El malagueño Ángel González, de 54 años, se sube cada día a una bicicleta eléctrica para ir hacia su trabajo como peón albañil. El recorrido parte desde una explanada al oeste de la ciudad de Málaga, a un paso de la playa, donde reside en una vieja caravana. Lo hace desde 2012 cuando, entonces desempleado, encontró aquí una alternativa para vivir cuando no podía afrontar un alquiler. Ahora que tiene empleo y podría, el fuerte aumento de los precios de la vivienda se lo impide. “Soy mileurista. ¿Qué piso voy a pagar con ese dinero?”, dice quien se ha convertido en el portavoz de algo más de un centenar de personas que, como él, viven en vehículos en una zona que el Ayuntamiento de Málaga quiere desalojar porque los vecinos del entorno han denunciado incidentes, inseguridad y malas condiciones de salubridad. La finca, mitad asfalto mitad maleza, donde se ubican las caravanas pertenece a Repsol y lleva años descuidada y abandonada. Hay áreas con basura, residuos diversos y cinco palmeras carbonizadas son la consecuencia de un remolque que ardió días atrás. Con vistas a las torres de lujo donde hay a la venta áticos por hasta seis millones de euros, el terreno se despliega junto a la desembocadura del río Guadalhorce y la urbanización Sacaba Beach, nombrada así porque ahí se acaba la ciudad de Málaga. Hasta allí, a principios de julio, se desplazaron dos agentes de la Policía Local para avisar a los residentes de que el día 7 debían abandonar el espacio porque se iban a realizar labores de limpieza. No era la primera vez que ocurría: cada año se mueven las caravanas hacia un lado del espacio para limpiar el otro. Esta vez pedían sacarlas de allí, sin más explicaciones. Y cuando los habitantes de este espacio escucharon al alcalde, Francisco de la Torre, hablar de desalojo en la prensa se temieron lo peor. La expulsión estaba prevista para este martes y, finalmente, arrancó el miércoles, cuando ya solo quedaban quienes llevan años viviendo en la zona y el resto —visitantes puntuales— se habían desplazado hacia otras zonas cercanas como Guadalmar. Varias patrullas de policías, escoltadas por los equipos del Grupo Operativo de Apoyo —una especie de antidisturbios a nivel local— comenzaron a primera hora a identificar a los residentes y notificarles que deben abandonar el lugar “no reúne las condiciones ni los servicios básicos como el tratamiento de aguas grises, tomas de agua corriente y puntos de suministros eléctricos”, según han informado fuentes municipales, que indican que si no lo hacen se enfrentan a penas de hasta un año de prisión por desobediencia a la autoridad. Las mismas fuentes indican que de los 138 vehículos que había estacionados la semana pasada en la zona, este miércoles al mediodía ya solo quedaban 45 y que 25 propietarios han sido identificados, aunque los agentes continuarán haciéndolo durante los próximos días. Además, la Policía Local contempla ya la opción de retirar las caravanas y furgonetas con la grúa al depósito municipal si su petición no es atendida. “No nos negamos a pagar para buscar alguna solución, pero no nos pueden echar sin más. Queremos diálogo”, aseguraba el día anterior, tras una noche sin dormir mientras esperaba el desalojo junto a miembros del colectivo Un techo por derecho y varios concejales de la oposición. “Dicen que nos vayamos, pero dónde vamos a ir en esta ciudad con los precios por las nubes”, añadía Eddy Fabio Pena, argentino, que lleva desde 2022 en esta zona tras divorciarse. No podía pagar un piso así que adquirió una auto caravana cuyas letras sigue pagando gracias al salario de su trabajo entre palets en el polígono industrial del Guadalhorce. “Parece divertido estar aquí, junto a la playa, el Metro y un Mercadona, pero el calor que hace en los vehículos durante el verano es insufrible y cuando llega un temporal de lluvia cala todo”, cuenta otra joven vecina que habita en la zona junto a su pareja desde hace tres años “porque era la única manera de poder ahorrar”. “Quien vive aquí no lo hace porque quiere, es que no tiene otra opción”, señalaba Manuel Aguilera, de 72 años, quien pasa algunas temporadas en este entorno. Según Idealista, el metro cuadrado cuesta hoy en Málaga 3.784 euros frente a los 2.100 del verano de 2021. El alquiler, hoy en 16,5 euros el metro cuadrado, estaba entonces en 9 euros. Los precios están más altos que nunca.“Todo va a peor”Detrás de la acción policial se encuentran los argumentos del Consistorio malagueño, basados en las quejas de los residentes del entorno. La asociación de vecinos Los Sacabeños, de hecho, ha enviado una carta abierta a los medios de comunicación para denunciar cómo un lugar “tranquilo y familiar” fundado en los años 60 se ha transformado en un “escenario deteriorado” donde viven con miedo. “Llevamos más de tres años denunciándolo al ayuntamiento”, relataba a EL PAÍS el presidente de la entidad, Fernando Rueda, que a sus 62 años lleva más de tres décadas viviendo en la zona. Lamenta la inseguridad, la presencia de perros peligrosos, el ruido, las fogatas descontroladas o la escasa salubridad porque, sin medios para ello, las aguas grises de las autocaravanas acaban en el río y su ribera. “Todo va a peor”, criticaba Rueda, que mira además como en el entorno hay cada vez más caravanas en zonas cercanas, como los aparcamientos del estadio de atletismo o los de la universidad privada Alfonso X el Sabio.“Los vecinos, lógicamente, consideran que es una situación, desde el punto de vista higiénico y de convivencia, difícil”, declaró el regidor malagueño esta semana, que días antes había subrayado que tiene pendiente impulsar un camping para este tipo de vehículos. De momento, eso sí, no ha planteado alternativas a los habitantes de las caravanas de Sacaba y espera que el abandono del lugar sea “voluntario”. Mientras, un comunicado municipal recordaba que se tomarán medidas “para impedir el acceso rodado a la parcela” una vez los vehículos dejen el terreno, que el municipio quiere adquirir para levantar equipamiento público, ya que no es urbanizable. La oposición municipal ha solicitado “diálogo y negociación” para resolver la situación. Toni Morillas, portavoz de Con Málaga —confluencia de IU y Podemos— manifestó que los habitantes de este terreno “están exigiendo lo que es de sentido común, que es que el Ayuntamiento dialogue con ellos y con ellas y pueda haber una mesa de negociación”. Luis Rodrigo, parlamentario andaluz de Adelante Andalucía, también ha solicitado “la cancelación inmediata” del desalojo y ha criticado “la inacción de las instituciones ante el aumento de la presión inmobiliaria en la zona”. “Detrás de nosotros están las promociones donde se venden áticos por millones de euros y urbanizaciones para millonarios. Mientras tanto, a la gente trabajadora que vive aquí porque no puede acceder a una vivienda, la única respuesta que le ofrece el Ayuntamiento es la represión”, concluyó por su parte Nico Sguiglia, también portavoz de Con Málaga.