Un famoso aforismo afirma que “en política no hay coincidencias”, por ello debemos leer con atención lo que ocurre hoy entorno a la relación México-Estados Unidos y qué implicaciones podría tener. Mientras la mayor parte de personas encontraba esperanza y distracción en la contienda futbolera, un conjunto de declaraciones y revelaciones indicaban que desde la Casa Blanca había un profundo malestar respecto a las expectativas de cooperación en materia de combate a la narcopolítica en México y que se buscará cualquier medio para que aquí se actúe contra políticos y delincuentes coludidos. Como ya parece costumbre, en las últimas semanas hemos asistido a una serie de declaraciones por parte de la más alta cúpula del gobierno de los Estados Unidos acerca de cómo nuestro país se encuentra bajo el control de la delincuencia organizada. Al mismo tiempo, algunos importantes medios de comunicación de nuestro vecino del norte publicaron información acerca de presuntas investigaciones de autoridades estadounidenses en contra de los gobernadores de Sonora y Tamaulipas, entre otros. Ello se parece a lo ocurrido en el caso en contra del gobernador con licencia Rubén Rocha y otros políticos y funcionarios sinaloenses, primero se filtró información acerca de las investigaciones y luego se formalizó una acusación y la correspondiente solicitud de extradición. ¿La filtración que dio pie a dichas notas son un aviso, una forma de presión hacia nuestro gobierno? Probablemente, aunque aquí no se quiera ver. Tras iniciar el proceso en contra de los ex secretarios de seguridad y finanzas de Sinaloa, la juez federal encargada hizo una declaración que no es casual, sobre dichos funcionarios pesan “abundantes y sumamente voluminosas” pruebas en su contra. Es decir, tenemos pruebas, buscamos cooperación. Pocos días después, el prestigiado diario The New York Times, publicó un artículo donde afirma que por lo menos una docena de políticos mexicanos se acercó a autoridades estadounidenses para fungir como informantes y llegar a acuerdos de cooperación que les permitiesen ciertos beneficios -es decir, evitar la cárcel en EU-. Si bien el medio no reveló sus fuentes, la noticia parece tener sustento y debe ser considerada como un mensaje para todo político coludido y toda autoridad que intente protegerles. En respuesta al artículo, la postura de nuestras autoridades fue hablar de Fake News, tachar el todo como chismes e incluso proponer teorías conspirativas acerca de una supuesta campaña de persecución a los gobiernos de izquierda por parte de la derecha internacional. En México los mensajes no se quisieron recibir, la molestia de Washington se matizó y ello llevó a que se materializasen dos amenazas: (1) la actuación de los EEUU en suelo mexicano, y (2) que no cooperar puede afectar el comercio entre nuestros países. Tan sólo la semana pasada las autoridades comerciales estadounidenses, declararon su intención de no renovar por 16 años el T-MEC, mantenerlo vigente por 10 años con revisiones anuales. Una postura que genera incertidumbre y mantiene la espada de Damocles sobre nuestras cabezas. Un tratado que se revisa cada año puede cambiar las reglas a favor del socio comercial más fuerte si el socio comercial más débil no accede a alguna condición. Sobra decir cómo ello puede afectar la economía nacional y el bienestar de los mexicanos. Dos días después, el pasado viernes, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) donó al Museo del Aire War Eagles, la aeronave en la que se trasladó al Ismael “El Mayo” Zambada y al hijo del Chapo Guzmán a territorio estadounidense. En la presentación el FBI confirmó que ese había sido el avión con el que los importantes narcotraficantes llegaron a su territorio y reconoció que dicho evento fue posible gracias a su participación. Sin más, sin filtros y sin la oportunidad que las autoridades mexicanas pudiesen manejar el mensaje, el FBI confirmó su participación en el secuestro del Mayo Zambada y la entrega del hijo del Chapo Guzmán. Tras haber ignorado las repetidas solicitudes por esclarecer los hechos por parte del ex presidente López y la ahora presidenta Sheinbaum, el FBI aclaró sin tantas palabras que no necesita a nuestro gobierno para operar aquí. Si como recita el aforismo “en política no hay coincidencias”, que se revele cómo las agencias estadounidenses operan en México es una forma de avisar que si no encuentran cooperación actuarán de manera unilateral. En unos días, comenzarán oficialmente las rondas para renegociar el T-MEC, personalmente espero que los mensajes que uno y otra vez ha enviado Washington, sean atendidos. El Gobierno Federal puede facilitar las investigaciones y posibles extradiciones de aquellos políticos coludidos con los delincuentes, lo debe hacer porque es su obligación, porque con ello rompe con las condiciones que han permitido la violencia en nuestro país, que permiten el saqueo de recursos, que permiten la desigualdad social y el subdesarrollo de muchas zonas de nuestro país. Lo deben hacer porque el gobierno Trump no bromea, está dispuesto a presionar con todo lo que tiene para que las drogas que aquí se producen o que desde aquí se trafican, no lleguen a su territorio, incluso si ello implica desmantelar de poco a poco el T-MEC. El gobierno de la presidenta Sheinbaum lo sabe y debe actuar, si lo hace mantendrá vivo el motor de nuestra economía y pasará a la historia por haber limpiado la política mexicana, por lo contrario, si no lo hace, todos los mexicanos pagaremos en carne propia las consecuencias de proteger las redes de corrupción y violencia. Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.