La Junta de Andalucía suprimirá, en virtud del acuerdo de gobierno firmado entre PP y Vox, los impuestos ecológicos por emisiones de gases a la atmósfera, vertidos al litoral y uso de bolsas de plástico, por los que en 2025 recaudó cerca de 4,5 millones de euros. Las organizaciones ecologistas y ambientalistas consultadas por Público consideran un grave retroceso esta decisión en una comunidad que sufre cada vez con más intensidad los efectos del cambio climático, palpable en olas de calor, inundaciones e incendios forestales cada vez más devastadores.PublicidadEl acuerdo entre PP y Vox que ha permitido reelegir a Juan Manuel Moreno Bonilla como presidente de la Junta dedica un amplio espacio a medidas que afectan a la gestión del medio ambiente, específicamente o de forma indirecta en los apartados sobre ganadería, agricultura e industria. Y en su punto 133 se establece expresamente "el rechazo a la imposición de agendas ideológicas en materia de cuidado del medio ambiente", mediante la revisión de la normativa, planes y estructura administrativa andaluza para "eliminar toda carga que perjudique al campo, la pesca, la industria, los autónomos y los sectores productivos andaluces".El acuerdo que Moreno Bonilla ha firmado con la formación de ultraderecha supone una revisión general de la política ambiental de la Junta, incluidos los impuestos que afectan a ese ámbito. En su punto noveno establece la supresión de tres de los cuatro tributos propios de la administración andaluza en materia ambiental -excluye el que grava los depósitos de residuos peligrosos-, una eliminación que se hará de forma progresiva desde los primeros presupuestos del nuevo gobierno y con unos objetivos meramente economicistas: "reducir la presión fiscal, simplificar el sistema tributario y aliviar las cargas de trabajo que soportan familias, empresas y autónomos".Dos de los impuestos ecológicos, el de vertidos a aguas litorales y el de emisión de gases a la atmósfera, fueron creados con la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas aprobada hace más de dos décadas, en 2003, cuando presidía la Junta el socialista Manuel Chaves. En la norma se explica que su objetivo es "estimular e incentivar comportamientos más respetuosos con el entorno natural" y que la recaudación de tales tributos servirá para "compensar el impacto en los recursos humanos que originan las conductas humanas, contribuyendo a sufragar las acciones incluidas en las políticas medioambientales", incluidas las situaciones de emergencia. El otro impuesto que va a ser suprimido, el de las bolsas de plástico, se creó posteriormente, en 2010, con el también socialista José Antonio Griñán de presidente.Según los datos publicados por la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, la Junta recaudó en 2025 un total de 4.467.782 euros por el cobro de impuestos ecológicos, un 6,7% más que el año anterior. El tributo que más ingresos genera es el de vertidos a aguas litorales, que ascendió a 3,24 millones de euros, un 14,14% más que en 2024, seguido del de emisiones de gases a la atmósfera, con 1,07 millones, un 13,1% menos que el año precedente, el de las bolsas de plástico, con 94.171 euros recaudados, un 16,7% menos, y el de depósitos de residuos peligrosos, con solo 59.947.PublicidadEl impuesto sobre emisión de gases grava las emisiones a la atmósfera de determinadas sustancias generadas en los procesos productivos desde instalaciones ubicadas en Andalucía, con la finalidad de incentivar conductas más respetuosas con el aire, así como la mejora de su calidad, según dispone la ley que lo regula. El tributo contempla el pago desde 5.000 euros por hasta 10 unidades contaminantes hasta 14.000 por más de 50 unidades, una medida que se obtiene a partir de las toneladas de CO2, óxido de nitrógeno y óxido de azufre emitidas.Por su parte, el impuesto andaluz sobre vertidos a aguas litorales tiene como objetivo promover el buen estado químico y ecológico de esas aguas, con un tipo impositivo de diez euros por cada unidad contaminante de vertidos. Y el de las bolsas de plástico establece el pago de 5 céntimos por unidad de un solo uso suministrada en un establecimiento comercial con el fin de reducir el consumo de un producto altamente contaminante cuando acaba en un entorno natural, donde puede permanecer durante mucho tiempo sin degradarse.Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica, el número de bolsas de plástico en el mercado se ha reducido en España un 40% desde que se aprobó en 2018 el real decreto que ya regula su uso en todo el país, al pasar el consumo anual por habitante de 241 bolsas en 2017 a 142 en 2023. Ese decreto prohíbe la entrega gratuita de bolsas de plástico a los consumidores, salvo que sean muy ligeras o con un porcentaje de reciclado superior al 70%, y se reforzó posteriormente con la Ley estatal de 2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, que prevé que en 2030 habrá de conseguirse una reducción del 70% en peso en los productos de plásticos de un solo uso. Toda esta normativa obedece, además, a la directiva de la UE 2015/720, que establece que los estados miembros han de adoptar medidas con el fin de reducir de forma sostenida en su territorio el consumo de bolsas de plástico ligeras.PublicidadUn retroceso “alucinante” con el acuerdoEl contenido del acuerdo entre PP y Vox para cogobernar la Junta de Andalucía ha caído como un mazado entre las organizaciones ecologistas y ambientalistas. Greenpeace considera "alucinante" lo que se ha incluido en el acuerdo: "Es un drama justo en el momento que Andalucía se encuentra con las peores cifras de impacto del cambio climático. Antes, el PP, aunque era retardista con el cambio climático, no negaba al menos el problema. Pero ahora con lo que ha pactado lo obvia y lo trata como si fuera una cuestión ideológica, cuando son hechos contrastados y verificados", dice a Público su coordinador en Andalucía, Luis Berraquero.Según Greenpeace, resulta muy llamativo que se haya acordado suprimir el impuesto por emisiones de gases a la atmósfera en una comunidad que se sitúa a la cabeza en España en emisión de gases invernadero, según el último inventario estatal publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica con datos del año 2023. "Cuando tienes esos datos y eliminas el impuesto, lo que estás dando a entender es que no te importan lo más mínimo. Vamos para atrás", se lamenta Berraquero.La eliminación del tributo por vertidos al litoral también envía un "mensaje muy peligroso", a juicio de esta organización ecologista, teniendo en cuenta, además, que Andalucía es la comunidad con el mayor número de incumplimientos de la directiva europea sobre tratamiento de aguas residuales, una buena parte en municipios costeros, por los que España está pagando multas que acumulan decenas de millones de euros. Y a eso se suma, según Berraquero, la presión sobre el sistema marítimo terrestre que se está ejerciendo con la reapertura de las minas de Aznalcózar y Las Cruces, hasta el punto de que se están detectando altos niveles de metales pesados en peces y moluscos en la desembocadura del río Guadalquivir."Si dejas de gravar, mandas el mensaje de que todo vale, sabiendo que los impuestos son desincentivadores en algunas ocasiones, aunque también hacen falta otras medidas", advierte el coordinador regional de Greenpeace.En cuanto al impuesto sobre las bolsas de plástico, Luis Berraquero considera que, aunque no es la solución más adecuada para acabar con ese foco de contaminación, sí contribuye a reducir su uso, tal como reflejan las estadísticas estatales. "El maldito plástico -añade- hay que eliminarlo, no basta con reducir su consumo, pero nos parece curioso que un impuesto que parece estar siendo efectivo se decida eliminarlo. Y no es algo ideológico, porque cualquiera puede verlo si se da un paseo por un río o por el mar".Subordinación a los intereses privadosEcologistas en Acción, una organización con representación en consejos de participación de espacios naturales, en los consejos de agua de las demarcaciones hidrográficas andaluzas y en otros órganos de gestión ambiental, ha emitido un duro comunicado contra el contenido del acuerdo entre PP y Vox para gobernar la Junta de Andalucía, que, a su juicio, consagra