Dentro de apenas un par de meses se cumplirán dos años desde que el Consejo de Ministros aprobara el llamado Plan de Acción por la Democracia. Era la respuesta que daba Pedro Sánchez tras la imputación de su esposa, Begoña Gómez, por parte del juez Juan Carlos Peinado que se había producido en abril. El presidente del Gobierno se tomó cinco días para reflexionar y a su vuelta prometió impulsar la regeneración democrática. Se aprobaron entonces 31 medidas de diferente naturaleza. PublicidadEste martes, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, presentó en Moncloa la aprobación del Proyecto de la Ley Orgánica de protección civil de los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La norma, cuyo anteproyecto de ley fue aprobado en enero, pasa ahora al Congreso para iniciar los trámites parlamentarios necesarios para su aprobación.Bolaños destacó que esta iniciativa supone un nuevo impulso en la ejecución del Plan. Se ha desarrollado ya, según afirmó, el 87% de su contenido, con 27 de las 31 medidas "completadas o en tramitación avanzada". Pero el Gobierno hace estos cálculos basándose en sus funciones ejecutivas y no legislativas. Es decir, no se tiene en cuenta la aprobación en las Cortes de las medidas que no lo necesitan. En este sentido, de las 31 medidas contempladas en el documento, solo siete de ellas estarían al 100% desarrolladas. Bien porque corresponden a hitos ya cumplidos o porque no necesitan de validación parlamentaria. En otras 11, el Gobierno ya habría cumplido su papel en el Consejo de Ministros, en nueve quedan trámites por realizar dentro del Ejecutivo, una de ellas está a punto de llevarse a votación en el Pleno y solo en tres medidas no se conocen avances de manera pública. En el primer grupo de medidas se incluye la Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto, que se celebró ya del 6 al 10 de octubre de 2025 en Vitoria. También se completó la ejecución del IV Plan de Gobierno abierto y la preparación del V Plan de Gobierno abierto, aprobado el 6 de octubre del pasado año.PublicidadEn enero de 2025 también se aprobó el Sistema de Integridad de la Administración General del Estado. En octubre de 2024 se aprobó lo que fue la primera medida de este Plan, el Real Decreto de ampliación de la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal "para crear dos nuevas unidades especializadas de la Fiscalía para avanzar en la lucha contra el fenómeno de la corrupción pública y privada". Dos meses después se puso en marcha un programa de ayudas dotado con 100 millones de euros para promover la digitalización de los medios de comunicación. Entre estas siete medidas se pueden incluir la simple aprobación del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, que fue aprobado en el Consejo de Ministros del 26 de agosto de 2025. El despliegue total de sus medidas, como informó este medio, depende en gran parte de que salga adelante la Ley Orgánica de Integridad Pública (LOIP). Como el mismo Sánchez proclamó hace unas semanas, este paso se dará en julio. En el Plan de Acción por la Democracia se incluyó también la aprobación del Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, que está en marcha como tal desde octubre de 2024 aunque con algunos flecos pendiente de la mencionada LOIP. El Gobierno contabiliza otras 11 medidas como aprobadas porque su hoja de ruta ya solo depende del Congreso y de que haya una mayoría suficiente. Ninguna de ellas se encuentra en la fase final por lo que no se esperan grandes avances al menos hasta después del verano. Se incluyen en este paquete la reforma aprobada este mismo martes sobre el derecho al honor o la Ley Orgánica reguladora del derecho de rectificación. Fuentes gubernamentales señalan a Público que precisamente sobre estas dos normas "hay mucho interés por parte de los grupos" en que se aprueben y creen que se podrán desatascar de manera más o menos rápida. PublicidadEn el Congreso está también la reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. Esta iniciativa incluye dos medidas del Plan de Acción por la Democracia: establecer la obligación de celebrar debates electorales entre candidatos y candidatas y establecer una obligación de publicación de todos los microdatos de las encuestas electorales. Se aprobó en el Consejo de Ministros en julio del pasado año. Pendiente de las tramitaciones parlamentarias está