En la jungla inmobiliaria de Málaga hay quien hace tiempo que encontró el hogar en una habitación multiusos sobre ruedas. “Aquí tengo el ventilador. El horno. La nevera. Mira, la televisión: la prendo para que veas que funciona. Tengo una placa solar de 12 voltios y esto lo transforma a 220”, describe Silvio, sentado en la cama, con acento argentino y estilo naturalista, tal y como lo haría un agente inmobiliario o un notario.
Él, que lleva 25 años en Málaga, se define como “clase obrera”, es repartidor de comida a domicilio a media jornada: dos horas y media a mediodía; dos horas y media por la noche. No es orgullo, pero tampoco siente vergüenza en decir que esta caravana es lo que él y María Rodríguez, que vive en la de enfrente, pueden pagarse. “Tenemos todas las comodidades. ¿Es pequeñito? Sí, pero nos adaptamos. Tenemos televisión, aunque no sea de 60 pulgadas”.
Son dos de los habitantes de las parcelas de Sacaba, en el extremo oriental de la capital de la Costa del Sol, a quienes si cumple lo previsto el Ayuntamiento expulsará este martes a las 7 de la mañana, alegando problemas “salubridad, gestión de residuos y convivencia”. Quienes aquí viven se revuelven. Rechazan la etiqueta de vividores y dicen que están al día con todo: se definen como trabajadores honrados, individuos, parejas y familias que no pueden permitirse pagar un alquiler en cualquier otro sitio de la ciudad, cuyos precios disparados llaman la atención hasta del Banco de España. De las grandes de España, esta es la ciudad que mayor esfuerzo económico exige para procurarse un techo.