la subordinación de los recursos públicos a los intereses privados, la privatización de la gestión ambiental y la falta de planificación democrática."Es tal la acumulación de amenazas y peligros que contiene este infausto acuerdo de gobierno, que la respuesta de las organizaciones sociales debe ser contundente y unida. Necesitamos una fuerte movilización", concluye Ecologistas en Acción.PublicidadSu responsable del área de Residuos y Cambio Climático, Daniel López, dice a Público en relación a la fiscalidad ambiental, calificada por esta organización como "una poderosa herramienta de sostenibilidad", que su supresión entraña una dudosa legalidad, porque en algunos casos requeriría derogar una ley y en otros contravendría normas de rango estatal superior. "Si lo hacen, presentamos una denuncia", avisa este dirigente ecologista.Según Daniel López, una parte de la normativa sobre emisiones de gases a la atmósfera es de ámbito estatal, que no puede ser contradicha por otra de rango autonómico, mientras que el tributo a las bolsas de papel ya está regulado por una ley de rango nacional posterior a la legislación andaluza en esta materia. "Parece un brindis al sol con el que quieren manifestar una postura antiecológica, pero va a ser muy difícil que puedan llevarlo a cabo", advierte el portavoz de Ecologistas en Acción.Pero las consecuencias de todo el acuerdo de gobierno de la Junta en materia ambiental serán, a juicio de López, una desprotección absoluta del entorno natural, ya que se faculta al capital privado para dictar las normas mientras la administración pública permanece como mera observadora. "El PP se ha bajado los pantalones ante las exigencias de Vox, porque ha asumido de forma íntegra los delirios y disparates del programa electoral de Vox. Es algo bastante aberrante, a lo que no han llegado en tal extremo en otras comunidades", recalca este dirigente ecologista.PublicidadLa imposición de “ideas obsoletas”A Juanjo Carmona, de WWF, una de las organizaciones más activas en la defensa de espacios de gran valor medioambiental como Doñana, no le preocupa en sí una medida más que otra, sino el contenido completo del acuerdo, "que está lleno -dice- de incoherencias, ideas obsoletas, posturas anticiencia, actuaciones en perjuicio del medio ambiente y la biodiversidad, pero también de las actividades que dicen defender"”."En el tema fiscal, más que lo que quitan es lo que no se avanzará", avisa Carmona, que añade al respecto: "si piensas que no es necesario ser estricto en el control de la calidad de agua, puedes encontrarte problemas de contaminación y si riegas con ella y un mercado detecta un problema, te caes con todo el equipo. Ya pasó cuando Aznalcóllar (rotura de la balsa de la mina), que se puso en duda hasta los productos de Almería".Este abogado y miembro de WWF considera que renunciar a ciertas medidas y acciones sería renunciar a ayudas de otras administraciones, lo que significaría "un inmenso perjuicio". "No solo no se darán soluciones a problemas reales y ciertos, sino que luego esos dineros tendrán que venir del dinero de la Junta o de los particulares", advierte en declaraciones a Público.Según Juanjo Carmona, algunas medidas contenidas en el acuerdo de gobierno entre PP y Vox, además de chocar con la legislación nacional y europea, pueden acabar siendo una competencia desleal con otros territorios que sí la adoptan, lo que podría originar conflictos, posibles acciones judiciales o de otra índole contra los productos andaluces. "Que en toda Europa se ponga en duda los productos andaluces porque no respeten el medio ambiente, porque se eliminan controles, porque no se haga un uso respetuoso de recursos, etc, no sé a quien le parece una buena idea", concluye.PublicidadEn su comunicado, Ecologistas en Acción estima "particularmente contradictorio" que se diga que se pretende reducir la presión fiscal a los andaluces al mismo tiempo que se anuncia la pretensión de incrementar las partidas de sanidad, educación y dependencia. "¿De dónde piensan que salen esas partidas para los servicios públicos? ¿Cómo mienten tan tranquilamente?", se pregunta esa organización.