Almudena Lastra, la fiscal que se enfrentó al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, ha recurrido ante el Tribunal Supremo su no renovación al frente de la jefatura del ministerio público en Madrid tras cinco años de mandato.PublicidadFuentes jurídicas informan a EFE de que Lastra ha interpuesto este jueves el anuncio de interposición de una demanda ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal contra el Real Decreto de nombramiento de María Isabel Martín López como nueva fiscal superior de la Comunidad de Madrid.El pasado 30 de abril, la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, propuso al Gobierno el nombramiento de Isabel Martín como nueva fiscal superior de Madrid, desde 2018 en la Secretaría Técnica de la Fiscalía, órgano de apoyo de la fiscal general.Peramato destacó de Martín su "alto nivel de competencia técnica, rigor profesional y su acreditada capacidad para afrontar responsabilidades de especial complejidad y exigencia", además de su plan de actuación "para transformar la Fiscalía Superior de Madrid bajo los principios de excelencia, cohesión y servicio público".Esta decisión supuso el relevo de Almudena Lastra, la fiscal que declaró contra Álvaro García Ortiz en el juicio en el que fue condenado por revelar datos reservados.PublicidadSu salida de la Fiscalía Superior fue muy contestada por la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera y de corte conservador, que arremetió contra Peramato por culminar "el plan de evacuación" del equipo de apoyo de García Ortiz, con la elección de una candidata que estaba 800 puestos debajo de Lastra en el escalafón.No obstante, la fiscal general negó que haya llevado a cabo ninguna "purga" de fiscales díscolos desde su llegada al cargo, y dijo que los cambios que se han producido "están dentro de la normalidad" porque los cargos de fiscal jefe son por cinco años."Pasividad absoluta" de Lastra en el 'caso residencias'Las asociaciones Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia recuerdan que la fiscal superior de la Comunidad Autónoma de Madrid mostró una actitud de "pasividad absoluta" y el ministerio público realizó una "deficiente investigación" del caso residencias.PublicidadTambién Amnistía Internacional señaló en un informe de 2022 que la Fiscalía Superior de Madrid fue contra el Derecho Internacional de los Derechos Humanos al no cumplir "su obligación de investigar de forma exhaustiva y adecuada las vulneraciones del derecho a la vida" de las personas que fallecieron en las residencias en la pandemia.Además, fue Lastra quien excluyó de la investigación todas las decisiones adoptadas por el Gobierno de Ayuso -impedir trasladar al hospital a residentes- y centró sus pesquisas solo en lo que hicieron los médicos o directores de geriátricos tras detectar que un residente estaba contagiado.