La pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso quiere que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil lo investigue a fondo. Alberto González Amador ha enviado al juez un escrito pidiendo que autorice “a la mayor velocidad posible” todas las medidas que han pedido los agentes y que habían sido denegadas por el magistrado: el acceso a la información tributaria y de la Seguridad Social. Para justificar esta solicitud, dice que quiere poner fin al procedimiento lo antes posible y frenar el supuesto uso político por parte del PSOE.El escrito, enviado este lunes y al que ha tenido acceso EL PAÍS, se conoce después de que la Fiscalía presentara un recurso ante la Audiencia Provincial para que el magistrado autorice el acceso a esos mismos datos, que considera claves para averiguar si Amador pagó un soborno de medio millón de euros a un ejecutivo del grupo Quirón. El juez Antonio Viejo solo había permitido a la UCO una de las tres medidas que le había solicitado, el rastreo de cuentas bancarias, y había puesto en espera la autorización del requerimiento de información a la Agencia Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social.Ahora Amador sorprende al ponerse del mismo lado que las partes que lo acusan. “La existencia de esta pieza es utilizada por la aquí acusación popular (PSOE) como herramienta de su comunicación política de forma sincronizada a cada incidencia judicial que le afecta (esto es, de forma diaria), a costa de la continua lesión de los derechos fundamentales de los ciudadanos llamados a esta pieza”, dice el escrito. La UCO pidió el 19 de diciembre permiso para acceder a esta información. Sin embargo, el juez Viejo solo permitió el registro de las cuentas bancarias. Lo hizo el 10 de junio, seis meses después, en un auto por el que daba permiso para rastrear decenas de cuentas en 16 bancos distintos, donde tenían dinero los tres protagonistas de los hechos investigados, el empresario Alberto González Amador; el presidente y director general de Quirónprevención, Fernando Camino; y la esposa de este último, la farmacéutica Gloria Carrasco.La Guardia Civil escribió el 17 de junio al juez para insistir en la importancia de estos datos, según adelantó este miércoles la Cadena SER. La UCO dice que “considera de gran relevancia” contar con la información de Hacienda y que el análisis bancario debe hacerse en conjunto con las declaraciones ante la Agencia Tributaria porque se trata de informaciones “complementarias”. Su análisis, dice, “debe efectuarse de forma conjunta, en tanto en cuanto es relevante observar las similitudes y, sobre todo, las diferencias que pudieran observarse y que se puedan determinar las cuestiones de interés para la causa, la existencia de flujos no declarados o la detección de flujos que no se correspondan con la realidad observada a través de los productos”.El escrito de la Guardia Civil ha dado pie al fiscal del caso, Diego Lucas, para presentar el 29 de junio un recurso ante la Audiencia Provincial contra el auto del juez que daba solo acceso parcial a la información. El fiscal destaca tres motivos por los que el juez debería dar acceso a todo lo solicitado por la Guardia Civil. En primer lugar dice que no contar con la información tributaria “dificulta enormemente” el trabajo de los agentes, “como ha manifestado la UCO”. Por otro lado, el fiscal también destaca que las medidas denegadas -el acceso a los datos fiscales y de la Seguridad Social- son menos invasivas que el rastreo de las cuentas y por tanto no puede argumentarse, como hizo el juez, que debe conceder los permisos de manera escalonada para proteger los derechos de los investigados. Por último, considera que se está generando un “perjuicio al interés público y a los investigados, dado que alarga innecesariamente” el procedimiento.El juez ha admitido a trámite el recurso y ha dado un plazo de cinco días a las demás partes para hacer alegaciones, según una providencia del 29 de junio a la que ha tenido acceso EL PAÍS.La instrucción del juez Viejo ha suscitado quejas de PSOE y Más Madrid, los dos partidos de izquierda personados como acusación popular. En un escrito al juez fechado este lunes, los dos partidos se quejaron de que el proceso lleva un año “estancado” y de que el magistrado no responde a sus peticiones de impulso procesal.Viejo, de 66 años, heredó el caso en octubre del año pasado después de asumir las riendas del juzgado 19 de instrucción tras la jubilación de su anterior titular, María Inmaculada Iglesias. Viejo ganó la plaza por concurso, que se decidía por el criterio de la veteranía. Se le ha relacionado con la asociación conservadora de jueces Francisco de Vitoria y antes de este juzgado ostentaba plaza en la Audiencia Provincial de Madrid.El caso gira en torno a un presunto soborno de la pareja de Ayuso, Amador, al ejecutivo de Quirón, Camino. El primero es un consultor de sellos de calidad que lleva más de una década trabajando para el segundo. En diciembre de 2020, Amador hizo un pago de 500.000 euros que la Fiscalía considera injustificado. Compró una empresa de estética sin apenas valor contable a la esposa de Camino. El pago se produjo meses después de una voluminosa compraventa de mascarillas por la que Amador se embolsó dos millones de euros como intermediario. Camino era consejero de la empresa compradora, la gallega Mape.Al margen de este asunto, Amador será juzgado por el presunto fraude fiscal de 350.910 euros cometido en las declaraciones del impuesto de sociedades de su consultora, muy dependiente de los trabajos encargados por Quirón.¿Tiene algo que contar? Escriba a fpeinado@elpais.es y mviejo@elpais.es