TribunalesEl Alto Tribunal le conden� a dos a�os de inhabilitaci�n para el cargo de fiscal general por un delito de revelaci�n de datos reservados sobre la pareja de Ayuso�lvaro Garc�a Ortiz, en noviembre de 2025, abandona el Supremo durante una de las jornadas del juicio.Efe MadridActualizado Martes,
julio
15:54Audio generado con IAEl Tribunal Supremo ha confirmado los 39.000 euros en concepto de costas que el ex fiscal general del Estado �lvaro Garc�a Ortiz debe abonar por el coste del abogado y procurador de Alberto Gonz�lez Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel D�az Ayuso.La Sala de lo Penal del alto tribunal ha dictado un auto que desestima los recursos de revisi�n interpuestos por el ex fiscal general y el Ministerio Fiscal contra el decreto del pasado 26 de marzo de la letrada de la Administraci�n de Justicia que fij� en 39.000 euros el importe de la tasaci�n de las costas procesales.En un primer momento, la letrada aprob� la tasaci�n de costas de 79.942 euros impuestos a Garc�a Ortiz tras la presentaci�n de la minuta del abogado y del procurador, pero m�s tarde redujo la cantidad casi a la mitad al excluir del c�mputo diferentes recursos.La letrada consider� indebidas parte de las costas, estimando parcialmente la impugnaci�n hecha por la Abogac�a del Estado, en representaci�n de Garc�a Ortiz, y por la Fiscal�a.Esta decisi�n fue nuevamente recurrida por la Fiscal�a y Abogac�a, que tildaron de indebidas algunas partidas por ser superfluas e in�tiles, pero el tribunal rechaza estas alegaciones y mantiene la suma de 39.000 euros.El Supremo conden� a Garc�a Ortiz a dos a�os de inhabilitaci�n para el cargo de fiscal general por un delito de revelaci�n de datos reservados al difundir informaci�n reservada de la investigaci�n a Alberto Gonz�lez Amador por fraude a Hacienda y le impuso una multa de 7.200 euros, una indemnizaci�n de 10.000 euros por da�os morales y las costas procesales.El ex fiscal general ya pag� la multa y la indemnizaci�n con "fondos procedentes de aportaciones voluntarias cuya canalizaci�n y coordinaci�n fue asumida por la Uni�n Progresista de Fiscales (UPF)", de la que el ex fiscal general fue presidente portavoz y quien "asume �ntegramente dicho pago como propio".
