La Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Alicante ha nombrado a la entidad FTI & Partners Corporate Recovery Spain como experto en la reestructuración de Wewi Mobile, sociedad matriz del operador de telecomunicaciones Finetwork. El auto judicial, dictado por el juez Gustavo Andrés Martín Martín el pasado 16 de junio y al que ha tenido acceso CincoDías/EL PAIS, estima la solicitud presentada el 14 de mayo por Vodafone España y Vodafone Ono, acreedores que ostentan más del 50% del pasivo de la deudora. Con esta resolución se reactiva el proceso mercantil entre ambas compañías, cuya tramitación ordinaria sufrió demoras debido a la reorganización de las instalaciones judiciales de la oficina de lo Mercantil número 2 decretada por la Generalitat Valenciana, según consta en el propio auto. El nombramiento del experto independiente tiene como objetivo asistir a Wewi Mobile y a sus acreedores en la negociación y elaboración de un plan de reestructuración, tras haber presentado la sociedad una comunicación de apertura de negociaciones en mayo de 2025. La medida judicial coincide con una escalada de tensión en el ámbito penal. La pasada semana se conoció que Vodafone España ha interpuesro una querella ante el Juzgado de Instancia número 2 de Elda (Alicante) contra los fundadores y antiguos gestores de Wewi Mobile por presuntos delitos de administración desleal, apropiación indebida, insolvencia punible, falsedad documental, estafa procesal y delitos societarios. La acción jurídica de la multinacional se fundamenta en una auditoría forense encargada a una firma del sector que analizó la gestión financiera previa a que Vodafone asumiera de forma temporal el control de la filial. Esta querella opera como réplica a la demanda previa admitida a trámite el 21 de mayo por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Elda, en la cual los socios fundadores acusaron a Vodafone España y a su consejero delegado, José Miguel García Fernández, de estafa y administración desleal, reclamando una fianza de 300 millones de euros. El conflicto societario de fondo se agravó después de que la Audiencia Provincial de Alicante anulara el anterior plan de reestructuración mediante el cual Vodafone controlaba Wewi Mobile, lo que supuso el cese de José Miguel García como administrador único y la restitución del consejo original. Los fundadores argumentaron posteriormente problemas registrales para retomar el control efectivo debido a defectos en las cuentas de 2024, mientras que Vodafone justificó la clausura de la sede central de Finetwork en Elda —propiedad de una firma vinculada a los fundadores— por deficiencias estructurales detectadas en marzo. Pendiente de la marcaLa disputa mercantil echa el cierre sobre un límite temporal crítico para el negocio. Wewi Mobile perderá el derecho legal al uso de la marca comercial “Finetwork” el próximo 10 de octubre de 2026, cuya titularidad fue transmitida a Vodafone España el pasado mes de abril mediante un contrato de compraventa firmado por el fundador Pascual Pérez. En paralelo a este entorno de litigiosidad, el empresario eldense Pascual Pérez fue incorporado por primera vez al listado oficial de contribuyentes morosos de la Agencia Tributaria al registrar una deuda firme de 718.968 euros a fecha de 31 de diciembre. Fuentes conocedoras del conflicto confirmaron que los canales de comunicación estratégica se mantienen abiertos. Los portavoces del consejo de administración restituido manifestaron que la resolución del caso requerirá una mesa de negociación extrajudicial para mitigar el perjuicio que la incertidumbre jurídica ejerce sobre la valoración de la operadora. Un posible acuerdo final implicaría el desistimiento cruzado de las acciones penales y la venta de las acciones de Wewi Mobile o, en su defecto, la firma de una nueva licencia de marca a largo plazo que garantice la continuidad operativa de Finetwork. Un largo conflictoLa deuda acumulada por Wewi Mobile con Vodafone se originó principalmente por los saldos comerciales derivados del contrato de provisión de red de telecomunicaciones fija y móvil. Las discrepancias en la facturación y los compromisos de consumo mínimo pactados (take-or-pay) aceleraron el deterioro de la posición de liquidez de la deudora, desembocando en la apertura de negociaciones formales de reestructuración en el ejercicio anterior.El marco normativo de la Ley Concursal española, reformada en 2022, otorga al experto en reestructuraciones un papel de mediación activa para facilitar acuerdos que eviten la insolvencia definitiva. La designación de FTI & Partners busca validar la viabilidad económica de Wewi Mobile mediante un análisis independiente de sus flujos de caja y su capacidad de generación de recursos, en un entorno donde los costes de financiación permanecen elevados.Paralelamente, la venta de la filial española de Vodafone al fondo de inversión británico Zegona Communications, completada a finales de mayo de 2024, modificó la estrategia corporativa del acreedor. Bajo la dirección de José Miguel García Fernández, Vodafone España adoptó una política rigurosa de control de costes, optimización de activos y reclamación de pasivos pendientes, lo que incrementó la presión sobre socios comerciales con saldos deudores.El despliegue comercial de Finetwork se sustentó en campañas agresivas de marketing y patrocinios deportivos de alto perfil, incluyendo la selección española de fútbol y figuras del automovilismo. Estas inversiones de capital buscaron posicionar la marca comercial en el segmento joven, aunque analistas financieros cuestionaron la sostenibilidad a largo plazo de dichos costes fijos ante la erosión del ingreso medio por usuario (ARPU) en el mercado doméstico.La resolución del conflicto de Wewi Mobile mantiene en expectativa a la red de distribución minorista y a las franquicias asociadas a la marca en la Comunidad Valenciana y el resto de España. Las decisiones que adopte el experto independiente respecto a la masa pasiva determinarán si la sociedad mantiene su autonomía de gestión o si se procede a una capitalización de deuda que otorgue el control accionarial definitivo a las entidades acreedoras.