El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que se celebra este lunes y que reúne al Gobierno con las autonomías, ha arrancado con dos grandes cifras sobre la mesa: las comunidades tendrán un margen de déficit del 0,1% el próximo año y recibirán una inyección récord de recursos a través del sistema de financiación, según adelantan fuentes de Hacienda. La otra cara de la moneda es un gasto regional que no podrá crecer por encima del 4%, pues ese es el límite que el Ministerio de Hacienda ha impuesto para el próximo ejercicio, explican fuentes autonómicas. “El margen de déficit para las comunidades asciende a 5.849 millones. Dicho de otra forma, votar en contra de los objetivos implicaría que las comunidades deberían realizar un ajuste de 5.849 millones”, defienden fuentes del ministerio dirigido por Arcadi España.La fijación de la senda de gasto autonómica —en este caso un 0,1% para el periodo 2027-2029— es un trámite imprescindible para que el Gobierno pueda avanzar en el diseño de los Presupuestos Generales del Estado, un objetivo que el Ejecutivo ha anunciado pese a la dificultad manifiesta en lograr los apoyos políticos que necesita, y que se ha profundizado tras la ruptura del bloque de investidura. De lograr su propósito, pondría fin a tres años de prórrogas presupuestarias y España tendría unas nuevas cuentas por vez primera desde 2023.El Ministerio de Hacienda ya había fijado un margen de déficit autonómico del 0,1% el año pasado para el periodo 2026-28. Estos objetivos, sin embargo, se quedaron en papel mojado en tiempo récord: el Congreso los rechazó, y el Gobierno optó por endurecer la senda exigiendo a las comunidades equilibrio presupuestario. Pero tampoco estas metas entraron en vigor, debido a que la tramitación presupuestaria para la que habían sido aprobadas acabó en saco roto.Ahora, el departamento dirigido por Arcadi España ha vuelto a proponer a las comunidades un margen de gasto del 0,1% de su PIB. A la vez, ha comunicado que el incremento de las entregas a cuenta, es decir, el dinero que las comunidades reciben por adelantado del sistema de financiación, será del 8%. Esta subida está en línea con la buena marcha de la economía española. La semana pasada, el Gobierno elevó la previsión de crecimiento para el próximo año del 2,2% al 2,6%.Con estas cifras sobre la mesa, Hacienda defiende haber abierto la manga. Los representantes de las haciendas autonómicas, en cambio, no están conformes con la propuesta. A su llegada a la reunión, dejaron clara su intención de situar el debate sobre la financiación autonómica en el centro del encuentro, aunque no esté incluida en el orden del día. De hecho, el ministro ha comunicado que se celebrará otro CPFF el 29 julio para abordar el tema, de acuerdo con fuentes autonómicas.Las comunidades gobernadas por el Partido Popular, que son mayoría con 11 de 17 territorios, también reclamaron una mayor capacidad de gasto de cara al próximo ejercicio. Los consejeros de Hacienda de Galicia, Extremadura, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Canarias y Madrid, entre otros, coincidieron en que el margen de gasto del que disponen las autonomías es “insuficiente”, especialmente ante el aumento de los costes asociados a la prestación de los servicios públicos.GastoLa mayoría de los gobiernos autonómicos del PP lamentaron, además, que deban asumir el incremento salarial de los funcionarios, una medida que calificaron de “obligación unilateral” impuesta por el Gobierno central, pero cuya financiación recae sobre las comunidades.Antes del encuentro, el consejero gallego, Miguel Corgos, explicó que el principal asunto de la reunión no sería el objetivo de estabilidad presupuestaria, que es el motivo oficial del encuentro, sino la regla de gasto. “Lo importante es saber cuánto más podremos gastar las comunidades autónomas el próximo año para garantizar la prestación de nuestros servicios públicos fundamentales”, señaló.En la misma línea se expresó el conseller de Hacienda de la Comunidad Valenciana, José Antonio Rovira, quien advirtió de que los gobiernos autonómicos afrontan una creciente presión sobre sus cuentas públicas por el incremento de los salarios de los empleados públicos, entre otros factores. “Las comunidades estamos sosteniendo buena parte del gasto del sector público. El Gobierno nos obliga a aplicar las subidas salariales de los funcionarios, pero al mismo tiempo mantiene intacta la regla de gasto”, afirmó.Por ello, Rovira reclamó un mayor diálogo entre el Gobierno y las comunidades autónomas antes de adoptar medidas con impacto presupuestario. “Las autonomías sostenemos fundamentalmente la educación, la sanidad y los servicios sociales, por lo que cualquier decisión que incremente el gasto debería ir acompañada de una mayor coordinación y capacidad financiera”, concluyó.