Luego de la emisión de prohibiciones para importaciones de bienes producidos mediante trabajo forzoso u obligatorio, aprobadas con el acuerdo ministerial 377-2026 del Ministerio de Economía (Mineco), ha surgido apoyo a esta medida por parte de sectores de productores y exportadores; sin embargo, expertos en temas comerciales y laborales alertan sobre los diferentes retos y dudas que estas disposiciones generan.
Uno de los principales cuestionamientos mencionados por el exministro de Economía y especialista en comercio exterior, Enrique Lacs, así como por un experto en temas laborales, es que Guatemala estaría adoptando listados elaborados por autoridades estadounidenses y de otros países para prohibir importaciones, sin desarrollar una investigación nacional que determine si realmente existió trabajo forzoso en la producción de bienes importados.
En el acuerdo se establece que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) es el responsable de generar el listado oficial de empresas relacionadas con la producción total o parcial de bienes mediante trabajo forzoso u obligatorio. Para ello, se dispone que dicho ministerio solicitará, por conducto diplomático y por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), información sobre empresas extranjeras vinculadas a esas prácticas, que cuenten con órdenes de retención, determinaciones o hallazgos firmes emitidos dentro de un proceso de investigación específico que haya permitido el derecho de defensa del afectado.
