El recurso que Almudena Lastra acaba de presentar ante el Tribunal Supremo vuelve a dejar al alto tribunal como árbitro de los nombramientos de altos cargos de la Fiscalía. La fiscal Lastra, al frente de la Fiscalía Superior de Madrid hasta el pasado 5 de junio, anunció este jueves a la Sala de lo Contencioso-Administrativo que impugnaba la designación de Isabel Martín como su sucesora en ese puesto, por expresa decisión de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato. Una parte de los fiscales cree que el hecho de que Lastra no fuera renovada obedeció a una represalia por su declaración en el juicio del exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. No es la primera vez que la Sala de lo Contencioso-Administrativo analiza si un nombramiento discrecional, ya sea en la Fiscalía o en otra institución, se ajusta a derecho. Lo ha hecho en el caso del Ministerio del Interior, por ejemplo, con la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos, que los magistrados refutaron; en el caso del Consejo de Estado, anulando el nombramiento de Magdalena Valerio; y en distintos casos en el seno de la Fiscalía. En el ministerio público, que, pese al principio de unidad de actuación que impone el mando jerárquico, es sede habitual de sonadas discrepancias, la polémica en torno a los ascensos no es nueva, pero su salto a la arena judicial sí es relativamente reciente. En los años de Dolores Delgado, la Asociación de Fiscales (AF) ―la mayoritaria en la carrera― y el fiscal José Miguel de la Rosa recurrieron ante el Supremo la decisión de la entonces fiscal general del Estado de nombrar a Eduardo Esteban Rincón como fiscal jefe de menores. Era 2021. Al año siguiente, el alto tribunal anuló su designación al considerar que Delgado no la había justificado mínimamente, puesto que el otro candidato tenía una trayectoria más dilatada en la materia a la que se estaban presentando. Ella respondió con un escrito de 22 páginas donde reivindicó tanto la valía del candidato elegido como su “margen de discrecionalidad” a la hora de nombrar altos cargos. Y volvió a elegir a Esteban Rincón. La AF y el otro aspirante también volvieron a recurrir y el Supremo volvió a anular, por los mismos motivos. Ya era 2023 y Delgado había dimitido un año antes. El nombramiento quedó en el aire y la batalla escaló hasta el Tribunal Constitucional, que a principios de este año dio un espaldarazo a la exjefa de la Fiscalía. Fijó que la ley solo contempla dos requisitos: categoría y antigüedad, dejando a la discrecionalidad del jefe del ministerio fiscal la valoración de los demás criterios, de “mérito y capacidad”, por los que regirse.Con estas premisas, el recurso de Lastra cobra especial relevancia porque será la primera vez que el Supremo se enfrente a una reclamación de este tipo tras la línea marcada por la corte de garantías. El Constitucional aún tiene pendiente pronunciarse sobre el amparo solicitado por la propia Delgado. A su salida de los cuarteles generales de Fortuny, el pulso judicial continuó. García Ortiz, su sucesor en el cargo y antigua mano derecha, la ascendió a la máxima categoría de la carrera (fiscal de sala) del alto tribunal, concretamente en su Sala de lo Militar. Otro aspirante, Luis Rueda, impugnó, elevando de nuevo el debate hasta el Supremo. Sus magistrados no solo anularon la promoción de Delgado, sino que abrieron la primera de las heridas que, a la postre, acabarían lastrando el mandato de García Ortiz: dijo que había incurrido en “desviación de poder” por ascenderla sin más razón que haberse situado en la cúspide del ministerio público. Los magistrados consideraron “indiscutible” que ella no tenía ninguna experiencia en materia militar. En ese momento, Delgado ya ocupaba otras responsabilidades, las de fiscal (también de sala) para Memoria Democrática y Derechos Humanos. Este otro nombramiento también fue objeto de una batería de recursos ―de la AF, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y otro aspirante, Luis Ibáñez― y el Supremo les dio la razón, pero por cuestiones técnicas. Ordenó rebobinar el proceso para que el Consejo Fiscal se pronunciara sobre si la fiscal incurría en incompatibilidad porque su pareja, Baltasar Garzón, presidía una fundación dedicada a la defensa de los derechos humanos. El órgano consultivo lo descartó hace dos años y Delgado quedó confirmada en un puesto que aún ocupa. La Provincial de Madrid, primer reto del nuevo Consejo FiscalPese a la dimisión de García Ortiz, a quien los críticos percibieron desde el primer momento como heredero de Delgado en su visión de la Fiscalía, y específicamente en la política de nombramientos discrecionales, la bronca interna en torno a las designaciones en la cúpula fiscal ha continuado y ha adquirido una nueva dimensión, llamando a las puertas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Peramato ha enfrentado duras críticas por ascender al antiguo equipo de García Ortiz en detrimento de destacados candidatos (y algunos abiertos críticos), como los fiscales del procés Consuelo Madrigal y Jaime Moreno o la propia Lastra. Fuentes de la Fiscalía General del Estado defienden que la fiscal general ha actuado en base a la realidad de la carrera, guardando la proporción de un miembro de la AF, otro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) ―la segunda asociación en número de miembros y la de Peramato, García Ortiz y Delgado― y un no asociado en cada tanda de nombramientos discrecionales. Esos primeros nombramientos de la nueva fiscal general se hicieron en dos rondas, con el anterior Consejo Fiscal, cuya opinión es preceptiva, pero no vinculante en esta materia. El nuevo, que inició su andadura el pasado 6 de julio, si bien con la misma composición (el dominio de los críticos de la AF y la APIF), ya tiene sobre la mesa su primer desafío: elegir al sucesor de Pilar Rodríguez al frente de la Fiscalía Provincial de Madrid. Rodríguez, que fue una de las beneficiadas con esos primeros nombramientos de Peramato, al ser ascendida a fiscal de sala del Supremo, estuvo investigada junto a García Ortiz, pero en el último momento el alto tribunal la sacó del banquillo de los acusados al considerar que no había indicios de que ella hubiera participado en el delito de revelación de secretos. La designación de su reemplazo será, sin duda, analizada al detalle dentro y fuera de la Fiscalía. Fuentes fiscales señalan que este y otros nombramientos de la misma convocatoria se resolverán en el último Pleno del Consejo Fiscal que se celebrará antes del paréntesis veraniego, previsto para el 24 de julio.