A la Fiscalía de Madrid se le empiezan a acabar los calificativos para referirse a la investigación del juez Juan Carlos Peinado sobre Begoña Gómez, así como a su decisión de retirarle el pasaporte y prohibirle salir de España. En un duro recurso enviado a la Audiencia Provincial de Madrid, el ministerio público arremete contra el magistrado por su “escaso rigor y mesura” al restringir los movimientos de la esposa de Pedro Sánchez, además de cargar contra él por “desviarse” de la ley y querer, incluso, dar “carta de naturaleza” al “dato irreal” propagado por páginas web sobre la supuesta adquisición de la nacionalidad de República Dominicana por parte de la pareja del presidente del Gobierno. Es más, también acusa al magistrado de idear una “confabulación” para sostener que la escolta la ayudaría en una “eventual” fuga al extranjero.“No concurre el riesgo de fuga pretendido [por Peinado] y las medidas adoptadas no han sido motivadas ni justificadas atendiendo a la situación individualizada de las acusadas”, incide el escrito firmado por el fiscal José Manuel San Baldomero, en referencia a Begoña Gómez y Cristina Álvarez, su asesora en La Moncloa, para quien acordó las mismas restricciones. En este sentido, el ministerio público remacha: “Nos parece una evidentemente medida innecesaria, injustificada, inmotivada, desproporcionada, y contraria a los fines propios de la ley. En los dos casos. Y en el caso de Cristina Álvarez, sencillamente, la resolución es injusta”.El pasado 20 de junio, Peinado no solo decidió abrir juicio oral a la esposa de Sánchez por cuatro delitos (tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida), sino que además se apoyó en la petición de la acusación popular liderada por la asociación ultracatólica Hazte Oír para restringir su libertad de movimientos. Le retiró el pasaporte, le prohibió salir del país y la obligó a comparecer dos veces al mes ante su juzgado. El magistrado argumentó entonces que aprecia un “riesgo de fuga” ante los años de cárcel que prevé el Código Penal para los delitos que le atribuye; y, según apostilló, sus escoltas policiales podrían ayudarla a fugarse. Días después, ante el recurso de la defensa de Gómez, que alegó que la esposa del jefe del Ejecutivo se encuentra en todo momento vigilada por agentes que se encargan de su seguridad, el juez ha añadido que “no sería la primera ocasión” en la que “se fuga” un presidente del Gobierno de un Estado miembro de la UE.Para la Fiscalía, Peinado hace tiempo que ha traspasado las líneas rojas y estas iniciativas son solo un paso más de una instrucción desmedida, que ha “acelerado” en su última fase para poder sentar en el banquillo a la pareja del líder del PSOE. Todo ello, “sin acoger diligencias propuestas, obviando trámites, sin dar respuesta a las alegaciones planteadas, y sin esperar el resultado de resolución de los recursos que penden ante la Audiencia Provincial de Madrid”. El ministerio público carga contra cada una de las tesis expuestas por el juez para intentar justificar la retirada del pasaporte. Sobre el hecho de que recurra a la hipótesis de que la escolta de Begoña Gómez —formada por agentes de la Policía— pueda ayudarla en su huida, el fiscal incide en que evidencia su “carencia de argumentos”. Según San Baldomero, Peinado levanta esa idea de “una forma categórica y de autoafirmación, pero sin justificación ni base racional”: “Y extiende una sombra de sospecha infundada de las instituciones, tanto a nivel de mandos como a nivel del funcionario de base”. “No es fácilmente asumible esa visión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en un estado de Derecho como el nuestro. Y tampoco es fácil imaginar y asumir la confabulación que visualiza el instructor”, ahonda.El recurso subraya que el magistrado ni siquiera ha valorado todas aquellas circunstancias que deben analizarse a la hora de adoptar una medida de tal calibre: como “la ausencia de antecedentes penales (ni siquiera detenciones policiales); nacionalidad española; arraigo en territorio nacional; actividad laboral en España; vínculos familiares y personales en España; ausencia de vínculos o nexos mínimos con terceros países que presupongan facilidad para desplazarse a ellos e instalarse; y bienes en el extranjero o dinero y productos financieros que puedan indicar facilidad para su movimiento a los mismo”. “Todos [estos] criterios se valorarían positivamente en las investigadas”, puntualiza el fiscal.“Tienen indudable arraigo en territorio nacional; son españolas; sus familias son españolas y tienen también arraigo en territorio nacional; ambas desempeñan y han desempeñado sus actividades profesionales en España”, enumera el ministerio público, que sigue así: “Carecen de nexos con el extranjero. Desconocemos a dónde se supone que huirán, porque no se apunta ningún país concreto donde tendrían facilidad de instalación e impunidad. Y carecen de bienes o activos que permitan dicha fuga e instalación fuera de España. Y no será por la sospecha de bienes y ganancias ilícitas, a la vista del resultado de las exhaustivas pesquisas patrimoniales autorizadas desde el juzgado que descartaron las sospechas infundadas”.El fiscal califica de “llamativo” que Peinado reclamase a Begoña Gómez que entregase “cuantos pasaportes pudiera disponer, cualquiera de las nacionalidades a las que pertenezcan, tanto de carácter ordinario como de carácter diplomático”. “Desconocemos a qué puede referirse con esa expresión de ‘cualquiera de las nacionalidades a las que pertenezcan’, salvo que vuelva a aludir a la supuesta adquisición de nacionalidad de República Dominicana, dato irreal sistemáticamente propagado en ciertos medios, y que parece que se le sigue dando carta de naturaleza”, censura el escrito enviado a la Audiencia.La “perspectiva” de PeinadoEn esta línea, el ministerio público critica igualmente que, para justificar la retirada del pasaporte, el juez instructor se apoyase en una “sola resolución” del tribunal provincial sobre un caso de tráfico de drogas, en la que no llegaba a profundizar para explicar por qué hacía ese “paralelismo”. Aunque, según San Baldomero, esa “comparación con un delito contra la salud pública cometido en el marco de una organización criminal y en tráfico de grandes cantidades”, evidencia desde qué “perspectiva” Peinado “aborda este procedimiento en relación” con Begoña Gómez, su asesora y el empresario Juan Carlos Barrabés, también procesado en la causa.El recurso de la Fiscalía, que ha pedido reiteradamente al archivo del caso, está plagado de reproches a la actuación del juez. Recalca que “carece de sentido” obligar a Gómez a presentarse dos veces al mes ante su juzgado, “salvo que se quiera” adoptar esa medida como una suerte de penalidad adicional anticipada y exposición pública”. De hecho, al ministerio público le resulta “llamativo el número de veces” que la esposa del presidente ha sido citada durante la instrucción: con la “imputación de delitos sucesivos” y “comparecencias duplicadas”.La Audiencia de Madrid deberá ahora pronunciarse sobre los recursos presentados contra la retirada del pasaporte. Esta medida ya ha tenido sus efectos. La esposa de Sánchez pidió permiso para salir de España entre el 7 y 10 de julio para acudir a la cumbre de la OTAN en Ankara y a la graduación de su hija en Londres. Pero el juez Antonio Viejo, en sustitución de Peinado, solo le autorizó esta semana a viajar al Reino Unido, y no a Turquía.