La Fiscalía General de la República (FGR) detectó el ingreso ilegal de 144 millones de litros de combustibles a México en apenas 52 días, de acuerdo con un reporte del periodista Abel Barajas publicado por Reforma este martes, que señala que se trataría del mayor caso de huachicol fiscal desde Estados Unidos hacia México.De acuerdo con la investigación citada por el diario, la operación se desarrolló entre el 1 de junio y el 22 de julio de 2025 a través de la Aduana de Matamoros, Tamaulipas, mediante una estructura criminal que utilizó documentación falsa para introducir diésel, gasolina y nafta ligera sin pagar impuestos ni cumplir con los controles aduaneros.Según la indagatoria de la Fiscalía de Investigación de Delitos en Materia de Hidrocarburos, durante ese periodo fueron ingresados ilegalmente 144 millones de litros de combustible, un volumen equivalente a 2.7 millones de litros diarios, al tránsito de 61 pipas tipo full por día o al abastecimiento de aproximadamente 42 mil vehículos diarios.El reporte de Abel Barajas señala que la organización tramitó 291 pedimentos de importación fraudulentos con los que logró internar mil 366 ferrotanques cargados de hidrocarburos. En los documentos, los cargamentos fueron declarados como “solución de cloruro de calcio” para evadir las revisiones y obligaciones fiscales.La FGR identificó como destinatarias finales de los combustibles a las empresas Ferroservicios y Jumandi Group. Esta última fue vinculada recientemente por el Departamento del Tesoro de EE.UU. con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Para la gestión documental, la red habría utilizado los servicios de la agencia Servicios Aduanales JR.Foto: Archivo CuartoscuroUna vez cruzada la frontera, los combustibles eran trasladados por ferrocarril hacia Aguascalientes, Querétaro y San Luis Potosí.El medio señala que este caso evidencia que el llamado huachicol fiscal continuó expandiéndose pese a que las autoridades ya investigaban otras estructuras criminales relacionadas con el tráfico ilegal de combustibles, incluida la conocida red con la presunta participación de marinos, empresarios y funcionarios de aduanas.La investigación comenzó a avanzar el 21 de julio de 2025, tras una denuncia anónima presentada ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). Ese mismo día fue cateada una agencia aduanal, donde las autoridades aseguraron 17 ferrotanques.De acuerdo con la información publicada por Reforma, 15 de esas unidades ocultaban más de 1.6 millones de litros de diésel y otras dos transportaban nafta ligera.Como resultado de las indagatorias, un juez federal libró 13 órdenes de aprehensión contra empresarios y funcionarios presuntamente involucrados.Imagen: IA/AN (MDS)Hasta ahora han sido detenidas y vinculadas a proceso siete personas, entre ellas Armando Riestra Fernández, propietario de la agencia aduanal utilizada en la operación; verificadores y directivos de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), así como socios de Jumandi Group.La captura más reciente, según el reporte de Abel Barajas, ocurrió el pasado 12 de junio, cuando fue deportado desde Estados Unidos Carlos Eugenio Benítez Orta, identificado como subdirector aduanero.La mayoría de los implicados enfrenta procesos por delincuencia organizada y contrabando en los centros federales de reclusión del Altiplano y Morelos. Sin embargo, las autoridades continúan la búsqueda de seis presuntos responsables que permanecen prófugos, entre ellos los tenientes coroneles Armando Barrera Trujillo y Blas Pedro Sarabia García, quienes estuvieron al frente de la Aduana de Matamoros durante el periodo en que ocurrió el ingreso masivo de combustible ilegal.Además, Reforma informó que la FGR promovió una demanda de extinción de dominio para que el Estado obtenga de manera definitiva la propiedad del buque tanque Blue Commander, asegurado en 2020 por un caso de presunto tráfico ilícito de combustible.La embarcación, valuada en aproximadamente 15 millones de dólares, permanece anclada en el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, desde septiembre de ese año. Al momento de su aseguramiento pertenecía a la empresa Blue Commander SAPI, cuyos principales accionistas eran Unifin y Blue Giant SA de CV.Foto: Archivo FGRSegún la información publicada por el diario, el pasado 11 de mayo la jueza Sexta de Distrito de Extinción de Dominio, Argelia Román Mojica, ordenó asegurar formalmente el navío e inscribir la medida en el Registro Público Marítimo Nacional, por lo que quedará bajo custodia temporal del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep).De prosperar el procedimiento, el gobierno federal podría destinar la embarcación a Pemex o venderla.El Blue Commander fue asegurado durante un operativo en el que autoridades detectaron dos unidades de autotransporte abasteciendo de hidrocarburos al buque sin documentación que justificara las maniobras, señala el diario.