también la aprobación de un proyecto de Ley de Grupos de Interés. Es decir, la llama ley de lobbies. Hace pocos días el ministro de Transformación Digital y para la Función Pública, Óscar López, urgió a los grupos a acelerar el proceso para aprobarla. Esta medida está también incluida en el Plan anticorrupción impulsado en julio del pasado año tras la detención del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. En materia mediática, el 29 de julio de 2025 el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y medios de comunicación. En esta norma se incluyen otras medidas del plan de regeneración que debería aprobar el Congreso antes de que acabe la legislatura si se pretende que entren en vigor. Son la reforma de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para aumentar sus competencias; la creación de un registro de medios de comunicación y la revisión del marco regulatorio para evitar la concentración mediática. Siete días antes se aprobó en Consejo de Ministros la reforma de la Ley sobre secretos oficiales, que todavía no ha generado consensos en la Cámara Baja. En este grupo de medidas se encuentran otras dos iniciativas que no han salido directamente del Consejo de Ministros sino que han sido tramitadas por los grupos parlamentarios del Congreso. Una de ellas es la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como 'ley mordaza'. Su derogación se arrastra desde la pasada legislatura y en estos momentos las negociaciones están congeladas desde hace casi un año. Por último, está pendiente también la reforma del Código Penal para eliminar los llamados delitos de opinión contra instituciones del Estado, contra sentimientos religiosos o de escarnio público. Hace pocas semanas PSOE y Sumar anunciaron un acuerdo para desbloquear este asunto por lo que se espera que pueda avanzar en el Congreso con brevedad.Flecos en el Gobierno y tareas pendientes El Ejecutivo de Sánchez tiene todavía tareas pendientes para avanzar en el Plan de Acción por la Democracia. Concretamente en nueve de las medidas. Falta por aprobarse en segunda vuelta, y por tanto remitirlo las Cortes Generales el Proyecto de Ley de Administración Abierta. También el establecimiento legal de rendición de cuentas cada seis meses para todas las administraciones, incluida en esta misma ley, cuyo anteproyecto se aprobó en Consejo de Ministros el 7 de octubre. La reforma de la Ley de publicidad institucional es una de las grandes apuestas incluidas en este plan. No fue hasta el pasado mes de febrero cuando se dieron los primeros pasos. En esta iniciativa se incluyen hasta cuatro medidas anunciadas por el Gobierno en septiembre de 2024. Son el establecimiento de un deber de publicación anual de inversión publicitaria por parte de todas las administraciones públicas; la introducción de criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación en las asignaciones; límites a la financiación que las administraciones públicas pueden dedicar a los medios de comunicación y, por último, reformas en los sistemas de medición de audiencia. Queda todavía que se apruebe en segunda vuelta en el Consejo de Ministros como paso previo a que llegue al Congreso. PublicidadEn una situación similar están la la Ley de secreto profesional de los periodistas y la transposición de la Directiva anti SLAPP para protección de los periodistas de acosos externos. Po otra parte, la aprobación de la ya mencionada LOIP desbloquearía también la última medida en tramitación: el refuerzo del régimen sancionador aplicable a los partidos políticos que presenten sus cuentas de manera inadecuada. Por otro lado, aunque todavía no está aprobada, la reforma del Reglamento del Congreso y del Reglamento del Senado "para reforzar las sanciones por la no presentación de declaración de bienes por parte de sus miembros o la presentación de información falsa o incompleta" se encuentra en una fase muy avanzada ya que se ha aprobado la ponencia. Es decir, el paso previo a votarse en el Pleno del Congreso. Entre las tres medidas sobre las que no se conocen avances de ningún tipo se encuentra la creación de una comisión en el Congreso sobre desinformación; el desarrollo de una estrategia nacional de lucha contra las campañas de desinformación o la reforma del Reglamento del Congreso para establecer la obligación de celebrar anualmente el Debate sobre el Estado de la Nación.