Los analistas sostuvieron que el esquema documentado por el Departamento del Tesoro rebasa la actuación de funcionarios de nivel medio, cuestionaron la falta de resultados públicos en las investigaciones mexicanas y advirtieron sobre vínculos entre corrupción, financiamiento político y control territorial.
El esquema de huachicol fiscal relacionado con México, identificado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, no podría operar únicamente con la participación de funcionarios de nivel medio o bajo, sino que requeriría la intervención de estructuras de poder con capacidad para influir en áreas estratégicas del Estado mexicano.
Así lo señalaron Jacobo Dayán y Alfredo Figueroa durante una mesa de análisis en Aristegui en Vivo, en la que abordaron el informe en el que el Tesoro estadounidense anunció sanciones contra nueve empresas mexicanas y dos ciudadanos presuntamente vinculados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Ambos sostuvieron que el documento va más allá de las personas y empresas sancionadas, sino que describe un esquema de corrupción, evasión fiscal, lavado de dinero, financiamiento político y control territorial que, según las autoridades estadounidenses, involucra a organizaciones criminales, empresas, actores políticos y operadores financieros.
