Javier Tajadura TejadaActualizado Lunes,

julio

23:52El narcotr�fico es hoy en d�a una de las mayores amenazas para la seguridad de los Estados y la integridad de sus instituciones. En Hispanoam�rica, la violencia desplegada por los c�rteles de la droga y su actividad corruptora han convertido a algunos pa�ses de la regi�n en Estados fallidos. En los �ltimos a�os, las alarmas se han disparado tambi�n en Europa porque los c�rteles latinoamericanos ya no se limitan a proveer de drogas a las organizaciones criminales locales, sino que han establecido su presencia directa en Francia, B�lgica, Pa�ses Bajos y Espa�a.Por lo que se refiere a nuestro pa�s, el Consejo de Seguridad Nacional ha advertido en sus �ltimos informes que las organizaciones criminales vinculadas al narcotr�fico han ido incrementando su presencia y actividad, han penetrado en diversos sectores econ�micos y han aumentado sus enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Sus miembros act�an cada vez de forma m�s violenta y disponen de armamento de guerra. Para hacer frente a esta situaci�n, el Consejo aprob� el a�o pasado una Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado. Lamentablemente, transcurrido un a�o desde su aprobaci�n, la situaci�n ha empeorado. La Estrategia adoptada presenta carencias e insuficiencias que deben ser corregidas.La respuesta del Estado debe ser proporcional a la gravedad de la amenaza. Y, desde esta �ptica, conviene subrayar que las organizaciones criminales vinculadas al narcotr�fico representan un peligro de mayor entidad para la seguridad y la integridad de los pa�ses europeos que las organizaciones terroristas que hemos padecido (ETA, Grapo, Brigadas Rojas, Fracci�n del Ej�rcito Rojo). Estas �ltimas estaban integradas por fan�ticos iluminados que -con el respaldo de la Uni�n Sovi�tica y sus sat�lites- albergaban proyectos demenciales de subversi�n pol�tica y social, pero nunca -conviene recordarlo- tuvieron la menor posibilidad de doblegar y derrotar a los Estados. Lo mismo cabe decir de las organizaciones terroristas isl�micas hoy activas.Por el contrario, en el caso de las organizaciones criminales vinculadas a las drogas, su prop�sito es el enriquecimiento, y para alcanzarlo aspiran a penetrar en las instituciones corrompi�ndolas. De esta forma pueden acabar derrotando al Estado. La experiencia latinoamericana no permite albergar dudas a este respecto.Estamos pues ante una amenaza existencial, y la respuesta que hasta ahora ha dado el Gobierno es manifiestamente insuficiente. Es preciso incrementar los medios humanos y materiales de las Fuerzas de Seguridad del Estado y del Poder Judicial y, sobre todo, reforzar los instrumentos (legales y procesales) para enfrentarse con �xito a las bandas criminales.La reciente muerte de dos guardias civiles en la costa onubense en el transcurso de una persecuci�n a una narcolancha pone de manifiesto la escandalosa disparidad que existe entre los medios de que disponen los criminales y los de los agentes de la Guardia Civil que se juegan la vida a diario por la defensa de nuestras libertades. En este contexto, cabe hacer las siguientes consideraciones.En primer lugar, resulta obligado por razones de m�nima decencia reconocer a los agentes de la Guardia Civil y de la Polic�a Nacional su condici�n de profesi�n de riesgo (que ostentan las polic�as auton�micas y otros muchos colectivos). El PSOE y Sumar utilizan su mayor�a en la Mesa del Congreso para paralizar indefinidamente el cambio normativo en este sentido. Han prorrogado m�s de 70 veces el plazo de presentaci�n de enmiendas.En segundo lugar, hay que dotar a los agentes de las Fuerzas de Seguridad de los medios legales que les permitan defenderse. En el transcurso de las persecuciones a las narcolanchas, los agentes no est�n autorizados a abrir fuego si desde las barcas no les disparan previamente porque se considera que se tratar�a de una respuesta desproporcionada. Ahora bien, de esta forma, en toda persecuci�n -que deben llevar a cabo en cumplimiento de su deber- los agentes ponen en grave riesgo su vida porque los tripulantes de las narcolanchas desobedecen