La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que investiga el caso Leire Díez, quiere poner ahora el foco en la gerente del PSOE, Ana Fuentes, que está imputada por la Audiencia Nacional; y en dos trabajadoras del partido, Covadonga S. P. P. y Celia R. A. Los agentes han pedido al magistrado instructor Santiago Pedraz que les autorice a acceder, clonar y estudiar el contenido de los teléfonos móviles de las tres empleadas, que les fueron incautados por los agentes durante el operativo desplegado el pasado mayo para ejecutar varios registros, y que incluyó la visita de los investigadores a la sede nacional de la calle de Ferraz para requerir documentación.“De las evidencias analizadas se desprende la participación de una serie de personas incardinadas en la estructura del partido, [...] con cuyas comunicaciones (previsiblemente albergadas en sus terminales móviles) se considera necesario contar para continuar profundizando en su participación o en la participación de terceros, como las personas que les habrían dado las instrucciones”, explica la Guardia Civil en un informe enviado al juez esta semana. La UCO subraya que, cuando ejecutó el operativo de mayo, decidió “intervenir” los teléfonos a “nivel policial” como “medida preliminar” para su posterior “puesta a disposición judicial”. Entonces, según añade el documento, los aparatos “quedaron bajo custodia policial” y ahora quiere permiso para “visionar” su contenido y analizarlo. La Audiencia Nacional mantiene abierta una causa para indagar en la existencia de una presunta “trama” urdida para “desestabilizar” procedimientos judiciales “que afectaban” al PSOE y al Gobierno; por la que se encuentran imputados, además de Ana Fuentes, la exmilitante socialista Leire Díez y Santos Cerdán, ex secretario de Organización de la formación, entre otros. El sumario señala a Cerdán como el supuesto cabecilla e incide en que el político “[puso] a disposición de la estructura criminal la estructura del partido, que desde sus inicios soportó el coste de la actividad investigada”. La UCO sospecha que dinero de la formación se utilizó para pagar o costear los viajes de los miembros de la trama, que también se sirvieron presuntamente de sus “dependencias para la celebración de reuniones” y de su “personal para el desarrollo de funciones administrativas”.Los agentes sostienen que Ana Fuentes “habría sido la persona encargada, con la intermediación de Leire y bajo las directrices de Santos, de falsear dos notas de encargo profesional” a los despachos de los abogados de Jacobo Teijelo e Ismael Oliver, también imputados, que “habrían sido suscritas de manera meramente instrumental, con la finalidad de simular una relación entre las partes y de servir como medio para que la formación política pudiese materializar pagos con destino” a ambos letrados. El juez atribuyó igualmente a la gerente la “emisión de facturas mendaces”.El PSOE defendió a Fuentes tras su imputación y encapsuló toda responsabilidad en Cerdán: “Tiene todo el apoyo de la dirección, firmó unos contratos legales con unos objetos muy claros de la gestión diaria”, dijo Rebeca Torró, actual secretaria de Organización. El partido también ha mantenido el apoyo a las otras dos trabajadoras salpicadas, que desempeñan labores de secretaría y administración. La UCO las menciona porque, entre sus funciones, se encuentran “la gestión y coordinación de los viajes”, que fue aprovechada por los supuestos miembros de la trama.La Guardia Civil considera que sumergirse en las comunicaciones de estas tres empleadas resulta “esencial” para “poder determinar y cuantificar los costes asumidos realmente” por el PSOE, así como “las operativas desarrolladas para hacerlo y las personas participantes”. Sin embargo, Covadonga S. P. P. y Celia R. A. ya han presentado un recurso para pedir que se anule la incautación de sus teléfonos. Ambas argumentan que la UCO les requisó los aparatos sin autorización judicial y, además, no se lo notificaron a Pedraz en las 24 horas siguientes, “para que este decidiera si validar o no su actuación bajo los estrictos requisitos legalmente establecidos”.“Las dos administrativas del PSOE que hacen gestiones burocráticas, transcriben documentos, compran billetes para terceros en agencias de viajes o avisan a la garita de seguridad si un visitante citado por un dirigente viene en coche y quiere aparcar en el garaje de la sede, siempre siguiendo órdenes de la persona competente, no pueden haber cometido delito alguno”, remacha el escrito enviado por las dos trabajadoras a la Audiencia Nacional