La acusación popular que ejerce Ciudadanos en la causa del escándalo de las viviendas de protección pública de Alicante ha pedido a la jueza instructora que cite como testigo al exconcejal del PP Antonio Gallego, quien en la sesión del pasado 2 de julio de la comisión de investigación de las Corts Valencianes contradijo la versión del alcalde Luis Barcala y de la exedil de Urbanismo que figura imputada en el procedimiento, Rocío Gómez.
La investigada, en su declaración ante la jueza del pasado 20 de mayo, desvinculó la vivienda que ella y su marido poseen en el residencial Les Naus de su actividad municipal, mientras que Gallego aseguró que Gómez le pidió que respondiera él una pregunta de la oposición sobre esa partida de pisos protegidos al tener ella una casa allí “y que no quería que se mezclaran las cosas”.
El escrito del abogado de Ciudadanos, Eduardo García-Ontiveros, asegura que las declaraciones del exedil “contradicen directamente el relato oficial sostenido hasta la fecha por la corporación municipal”.
Mientras que el alcalde popular, Luis Barcala, siempre ha mantenido que desconocía las irregularidades en la adjudicación del residencial Les Naus, el exconcejal Antonio Gallego afirmó en la comisión de investigación que “se puede intuir” que “la alcaldía ya conocía la situación de la concejala en el año 2024”.
