La fundación que dirige el expresidente José María Aznar, FAES, celebra con entusiasmo la propuesta que Alberto Núñez Feijóo anunció el lunes de que, si llega al poder, aprobará una ley estatal para dar ayudas públicas al concebido no nacido inspirada en la del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en Madrid. El think tank conservador ha publicado este martes un comunicado en el que defiende la iniciativa y carga contra la reacción de la izquierda ante esta medida, que define como “farisaica”. “¿A quién puede agredir u ofender el fomento de la natalidad, la protección de la maternidad, el apoyo a las parejas que desean tener hijos?”, sostiene FAES. Pero no se queda ahí, porque la fundación también vincula este debate con el del aborto, que define como ”una desgracia despenalizable en supuestos y plazos determinados” y se opone a su blindaje constitucional. La fundación de Aznar también tacha de “reaccionaria” la respuesta de la izquierda contra el propósito del PP de dar derechos administrativos al concebido no nacido con una nueva normativa que no tiene parangón en Europa, con la excepción de Polonia. “¿Qué derechos quedan comprometidos con esta medida? ¿O es que según esa izquierda el aborto es, no solo una opción elevada a derecho, sino, antes y primero, una bandera ideológica, un bien que preservar?”, se pregunta FAES. Y añade: “El propósito de constitucionalizar el ‘derecho al aborto’ empieza a justificarse ya como un ‘blindaje’ ante una amenaza prefabricada: esa ola reaccionaria que hace de espantajo electoral movilizador para activar la polarización que necesita una izquierda enfangada. Por eso se pasa de considerar el aborto como una desgracia despenalizable en supuestos y plazos determinados, a considerarlo primero un derecho y luego un derecho fundamental constitucionalizado”. El think tank conservador se refiere en paralelo al derecho al aborto y desliza que se opone a su blindaje constitucional. Y vincula ese rechazo con el hecho de que el ordenamiento jurídico español “sigue reconociendo derechos al nasciturus, cuya existencia es considerada civil y constitucionalmente un bien jurídico”. Y apostilla: “Como señalaba Julián Illana en un trabajo recogido en nuestra revista Cuadernos, ‘los derechos fundamentales son erga omnes, y no admiten ni ser administrados a plazos ni ser motivo de objeción de conciencia”.Sin embargo, y pese a la cita que extrae el comunicado de FAES de su colaborador Julián Illana, el ordenamiento español no reconoce el derecho fundamental a la vida a quienes no han nacido. Si así se hiciera, como defienden los colectivos antiabortistas, se abriría la puerta a prohibir la interrupción voluntaria del embarazo. El Tribunal Constitucional, en la sentencia sobre el recurso del PP a la ley de plazos del aborto, que avaló la norma en mayo de 2023, deja muy clara la diferencia entre la vida prenatal y la de la persona. En este sentido, el texto subraya que el tribunal “ha afirmado de forma inequívoca que la titularidad del derecho a la vida proclamado por el artículo 15 de la Constitución corresponde exclusivamente a quienes han nacido y cuentan, por el hecho del nacimiento, con personalidad jurídica plena, sin que quepa extender esta titularidad a quienes han sido concebidos pero todavía no han nacido”. Tras la sentencia sobre la ley de plazos, Feijóo anunció que la respetaba y que, en consecuencia, el PP no derogará esa norma si llega al poder. Pero el aborto se dejó fuera de la ponencia política de los populares aprobada en el congreso nacional de julio del año pasado, precisamente por el debate interno que sigue suscitando, como vuelve a poner de manifiesto el comunicado de FAES. La fundación de Aznar celebra la iniciativa de Ayuso que ha hecho suya el líder del PP. “Lo anunciado por Feijóo no puede presentarse, de buena fe, como un ataque contra nada ni contra nadie”, sostiene el texto. “Se trata de no ‘dejar a ningún niño atrás’, en un país como España, con una de las tasas de fertilidad más bajas del mundo”.“Si tan mal le parece a la izquierda reaccionaria, que explique por qué el anuncio de Feijóo es una ‘agresión a la libertad reproductiva de la mujer’ y, sin embargo, no lo es que el ordenamiento jurídico español vigente proteja al concebido no nacido reconociéndole derechos patrimoniales y civiles bajo la condición suspensiva de que nazca con vida”, incide el comunicado de FAES. Y concluye: “Ninguno de estos extremos deroga la vigencia de la ley del aborto en un país en que se calcula una práctica anual de más de cien mil interrupciones voluntarias del embarazo”.