Los socios originales de Finetwork han presentado una querella ante los Juzgados de Elda (Alicante) contra Vodafone España y su consejero delegado, José Miguel García. Esta acción judicial, admitida a trámite el pasado 21 de mayo, acusa a la compañía y a su máximo responsable de administración desleal, entre otros supuestos delitos, cometidos durante el periodo en que Vodafone tomó el control de la matriz de Finetwork, Wewi Mobile. El grupo, asesorado por el despacho Sunkel&Paz, ha emprendido este paso tras realizar una investigación interna sobre la gestión ejecutada durante los meses en que Vodafone estuvo al frente de la operadora. Adicionalmente, los querellantes han solicitado como medida cautelar que Vodafone se abstenga de utilizar la marca Finetwork hasta que se dicte una resolución judicial sobre el fondo del asunto, dado que la operadora roja ostenta la propiedad de la marca desde el pasado mes de abril.Respuesta de VodafoneDesde Vodafone han manifestado a este diario que, hasta la fecha, no tienen constancia oficial de haber recibido dicha querella. La operadora ha calificado de “llamativo” que se planteen estas acusaciones precisamente ahora, cuando Finetwork ha logrado recuperar el orden financiero y la tracción comercial. Asimismo, han criticado la precipitación de las medidas anunciadas, argumentando que los socios de Finetwork aún no han asumido la gestión efectiva del negocio, ya que la sentencia judicial que les devuelve el control todavía no ha sido inscrita en el Registro Mercantil.Paralelamente, Vodafone continúa preparando su estrategia de defensa ante el Tribunal Constitucional para tratar de revertir la resolución de la Audiencia Provincial de Alicante, que anuló el plan de reestructuración inicial y forzó el cambio en la gestión. Este fallo ha derivado en un escenario de bicefalia sin precedentes: mientras los socios originales han recuperado la titularidad legal de la sociedad Wewi Mobile, Vodafone mantiene la propiedad de la marca Finetwork, lo que impide a la operadora alicantina utilizar su propio nombre comercial para operar.No obstante, los querellantes han solicitado ahora en los tribunales que se prohíba caitelarmente el uso de la marca Finetwork, de la que Vodafone ahora es dueña. La actual querella por administración desleal constituye un nuevo frente en esta batalla judicial, que ahora se traslada al ámbito penal mientras ambas partes agotan las vías mercantiles y constitucionales. El litigio que mantiene enfrentadas a ambas compañías tiene su raíz en la compleja situación de insolvencia técnica que atravesaba Finetwork durante 2025. Como principal proveedor de red, Vodafone acumulaba una deuda significativa derivada de los impagos por los contratos mayoristas de acceso a infraestructuras. Ante el riesgo de que Finetwork entrara en concurso de acreedores, Vodafone ejecutó un plan de reestructuración “alternativo”. Esta maniobra permitió a la operadora de origen británico capitalizar parte de su deuda a cambio de acciones, lo que le otorgó el control de más del 95% del capital social de Wewi Mobile y le permitió apartar a la anterior cúpula directiva, nombrando a José Miguel García como administrador único. Sin embargo, los socios originales de Finetwork denunciaron desde el inicio que la valoración de la compañía realizada en aquel momento —que situaba el 90% de la empresa en unos 10 millones de euros— era artificialmente baja, calificando la operación como una expropiación de facto de sus derechos de propiedad.La disputa legal dio un giro radical el pasado mes de abril, cuando la Audiencia Provincial de Alicante desestimó el plan de reestructuración. El tribunal determinó que existió un defecto de forma sustancial en la aplicación de la Ley Concursal: el plan se tramitó como un acuerdo consensuado (artículo 638), cuando, al existir una oposición explícita de los socios fundadores, debería haber seguido el cauce de un plan “impuesto” (artículo 639), el cual exige requisitos de transparencia y valoración mucho más rigurosos. Al no haberse cumplido dichas exigencias legales, la sentencia declaró ineficaz la reestructuración, forzando la reversión del control hacia los socios fundadores.