La primera testigo que declara en la causa que investiga el escándalo de la adjudicación de las viviendas protegidas en Alicante ha responsabilizado directamente a la exconcejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Rocío Gómez, del descontrol del que alertaron los técnicos.
Se trata de la funcionaria Paloma Romero, jefa del servicio municipal de Gestión Patrimonial, que también ha apuntado a María Pérez-Hickman, exdirectora general municipal de Contratación Pública cuyos dos hijos y un sobrino obtuvieron sendas viviendas en el residencial Les Naus, como la encargada de los contratos privados. “Siempre los llevaba” Pérez-Hickman, ha afirmado la testigo, según informan a elDiario.es fuentes conocedoras de la testifical.
Por otro lado, Romero ha refrendado que la empresa de Les Naus (una de las cinco que optaba al proceso) se presentó a la licitación pública al día siguiente de la publicación de los pliegos. Entre 2022 y 2025, el Ayuntamiento de Alicante, gobernado por el popular Luis Barcala, no nombró a “nadie” para “controlar técnicamente” la obra.
Los técnicos, ha apostillado la testigo, lo solicitaron “muchas veces”, incluso a la concejala de urbanismo, Rocío Gómez, según ha destacado.