las �rdenes de detenci�n y emprenden maniobras peligrosas, incluso de abordaje. Estas maniobras en ocasiones provocan la muerte de los guardias civiles. Muertes en acto de servicio que podr�an ser evitadas si se permitiera -tal y como se prev� en el ordenamiento jur�dico franc�s (art�culo 435.4 del C�digo de Seguridad Interior)- utilizar la t�cnica del �fuego inhabilitante�, que consiste en inutilizar los sistemas de propulsi�n y de guiado de las embarcaciones mediante armas de fuego (rifles de precisi�n). Privadas del motor y del tim�n, las narcolanchas podr�an ser detenidas con �xito. El C�digo de Seguridad franc�s prev� expresamente que la polic�a y la gendarmer�a pueden utilizar sus armas de fuego �cuando no puedan inmovilizar, salvo mediante su uso, veh�culos embarcaciones u otros medios de transporte cuyos conductores no obedezcan las �rdenes de alto y cuyos ocupantes puedan en su huida atentar contra su vida o integridad f�sica o contra los de terceros�.El Partido Popular ha registrado recientemente en el Congreso una proposici�n de reforma de la Ley Org�nica de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para incluir un nuevo art�culo (5 bis), similar al precepto franc�s, que precisa las reglas de enfrentamiento para evitar que intervenciones en situaciones de riesgo extremo terminen en procesos penales o disciplinarios contra los servidores p�blicos. El cambio propuesto responde a una necesidad imperiosa no solo para afrontar con posibilidades de �xito la lucha contra el narcotr�fico, sino tambi�n para ofrecer la debida protecci�n al derecho fundamental a la vida y a la integridad f�sica de los miembros de las Fuerzas de Seguridad.En tercer lugar, en cuanto Espa�a se dote de un Gobierno democr�tico parlamentario (esto es, uno que goce de la confianza de la mayor�a del Congreso) y que logre la aprobaci�n de unos Presupuestos Generales del Estado, estos deber�n incluir las partidas necesarias para incrementar las plantillas de las Fuerzas de Seguridad -sobre todo de la Guardia Civil- y para mejorar sus condiciones retributivas. La Guardia Civil es un elemento vertebrador del Estado y s�mbolo de la unidad constitucional de Espa�a. Ser� preciso revertir el cierre de cuarteles y el recorte de efectivos que el Cuerpo ha sufrido en Arag�n, La Rioja y Castilla y Le�n.El refuerzo de los medios humanos, materiales y legales de la Guardia Civil debe venir acompa�ado de reformas procesales para que el Poder Judicial pueda desempe�ar correctamente su funci�n de enjuiciamiento de estos graves delitos. En este �mbito, la escasez de medios resulta tambi�n escandalosa, y la legislaci�n procesal, disfuncional. Los juzgados de las provincias afectadas no disponen de medios ni de capacidades para librar con �xito una batalla contra delitos muy complejos, que implican flujos financieros ocultos en otros Estados y que requieren una visi�n global y recursos especializados. As�, la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional -con el respaldo de la mayor�a de las asociaciones judiciales- ha advertido la necesidad de extender sus competencias para combatir eficazmente la lacra del narcotr�fico. Se trata de asumir el conocimiento de los delitos de narcotr�fico y blanqueo de capitales, aunque no concurra el requisito de la multiprovincialidad.La Audiencia Nacional, gracias a su capacidad de acci�n dentro y fuera de Espa�a, es el �rgano id�neo para combatir con �xito este tipo de delincuencia. Es preciso por ello derogar cuanto antes el requisito de que los efectos del delito se produzcan en lugares pertenecientes a distintas audiencias provinciales para que el caso pase a la Audiencia Nacional. La reforma deber�a venir acompa�ada l�gicamente de la ampliaci�n de juzgados y medios de la Audiencia Nacional.En definitiva, la lucha contra el narcotr�fico exige fortalecer los instrumentos del Estado para combatirlo con eficacia. Esos instrumentos son, fundamentalmente, la Guardia Civil y la Audiencia Nacional. s instituciones imprescindibles para la defensa de la libertad y de la democracia.Javier Tajadura Tejada es catedr�tico de Derecho Constitucional en la EHU