A Dilan Cruz lo mató una munición conocida como bean bag disparada por un policía del Escuadrón Móvil Antidisturbios o ESMAD. El joven de 18 años se convirtió, desde ese 23 de noviembre de 2019, en un símbolo de la protesta social y en un claro ejemplo de la violencia policial. Han transcurrido seis años desde que el capitán Manuel Cubillos disparó un arma catalogada como “de menor letalidad” y le quitó la vida. Dilan, que estaba a días de graduarse de bachiller, quedó tendido en la vía, en pleno centro de Bogotá. En este tiempo, su familia no ha descansado en su reclamo de justicia. Este viernes se ha conocido que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca les dio la razón, incrementó las indemnizaciones a las que tienen derecho al considerar la muerte una grave violación de los derechos y condenó a la Policía Nacional. En la sentencia de segunda instancia, el Tribunal explica que la Policía falló al clasificar el arma que llevaba Cubillos en la categoría de arma “menos letal”, y que, pese a su nombre, “este tipo de armas no debería ser letal”. Por eso, para los magistrados, los policías pudieron evaluar de forma errada si era proporcional su uso ante la protesta que enfrentaban. La sentencia señala especialmente la declaración del capitán: “En su mal empleo puede que ocasione una herida o algo más que no sea dispersarla, pero nunca estuvimos conscientes de que pudiera llegar a un incidente de esta clase”. El Tribunal señala que esa era la concepción generalizada en el ESMAD en aquel entonces. En última instancia, la decisión señala que Cubillos probablemente disparó pensando que el arma no podía matar al joven.Sobre la causa de la muerte no hay dudas. Desde un primer momento, el estatal Instituto de Medicina Legal confirmó que el impacto causó “severos e irreversibles daños a nivel del encéfalo” y su dictamen forense calificó lo sucedido de “homicidio”. La sala también niega que Dilan haya hecho algo que justificara el uso del arma, como ha argumentado la defensa del ESMAD y del capitán Cubillos, representada por la firma de abogados del presidente electo, Abelardo de la Espriella. De hecho, al reiterar los requisitos de uso de las armas —deben ser necesarios, proporcionados a la amenaza y racionales— el fallo señala que en este caso no se cumplía ninguno. “El hecho de que un manifestante devuelva gases lacrimógenos que previamente lanzó la autoridad pública, bajo ninguna consideración puede ser considerado como causa cierta y eficaz para que la autoridad pública utilice un arma potencialmente letal contra su integridad”, señala.El Tribunal ordena al Comandante de la Policía Nacional, el general Oswaldo Rincón, realizar un acto público de reconocimiento institucional de responsabilidad y de solicitud de disculpas. En esa ceremonia, para la que tiene un mes, debe quedar claro que ningún manifestante pacífico debe ser objeto de acciones que atenten contra su integridad. “Esta decisión tiene un alcance importantísimo para la familia de Dilan Cruz, pero también para la sociedad colombiana en la medida en que este Tribunal deja claro que participar en una protesta social es un derecho constitucional y que ninguna persona puede ser privada de su vida por ejercerlo”, declara Daniela Rodríguez, vicepresidenta de la oenegé Comité de Solidaridad y abogada de la familia de Dilan Cruz. “La protesta ha sido objeto de estigmatización y, en muchos casos, también de respuestas estatales que se han basado en la criminalización o en el uso excesivo de la fuerza. Esta sentencia reafirma que la actuación de las autoridades está limitada por unos principios, es decir, que no es absoluta”, añade Rodríguez. De acuerdo con la defensa de la familia, esta sentencia hace parte de varios procesos judiciales que se adelantan por el crimen de Dilan. En paralelo, avanza un proceso penal para esclarecer la responsabilidad individual de Cubillos, quien fue sancionado por la Procuraduría hace dos años, pero sigue activo en la institución. La decisión llega en un momento delicado para la protesta social en Colombia. El ministro designado de Defensa, general Jorge Mora, ha anunciado que revertirá el cambio del ESMAD en la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), implementado por el saliente Gobierno de Gustavo Petro, gracias a una orden previa de la Corte Suprema de Justicia que busca que la Policía priorice el diálogo sobre la fuerza al atender bloqueos o manifestaciones. Durante estos seis años, la mamá de Dilan se convirtió en una presencia casi permanente en cualquier movilización social. Bajo la lluvia o el sol, con una foto de su hijo en uniforme colegial, la mujer buscaba los megáfonos o las tarimas para exigir justicia y pedir que no olvidaran a su muchacho. Sus hijas, una de las cuales murió a inicios de este año en un accidente de tránsito, solían acompañarla. Sus reclamos han sido atendidos o, por lo menos, en parte.