Es un David contra Goliat. Los vecinos de las calles Abtao y Cavanilles, en el distrito de Retiro, llevan ocho años en pie de guerra contra un parking privado de cuatro pisos y 218 plazas que una promotora inmobiliaria quiere construir entre sus casas. El solar, en un patio interior, lo compró la empresa Grupanxon y, tras varias idas y venidas judiciales, el Ayuntamiento le concedió la licencia de obras en agosto de 2023. Meses más tarde, el aparcamiento copó titulares porque la policía impidió a la compañía transportar una máquina de 40 toneladas sobre los edificios, una operación de mucho riesgo. Y poco después del incidente, el pleno municipal aprobó paralizar los trabajos y revisar el permiso. No lo hizo. Han pasado dos años de aquello y, a principios de mayo, David ganó la primera batalla a Goliat. Un juzgado obliga ahora al Ejecutivo local a examinar la licencia y le advierte: es contradictorio dar el visto bueno a unas obras para luego acordar inspeccionarlas. Teresa Ribas es presidenta de la comunidad del portal 25 de la calle Abtao, directamente afectada por las obras, y lleva ocho años documentando cada paso que dan la empresa inmobiliaria y el Ayuntamiento. Ocho años de obras que van y vienen, de ruidos, de cortes de tráfico, de camiones, de tierra removida, de excavaciones a cuentagotas y de dudas. “En abril de 2018 [durante el mandato de Manuela Carmena] llega un promotor con un proyecto. A través de una declaración responsable, le otorgan la licencia. A los pocos días presentamos alegaciones”, recuerda Ribas. Empezó entonces el calvario vecinal y un periplo judicial que culminó en 2023 con una nueva licencia y unas obras, que se antojan eternas, en marcha. La sorpresa para los vecinos llegó justo un año después, cuando el PSOE llevó la propuesta de parar los trabajos y examinar el permiso a pleno. El PP, que gozaba ya de mayoría absoluta, se abstuvo y salió adelante la petición. La Agencia de Actividades, que depende del área de Urbanismo, tendría que revisar la polémica licencia. Un portavoz del departamento indica que van a recurrir la sentencia, por lo que la batalla se alarga para los vecinos. Decisiones “contradictorias”El organismo municipal comprobó si se cumplían los requisitos para la licencia y concluyó que no haría una revisión de oficio, según consta en la sentencia que exige ahora al Ayuntamiento llevar adelante lo que él mismo aprobó. “Resulta insuficiente y no se motiva adecuadamente por qué no es procedente ejecutar la decisión del Pleno Municipal”, recoge el texto. El juez admite parcialmente el recurso que la comunidad de propietarios de Abtao 25 presentó contra la licencia y el núcleo del fallo está en la contradicción del consistorio madrileño, que por un lado concede un permiso de obra y luego se insta a revisarlo. El tribunal considera que se vulnera la doctrina de actos propios, que obliga, en este caso, a una administración a ser coherente. “Las obras siguieron, con muchos parones. Van y vienen las máquinas y ya empezaron la excavación. Ahora ha estado siete meses parada. No sabemos los motivos, pero han reanudado hace un mes. La tierra la van excavando con una pala pequeña, porque no pueden meter maquinaria pesada. Nos tienen destrozada la puerta del pasadizo y la calle está fatal”, relata Ribas. Hace dos años, la promotora inmobiliaria intentó meter una máquina de casi 40 toneladas al solar, con una grúa y por encima de los bloques de viviendas. La policía paró la operación, tras las críticas y el miedo de los vecinos, y después se descubrió que la empresa carecía de licencia para transportar la maquinaria sobre los edificios. La dueña de la parcela de la discordia es Grupanxon, una empresa con sede en Madrid que adquirió el solar en 2016. En su página web todavía está colgado el anuncio del aparcamiento privado en Retiro: “Parking Torres del Mediterráneo. Promoción de garajes, próximamente, 2024″. El precio medio de las plazas ofertadas es de 27.900 euros. El proyecto se ha financiado a través de Urbanitae, una plataforma de crowdfunding inmobiliario que permite a particulares invertir en distintas iniciativas hasta alcanzar el presupuesto marcado para cada una de ellas. En este caso, el objetivo eran 3,2 millones de euros, que se obtuvieron con lo aportado por 756 personas. Los vecinos decidieron acudir a los tribunales porque desde el comienzo ―en 2018― la obra planteaba dudas urbanísticas. Una de las más relevantes, que ahora recoge la sentencia como uno de los puntos más débiles del proyecto, es el acceso al aparcamiento. En concreto, la falta de paso por una de las salidas, hacia la calle de Cavanilles. El juez concluye que ese paso no existe en la práctica porque está cerrado y nunca se ha utilizado, y por lo tanto solo hay un acceso disponible, el de la calle de Abtao. Esto es, no tiene sentido autorizar un aparcamiento si no existen accesos legales y reales a la vía pública. Si esto no está garantizado, dice el juez, el proyecto podría ser inviable y por eso el Ayuntamiento debe revisarlo: “La licencia municipal de obras se ha basado en una serie de premisas, alguna de las cuales en la realidad resulta inviable”. Emilia Martínez, concejala del PSOE, llevó la proposición para revisar la licencia al pleno. “Me resultó llamativo que se abstuviera [el PP], porque, al hacerlo, sabían que saldría adelante. Son unas obras que han estado rodeadas de extrañezas: idas y venidas, la pilotadora o los análisis de los bomberos”, comenta la edil por teléfono. Se refiere a una serie de informes emitidos por el cuerpo de bomberos en los que atestiguan que las dimensiones del paso al patio donde se construye el aparcamiento no cumplen las condiciones para evacuar en caso de incendio. Los vecinos se alegran por la sentencia y esperan, con expectación, el siguiente capítulo de una batalla que comenzó hace ocho años y no parece que vaya a acabar pronto.