La presunta corrupci�n en torno a la antigua mano derecha (2021-2025) de Pedro S�nchez, Santos Cerd�n, investigada por la Guardia Civil y la Justicia, va poco a poco dejando de conformar un archipi�lago de causas sin vinculaci�n ni sentido entre s� para ir uni�ndose, mediante una suerte de puentes, en lo que parece ser una sola oce�nica trama. Que gira, a veces m�s de lleno, a veces de forma m�s tangencial, en torno al colaborador principal del ex n�mero 2 del Partido Socialista, Antxon Alonso.As�, lo que en principio eran los casos Koldo, Leire D�ez, Sepi y Forestalia, distintas presuntas corruptelas, que abr�an telediarios por estar vinculadas al PSOE y con algunos actores que sospechosamente se repet�an, cada vez van uni�ndose m�s, con Antxon Alonso, a la postre socio secreto (mediante escritura privada) del ex n�mero 2 del PSOE en Servinabar, como nexo m�s evidente.El �ltimo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) desvela as� que una de las mercantiles centrales en el caso Forestalia, en el que se acusa al ex subdirector de Evaluaci�n Ambiental del Ministerio de Transici�n Ecol�gica Eugenio Dom�nguez de haber recibido cinco millones por favorecer a la empresa de Fernando Samper, fue a la vez uno de los canales no de pago de cohechos, sino de supuesto cobro, por parte de los conjurados en el caso Sepi, liderado por el ex presidente de la Sociedad Espa�ola de Participaciones Industriales Vicente Fern�ndez Guerrero, y por la fontanera socialista Leire D�ez -que a su vez tiene tambi�n su propia trama hom�nima, en la que el juez Santiago Pedraz la acusa de pretender �desestabilizar� las causas judiciales contra el Partido Socialista-.La sociedad se llama Next Generation Caliope Innova SL, y evidencia c�mo los entramados corruptos tienden a relacionarse entre s�. A ella estaban vinculadas las firmas que se usaron para, presuntamente, sobornar a Dom�nguez con hasta cinco millones de euros. Y, seg�n Anticorrupci�n, esa sociedad, junto a Servinabar y otra denominada Mediaciones Mart�nez, sirvi� para la �gesti�n y circulaci�n de fondos de aparente procedencia il�cita� en el caso Sepi, seg�n informe al que ha tenido acceso EL MUNDO.La historia, adem�s, viene a explicar c�mo dos cuerpos policiales, ambos perteneciente a la Benem�rita, terminan confluyendo tras comenzar a investigar una misma cuerda por distintos cabos.La UCO arranc� por el lado m�s directamente de Santos Cerd�n, tras explotar el caso Mascarillas y en parte alertada por una sencilla denuncia an�nima, en Navarra, contra Servinabar, la empresa supuestamente usada para conseguir contratos y cohechos. Un ciudadano an�nimo se dio cuenta de que la sociedad fundada en 2015 por Antxon ganaba concursos de millones de euros sin apenas empleados ni m�sculo real. Dentro de Servinabar se consignaban pagos a Vicente Fern�ndez, ex presidente de SEPI, que hab�a estado a sueldo de la propia firma. Los agentes se convencieron muy pronto de que Servinabar era, presuntamente, un instrumento para conseguir contratos p�blicos y las consiguientes mordidas, as� que todo lo que hubiera pasado por ese contenedor podr�a tener el marchamo de presuntamente ilegal.La UCO descubri� el chat Hirurok, en el que Antxon, Leire y Vicente Fern�ndez proyectaban negocios de apariencia il�cita, y en �l cinco operativas para supuestamente comisionar ilegalmente, una de ellas vinculada a Forestalia: el cobro por el grupo de 200.000 euros a cambio de conseguirle a Samper un rescate p�blico de 17 millones para una de sus firmas, Arapellets.El otro cabo en torno a Next Generation Caliope Innova era mucho m�s lejano: concretamente, se hallaba en el Maestrazgo, una zona solitaria, agreste y bell�sima de Teruel. All�, la rama medioambiental de UCO, llamada UCOMA, comenz� a destejer hace a�os la posibilidad de que Fernando Samper, heredero del c�rnico Grupo Jorge y devenido en magnate de los parques e�licos en Arag�n, hubiera untado a funcionarios p�blicos para conseguir permisos medioambientales para instalar molinos de viento.El negocio de Samper era claro, seg�n han conseguido cuadrar los agentes: arrancar los parques, conseguir permisos y vender, con la consiguiente plusval�a. Para ello, presuntamente, consigui� controlar el Inaga, la instituci�n aragonesa que otorgaba los permisos, pero cuando los proyectos superaban determinada producci�n el�ctrica, 50 megahertzios, deb�an aprobarse en Madrid, en el Ministerio.Fernando Samper busc�, as�, una puerta en Madrid, y lo habr�a logrado -es la hip�tesis de los informes policiales- a trav�s de Antxon Alonso, quien tambi�n sent� al empresario zaragozano con el Gobierno navarro (en concreto con el consejero Jos� Mar�a Aierdi). Antxon maniobr� para llegar al subdirector de Evaluaci�n Ambiental, Eugenio Dom�nguez, quien entre 2022 y 2023 asumi� �l s�lo decenas de expedientes de gran complejidad, tomando �l m�s proyectos que la casi cincuentena de funcionarios a su cargo. EL MUNDO public� en noviembre pasado las quejas de �presiones� recibidas por esos funcionarios, y UCOMA le detuvo en febrero: los agentes consiguieron cuadrar que se hab�a pagado a Dom�nguez cinco millones. �Qui�n le puso en contacto con Forestalia?, le preguntaron. �Antxon�, respondi�.