Los socios fundadores de Finetwork han presentado una querella contra Vodafone España, su filial Vodafone Ono y el consejero delegado de la operadora en España, José Miguel García Fernández, por cuatro presuntos delitos: administración desleal, insolvencia punible, estafa procesal y societarios. El escrito fue admitido a trámite el pasado 21 de mayo por un juzgado de Elda, que ha abierto una investigación contra la operadora y su máximo responsable en España. En la querella, a la que ha tenido acceso El Confidencial, los antiguos dueños califican como un "golpe de Estado" los cinco meses en los que Vodafone pilotó Wewi Mobile, la sociedad propietaria de la marca Finetwork. Un periodo que, sumado al reciente vuelco en el traspaso de la operadora, ha disparado las hostilidades y abierto un nuevo frente, esta vez en la jurisdicción penal. Desde Vodafone señalan a este medio que hasta la fecha, no tienen constancia de haber recibido ninguna querella. Indican que les resulta llamativo que se planteen ahora acusaciones por supuesta administración desleal y otros presuntos delitos vinculados a la gestión de Vodafone, "precisamente en la etapa en la que Finetwork ha recuperado el foco, el orden financiero y la tracción comercial". El detonante de la demanda es la anulación del plan de reestructuración, adelantado en este medio, que en su día permitió a Vodafone hacerse con el 90% de Finetwork. La Audiencia Provincial de Alicante estimó el recurso de los fundadores el pasado 27 de abril y ordenó cancelar la ampliación de capital inscrita en el Registro Mercantil. Fue la primera vez que un tribunal daba marcha atrás a una reestructuración con cambio de control en España. El plan, homologado en septiembre de 2025 por un juzgado de lo mercantil de Alicante, convirtió en capital parte de la deuda millonaria que Finetwork había acumulado con Vodafone, su proveedor de red fija y móvil. Lo que nació como una operación de salvamento acabó en un cambio de dueño que los fundadores impugnaron desde el principio. La sentencia de la Audiencia, adelantada por este diario, les acabó dando la razón y devolvió la compañía a sus manos. Es ahí donde arranca la ofensiva penal. Fianza de 300 millones Los antiguos socios de Finetwork, asesorados por el penalista Víctor Sunkel, reclaman una fianza de 300 millones de euros para cubrir las eventuales responsabilidades civiles y, si Vodafone no la deposita, el embargo de sus bienes hasta cubrir esa cantidad. El escrito sostiene que la gestión de García Fernández dejó a Wewi convertida en un "cascarón vacío" y se hizo "con la explotación de la marca Finetwork que era, junto con sus clientes, el principal activo que tenía Wewi". Los exsocios piden también que el juzgado bloquee la marca Finetwork. En concreto, que prohíba a Vodafone venderla, cederla, sublicenciarla o usarla como garantía mientras dure la investigación, y que la querella quede anotada sobre las participaciones de Wewi y sobre la propia marca. La razón es que el pasado 12 de febrero Vodafone firmó un acuerdo por el que Wewi perdía el derecho a usar el nombre Finetwork si la operadora bajaba del 51% del capital. Según los querellantes, la conducta de García Fernández tenía "desde prácticamente sus inicios, el larvado propósito de obtener a coste cero el control y titularidad de Wewi por parte de Vodafone". Para lograrlo, sostienen en el escrito, la operadora desplegó una "frenética e inicua campaña de pluriactividad judicial tendente a desgastarla económica y financieramente y así forzar su venta a derribo". Demandas civiles por casi 50 millones, un arbitraje internacional por otros 73 millones y el bloqueo de las cuentas bancarias de Wewi. Todo mientras se negociaba en paralelo una supuesta compraventa de la compañía. La querella va más lejos: sostiene que Vodafone utilizó esa negociación —amparada en un acuerdo de confidencialidad— para extraer información interna de Wewi que luego usó en la solicitud de homologación del plan de reestructuración. La operadora desplegó una "frenética e inicua campaña de pluriactividad judicial tendente a desgastarla y así forzar su venta a derribo" García Fernández ejerció como administrador único de Wewi del 7 de noviembre de 2025 al 29 de abril de 2026, en representación de Vodafone. En ese periodo, según la querella, despidió a prácticamente todo el equipo directivo de la compañía y lo sustituyó por personal de Vodafone, cerró las sedes de Elda y Madrid, y no renovó las líneas de financiación que Wewi mantenía con CaixaBank y Banco Sabadell para hacer a la 'teleco' dependiente financieramente de Vodafone. Además, denuncian que los clientes de fibra de Wewi fueron incorporados al proyecto Premiumfiber de Vodafone sin contraprestación alguna para la sociedad administrada. Vodafone, al Constitucional La querella, al acusar a Vodafone de un supuesto delito de estafa procesal, sostiene que el pasado 22 de diciembre, ya con Vodafone al frente de Wewi, la deuda que se ejecutaba contra la 'teleco' en un juzgado de Madrid no se limitó a transformarse, pues quedó cancelada jurídicamente al convertirse en un préstamo participativo de 130 millones con condiciones completamente distintas. Pese a ello, el 30 de abril Vodafone pidió reactivar la ejecución y los embargos ante ese mismo juzgado sin mencionar esa conversión, cuando la deuda original ya no existía legalmente. El juez, sostienen los querellantes, habría sido inducido a mantener los embargos "sobre la base de una realidad obligacional aparentemente inexistente o sustancialmente alterada". Por su parte, Vodafone, tras ver desestimado el pasado 20 de mayo el incidente de nulidad que había presentado contra el fallo de la Audiencia que tumbaba la reestructuración de Finetwork, prepara un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, según adelantó El Periódico. La 'teleco' considera la resolución que la dejó sin el control de Finetwork "inaudita y sorprendente", y sostiene que ha actuado "en todo momento conforme a derecho". Asegura, además, que estudia "otras medidas adicionales" para defender sus intereses, en lo que se ha convertido en uno de los principales frentes judiciales abiertos en el sector español de las telecomunicaciones. Los socios fundadores de Finetwork han presentado una querella contra Vodafone España, su filial Vodafone Ono y el consejero delegado de la operadora en España, José Miguel García Fernández, por cuatro presuntos delitos: administración desleal, insolvencia punible, estafa procesal y societarios. El escrito fue admitido a trámite el pasado 21 de mayo por un juzgado de Elda, que ha abierto una investigación contra la operadora y su máximo responsable en España.