El Ministerio de Hacienda rescató este lunes una vieja fórmula con la que tratar de contentar a las comunidades más perjudicadas por el actual sistema de financiación y por los límites que condicionan su capacidad de gasto. Y, de paso, como ya hizo el Gobierno con la propuesta de condonación de deuda, intentar abrir fisuras en el muro de contención que han levantado las autonomías del Partido Popular. Se trata de la posibilidad de fijar objetivos de déficit público ”asimétricos” y personalizados entre territorios, teniendo en cuenta la diferente situación fiscal de cada uno de ellos.La idea la trasladó el departamento de Arcadi España durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el que Gobierno y comunidades debatieron la senda de estabilidad que el Consejo de Ministros aprobará este martes para elevarla al Congreso de los Diputados y empezar el proceso de elaboración de los Presupuestos. La propuesta aún no está definida ni tiene por el momento visos de pasar a la siguiente pantalla. Sin embargo, bastó con esbozarla para desatar una oleada de críticas entre varias autonomías. Solo Cataluña abrió los brazos a la idea, lo que deja su futuro en el aire.El Consejo de Política Fiscal y Financiera, el primero presidido por España desde que asumió el cargo a finales de marzo, dejó varias cifras relevantes. El Gobierno comunicó a las comunidades que dispondrán de un margen de déficit del 0,1% del PIB durante el periodo 2027-2029, acompañado de una inyección récord de recursos a través del sistema de financiación y de un límite de crecimiento del gasto del 4% (frente al 3,5% actual). Este último punto fue el que generó mayor malestar entre los representantes autonómicos, según trasladaron varios de ellos durante toda la cita. Fue entonces, en el último punto del orden del día, cuando Hacienda planteó la posibilidad de introducir objetivos de déficit asimétricos. Poco después, en la rueda de prensa posterior al Consejo, el ministro explicó el alcance de la iniciativa y las cuestiones técnicas.“La propuesta no es nueva en un Consejo de Política Fiscal y Financiera, porque ya hubo déficits asimétricos en 2013”, recordó España antes de explicar el planteamiento. Entonces, con Cristóbal Montoro (PP) al frente de Hacienda, el plan levantó ampollas entre los territorios cumplidores y los que no. La idea parte de que algunas comunidades llevan varios ejercicios cerrando sus cuentas con superávit y, por tanto, no necesitarían agotar todo el margen de déficit disponible. Ese espacio fiscal, sostuvo el ministro España, podría destinarse a los territorios con una situación financiera más tensionada, que ganarían así capacidad para financiar su gasto. “No todas las comunidades parten de la misma base. Estamos proponiendo un ejercicio de solidaridad entre las autonomías que necesitan ese margen y las que no”, defendió.El planteamiento se enmarca en el reparto anual del objetivo de déficit entre las distintas Administraciones públicas. Para el próximo ejercicio, el Gobierno propone un déficit del 1,5% del PIB para la Administración General del Estado, del 0,2% para la Seguridad Social y del 0,1% para el conjunto de las comunidades autónomas, mientras que las entidades locales deberán mantener el equilibrio presupuestario o déficit cero. En conjunto, el objetivo de desvío para el total de las administraciones públicas se situará en el 1,8% del PIB.La novedad no pasa por modificar ese reparto entre Administraciones, sino por cambiar la forma en que se distribuye el margen asignado a las autonomías. En lugar de otorgar el mismo objetivo de déficit a todas ellas, esa décima prevista para el conjunto podría repartirse de forma desigual en función de la situación financiera de cada territorio. Así, las autonomías con unas cuentas más saneadas y capacidad para seguir registrando equilibrio presupuestario o superávit asumirían un objetivo de déficit menor, cediendo parte de su margen a aquellas que arrastran una posición fiscal más débil y necesitan una mayor capacidad para financiar su gasto.Queda por ver, sin embargo, cómo podría articularse ese mecanismo. El ministro apeló a un ejercicio de solidaridad entre comunidades y sugirió que fueran las propias autonomías las que negociaran los criterios para distribuir esa décima de déficit. Una vez alcanzado un acuerdo, Hacienda convocaría un nuevo CPFF para aprobar el reparto. El ministerio tampoco descartó la participación de la Autoridad Fiscal (Airef), que podría elaborar una propuesta técnica si las comunidades aceptaran esa vía. A partir de aquí, tendrían que estudiarse otras cuestiones, como la posible condicionalidad o la necesidad de que todos los territorios acepten o no el plan.La reacción de las comunidades, sin embargo, no invita a pensar que la iniciativa pueda llegar a buen puerto. Cataluña fue la única receptiva a la propuesta, según trasladaron fuentes autonómicas. Murcia y la Comunidad Valenciana, ambas gobernadas por el PP y situadas desde hace años entre las autonomías peor financiadas de España, reconocieron que estudiarían la iniciativa. En el resto de territorios gobernados por los populares predominó el rechazo.La consejera de Hacienda madrileña, Rocío Albert, sostuvo que todas las comunidades deberían tener los mismos objetivos. Y en caso de que haya asimetría, añadió, esta debería premiar a los territorios que más cumplen, “no al revés”. También la consejera andaluza, Carolina España, recalcó que la situación debería ser igual para todos los territorios, mientras que la extremeña, Elena Manzano, aseguró que “nadie ha pedido una propuesta de déficit asimétrico”, lo que a su juicio implica “mayor desigualdad”.