“Hay que entender que vivimos en una ciudad y en un país que somos de ruido”. Estas palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lanzaron un controvertido guante a Florentino Pérez que el presidente del Real Madrid no tardó en recoger. “Está ya arreglado, hemos ganado en los tribunales, haremos conciertos. Tenemos el apoyo del Ayuntamiento y la Comunidad. Van a hacer unas normas especiales”, declaró el empresario en su ya histórica rueda de prensa del pasado 31 de mayo. Desechaba así la realidad de unas actuaciones canceladas por la Justicia, que ya suman multas por valor de cientos de miles de euros, las cuales deben afrontar las promotoras musicales.
Desde el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida, ya hay cantos de sirena que apuntan en la dirección de esas “normas especiales”. “El Ayuntamiento en lo que siempre ha trabajado y en lo que se seguirá trabajando es que desde el punto de vista de nuestras competencias se puedan celebrar conciertos y que el descanso y el bienestar esté garantizado”, declaró el regidor el día después de la comparecencia de Florentino Pérez. El pasado lunes, uno de los hombres fuertes de su equipo fue un paso más allá. El concejal delegado de Medio Ambiente, Urbanismo y Movilidad, Borja Carabante, desgranó en declaraciones a la prensa los planes del Ejecutivo regional con la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (Lepar): “La idea que tiene la Comunidad de Madrid es flexibilizar esa normativa para que los ayuntamientos tengamos mayor capacidad para la autorización de estos conciertos”.
