Marine Le Pen anunció anoche en el telediario de la cadena privada TF1 que es candidata a las elecciones presidenciales francesas de la primavera de 2027, pese a que horas antes el Tribunal de Apelaciones de París la había condenado por malversación de fondos públicos. La líder del Reagrupamiento Nacional (RN), entrará en campaña con el descrédito de una sentencia que incluye penas graves, pero que también contiene la flexibilidad necesaria para dejarle una vía abierta para su supervivencia política. Le Pen no es una figura cualquiera en Europa, sino la dirigente más veterana de la extrema derecha europea y la favorita en los sondeos para suceder a Emmanuel Macron en la presidencia de la República. La posibilidad de que una persona condenada llegue al palacio del Elíseo extiende la mancha del desprestigio para el proceso electoral y, si gana, para el cargo, que en la V República ocupó por primera vez Charles de Gaulle, y para las instituciones de un país que es potencia nuclear y miembro del Consejo de Seguridad de la ONU.Pese a la condena a tres años de cárcel, uno de ellos firme, y pese a la obligación de llevar durante doce meses una tobillera electrónica, Le Pen decidió dar el paso y anunciar su candidatura. Aprovechó así el resquicio que le habían dado los jueces en una sentencia ejemplar en más de un aspecto. La sentencia no deja ningún margen de duda sobre la culpabilidad de la líder del RN en el sistema que durante más de una década sirvió para desviar millones de euros del Parlamento Europeo para el uso de su partido. Y, al mismo tiempo, emitieron una condena con penas suficientemente bajas como para permitirle ser candidata a las elecciones sin infringir la ley por inhabilitación. Así le quitaron uno de sus argumentos favoritos, que consiste en acusar a la Justicia francesa de interferir en el proceso democrático y en sostener que existe una conjura para torpedear su candidatura al palacio del Elíseo. El mensaje es nítido: los magistrados juzgan sobre la legalidad de conductas y hechos, pero son los ciudadanos quienes al fin deciden quién los gobernará.Y los ciudadanos decidirán. La rebaja de la primera pena de inhabilitación que le había impuesto en 2025 una instancia jurídica inferior autoriza a Le Pen legalmente ser candidata. Y, si bien ella había prometido que jamás haría campaña con la tobillera que llevan los delincuentes que cumplen arrestos domiciliarios o se encuentran en libertad vigilada, ha encontrado una vía para ser candidata a la más alta magistratura del Estado sin desdecirse del todo. El subterfugio consiste en presentar un recurso ante el Tribunal de Casación, equivalente al Supremo español, un recurso que debería dejar en suspenso la actual condena y por tanto la librará de la tobillera hasta el nuevo juicio y la nueva sentencia, que podrían llegar tan pronto como en enero de 2027. Entonces podría verse de nuevo condenada y obligada, entonces sí, a ceder la candidatura a su delfín, Jordan Bardella.La decisión de Le Pen no hace más que prolongar la incertidumbre e hipoteca todo el proceso electoral. Y es una demostración de los verdaderos colores de la hija de Jean-Marie Le Pen, que pese a los esfuerzos por parecer más moderada revela un talante y método parecido en esto al de Donald Trump que al de alguien que aspira a ocupar la silla del general De Gaulle. Un presidente condenado es algo a lo que nos hemos acostumbrado en Estados Unidos. En la República francesa y en Europa jamás debería convertirse en algo normal.