El esc�ndalo por la presunta adjudicaci�n irregular de viviendas de protecci�n p�blica (VPP) en Alicante sigue escalando en el juzgado, donde este mi�rcoles han comenzado las primeras declaraciones de los imputados. La titular de la plaza n�mero 5 de la Secci�n de Instrucci�n del Tribunal de Instancia de Alicante cit� como investigados a un total de 15 personas relacionadas con la pol�mica urbanizaci�n de Les Naus. Incluidos el arquitecto municipal, Francisco Nieto, o la ex concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Roc�o G�mez, que ante la jueza se ha parapetado tras su falta de memoria. La que fuera fichaje estrella del alcalde Luis Barcala (PP), que tuvo que dimitir cuando trascendi� que hab�a sido una de las agraciadas con una vivienda en la urbanizaci�n de la Playa de San Juan, ha explicado que se enter� de la promoci�n de Les Naus por su marido, que fue quien se apunt� en 2018. Seg�n fuentes conocedoras de su declaraci�n ante la jueza, G�mez ha relatado que se adhiri� junto con su marido a la cooperativa impulsora de la promoci�n el 18 de diciembre de 2021, antes de entrar al Ayuntamiento como concejala. G�mez, que siempre ha defendido que entr� en pol�tica en 2023, ha insistido en que fue en 2022 cuando dieron la entrada para un piso. Ante la jueza ha reiterado que no ten�a ninguna informaci�n sobre Les Naus por parte del Ayuntamiento antes de ser concejala. Pero, a partir de ah�, seg�n las fuentes consultadas, todo han sido evasivas por su parte. La ex concejala ha declarado que no recordaba que se informara de Les Naus cuando era concejala ni que el promotor exigiera modificaciones del contrato. En esta l�nea, ha asegurado que tampoco recordaba reuniones con �l. Y que ni siquiera sabe si sus suegros est�n empadronados en Les Naus, donde tienen tambi�n un piso. Antes que la ex concejala ha declarado Francisco Nieto. Como arquitecto del Ayuntamiento de Alicante, particip� en la tramitaci�n de los pisos de Les Naus e intervino en el contrato con la cooperativa que se hizo con el suelo municipal para impulsar la urbanizaci�n. Pese a ello, finalmente fue uno de los beneficiarios de una vivienda p�blica.Seg�n fuentes conocedoras de su declaraci�n, Nieto se ha justificado ante la jueza diciendo que no hizo valer su condici�n de funcionario para adquirir una vivienda. De hecho, ha insistido en que se enter� por un compa�ero de piso de la promoci�n de VPP en 2022, cuando ni siquiera ocupaba entonces su plaza de funcionario.Nieto, que entonces dio sus datos a la cooperativa de Francisco Ordi�ana -tambi�n investigado-, no fue contactado hasta enero de 2025 para ser informado de una vacante en Les Naus. Y ello a pesar de que en julio de 2024 comenz� a participar en las reuniones t�cnicas sobre la promoci�n, tal y como �l mismo ha admitido.De hecho, dos t�cnicos del �rea de Patrimonio del consistorio alicantino han declarado como testigos que desconoc�an que Nieto estuviese apuntado en la cooperativa de Les Naus. El arquitecto se ha defendido ante la jueza se�alando que �l no pidi� ni se ofreci� voluntariamente para ser el responsable t�cnico del contrato.La jefa del servicio municipal de Gesti�n Patrimonial del Ayuntamiento de Alicante, Paloma Romero, ha declarado, en calidad de testigo, que el promotor present� su oferta por los terrenos tan solo 24 horas despu�s de la publicaci�n de los pliegos. La funcionaria ha detallado que al pliego se presentaron un total de cinco ofertas, si bien finalmente result� adjudicataria la promotora Fraorgi, de la que era administrador �nico Francisco Ordi�ana. La testigo no ha sabido explicar a la magistrada c�mo pudo hacerlo con tanta celeridad.Personaci�n de la GeneralitatLa magistrada, por otro lado, ha denegado la personaci�n de la Generalitat como acusaci�n particular en la causa. Seg�n argumenta, no est� acreditado que "haya sufrido un perjuicio patrimonial, personal o institucional directo como consecuencia de los hechos objeto de investigaci�n".En su auto, la jueza alude tambi�n a la existencia de un "evidente conflicto de intereses", puesto que la Generalitat "aparece vinculada funcional u org�nicamente a los hechos y personas investigadas, o bien ostenta competencias relacionadas con el �mbito material en que aquellos se produjeron".Y esta circunstancia, insiste, "compromete la exigencia de objetividad que debe presidir la actuaci�n de las administraciones p�blicas y resulta incompatible con el ejercicio de la acci�n penal como parte acusadora, pudiendo generar una quiebra del principio de igualdad de armas y del derecho a un proceso con todas las garant�as".