La Audiencia de Sevilla ha retrasado el juicio contra el exlíder de Vox en Andalucía, Francisco Serrano, otros siete meses más, hasta octubre y noviembre de 2027. El motivo es en esta ocasión que los representantes legales de Serrano tienen otro juicio en las mismas fechas previstas para la vista oral en este caso, que estaba fijada para marzo de 2027. El juzgado de instrucción decretó la apertura de juicio oral en marzo de 2024 por lo que Serrano será juzgado más de tres años después. Sus representantes legales presentaron escrito de fecha 26 de mayo de 2026, según el auto que aplaza de nuevo el juicio, "interesando la suspensión de la vista señalada". Al "concurrir causa legal por concurrencia de señalamientos", la Audiencia aceptó la petición.PublicidadSerrano está acusado de un delito de estafa, por el que la Fiscalía pide seis años de cárcel, y en el caso de que este no se acepte por el Tribunal, califica subsidiariamente los hechos como fraude de subvenciones, por el que el Ministerio Público reclama ocho años de prisión. La acusación particular, que ejerce Rubén Sanchez, eleva a diez años la petición de pena. Junto al exlíder de Vox están acusados también otros dos socios, Enrique Pelegrín y Francisco Javier López, este como cooperador necesario. Serrano se ha defendido de las acusaciones con el argumento fundamental de que fue engañado por sus exsocios.Según la Fiscalía, Serrano y sus socios recibieron una subvención de 2,48 millones de euros que solicitaron para formar una empresa en Niebla (Huelva) que jamás llegó a ponerse en marcha. Para recibir el crédito la empresa debía aportar un capital social en consonancia con el proyecto a desarrollar. Sin embargo, "la sociedad se constituyó realizándose por los socios aportaciones no dinerarias consistentes en maquinaria diversa que se afirmaba como de su respectiva propiedad, cuando ello indiciariamente no se ajustaba a la verdad", afirma la Fiscalía.Añaden los fiscales que "en el desarrollo de la actividad sufragada parcialmente con fondos del Ministerio de Industria, no consta la realización del proyecto comprometido de fabricación de pellets –combustible de biomasa– y no se ha llevado a cabo el reintegro de la deuda". Además, una parte de la subvención, 438.000 euros, según el Ministerio Público, se desvió para "préstamos a terceros, retiradas en efectivo, pago de facturas y gastos varios, ninguno de ellos relacionados con la finalidad para la que fue concedido".