Los principales imputados en el escándalo de la adjudicación de las viviendas de protección pública (VPP) de lujo de Les Naus, en Alicante, han declarado hoy ante la magistrada que instruye el caso. La exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez, que dimitió al saltar la polémica, ha declarado que solo recuerda que se adhirió junto con su marido a la cooperativa en 2021. Del resto, ni siquiera admite que supiera que sus suegros estaban empadronados en Les Naus. Por otra parte, la jueza ha denegado a la Generalitat valenciana su personación en la causa, ya que no ha “sufrido un perjuicio directo” y su participación como acusación particular generaría un “evidente conflicto de intereses”.Gómez, que había pedido abrir el turno de declaraciones por cuestiones de conciliación familiar, ha tenido que esperar en el banquillo a que se sucedieran los testimonios de los técnicos municipales llamados a declarar por la jueza. Una vez que le ha llegado el turno, Gómez, propietaria de una de las VPP, no guarda en la memoria nada de lo sucedido después de 2022. Ante la jueza, ha apuntado que se adhirió a Les Naus en diciembre de 2021, sin que ostentara aún el cargo de edil y sin obtener información por parte del ayuntamiento, y que, junto a su marido, dieron la entrada en 2022. A partir de ahí, lagunas de memoria. No recuerda si se informó del avance de la promoción cuando ocupaba su despacho de concejal. Tampoco que el promotor de la obra y responsable de las adjudicaciones, Francisco Ordiñana, reivindicara ninguna modificación del contrato, ni siquiera las reuniones mantenidas con él. Gómez ha afirmado por último que desconoce si sus suegros están empadronados en la lujosa urbanización y niega cualquier relación con los hijos de la exdirectora general municipal María Pérez-Hickman, también beneficiados.Ante la magistrada también ha comparecido el arquitecto municipal Francisco Nieto, quien ha asegurado que se enteró por un compañero de la promoción de Les Naus en 2022, antes de ser funcionario de carrera. Según su relato, pese a que intervino en 2024 en varias reuniones técnicas relacionadas con esta promoción, siguió adelante con su intención de comprar una vivienda. Aunque, asegura, ni hizo valer su condición de funcionario para la adquisición ni se presentó de forma voluntaria como responsable técnico del contrato. Una afirmación que niega el técnico Antonio Faura, designado supervisor de la obra. Faura asevera que Nieto se ofreció a Patrimonio para participar en el proyecto y que llevaba en las reuniones un documento con modificaciones en el contrato que coincidían con las motivaciones de la constructora. El técnico añade que que ni Nieto ni la concejala de Urbanismo le mencionaron su participación en la cooperativa .Otra de las intervinientes ha sido Paloma Romero, técnica municipal, quien señala que informes realizados por ella y otro de los comparecientes, Pablo Torregrosa, que eran meros borradores sin firmar, aportaban nombres de los implicados que posteriormente desaparecieron del dosier definitivo. También ha corroborado que tras la publicación de los pliegos para la construcción de las VPP, la cooperativa de Ordiñana presentó su candidatura al día siguiente. Junto a ellos se presentaron cuatro empresas más, afirma Romero. Si de ella hubiera dependido, no habría permitido la intervención de Nieto en una actuación que le afectaba directamente. Por su parte, Torregrosa ha manifestado que Ordiñana les repitió en varias ocasiones que había pagado mucho por el suelo y exigía una compensación económica o la asignación de otra parcela. En cuanto a Nieto, mantiene que el arquitecto nunca mencionó que estaba apuntado a la cooperativa.Al margen de las declaraciones previstas para hoy, la magistrada ha denegado a la Generalitat la petición de personarse como acusación particular. En su auto, la jueza recuerda que “las administraciones públicas únicamente pueden ejercer la acusación particular cuando acrediten un perjuicio concreto, real y directo derivado del delito investigado” y en este caso no se ha acreditado que la Generalitat “haya sufrido un perjuicio patrimonial, personal o institucional directo”. De esta forma, continúa la magistrada, su participación como acusación particular se solaparía “con la función constitucionalmente atribuida al Ministerio Fiscal”. Igualmente, la jueza aprecia “un evidente conflicto de intereses”, ya que el gobierno autonómico aparece vinculado “funcional u orgánicamente a los hechos y personas investigadas, o bien ostenta competencias relacionadas con el ámbito material en el que aquellos se produjeron”, con lo que se “compromete la exigencia de objetividad”.El juicio, que se sigue en el Tribunal de instancia 5 de Alicante, investiga las posibles irregularidades cometidas en la adjudicación de 140 viviendas con trastero y garaje, situadas en una urbanización con piscina, gimnasio, pistas deportivas y centro social en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Entre los beneficiarios de la promoción aparecen altos cargos y técnicos del Ayuntamiento y de los servicios territoriales de la Consejería de Vivienda, junto a personas que no cumplían los requisitos económicos impuestos en esta promoción de vivienda pública, la primera en Alicante en dos décadas.