El Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado su deseo de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de los presupuestos vascos de 2026. En concreto, el Ejecutivo central cuestiona una enmienda que introdujeron a última hora PNV y PSE-EE para modificar la normativa autonómica de Cooperación de 2024 y levantar el veto a la concesión de ayudas públicas a la industria armamentística o de defensa siempre que estuvieran alineadas con la denominada Estrategia Europea de Seguridad. La sangre no ha llegado todavía al río y, en aplicación de la ley reguladora del Tribunal Constitucional, ambos Gobiernos han creado una comisión bilateral para tratar de resolver las discrepancias de interpretación a nivel político. Fuentes de Ejecutivo de Imanol Pradales confían en que se pueda alcanzar un acuerdo.
El punto de conflicto es la disposición final décima de las cuentas. Es una redacción que no aparecía en el texto original que envió el Gobierno al Parlamento, pero que se introdujo como enmienda, a propuesta de PNV y PSE-EE, en la tramitación. Como justificación, nacionalistas y socialistas explicaron que era necesario retocar una ley muy reciente, la de Cooperación, porque, textualmente, “peligraba” la “movilización de 325 millones de euros en inversión industrial”. Se trataba de proyectos que quedarían fuera si se interpretaba que su actividad era de “doble uso”, militar y civil. Se aludía a ámbitos como la ciberseguridad, el sector aeroespacial y los combustibles renovables.
