Llega el mes de julio y, como cada año de esta legislatura, toca la pelea del Ministerio de Hacienda con las comunidades autónomas gobernadas por el PP. Este año se está repitiendo, punto por punto, el guion de los años anteriores: el Gobierno ha propuesto una senda de estabilidad que permite a las CCAA tener una décima del PIB de déficit (casi 6.000 millones de euros). Las comunidades autónomas la han rechazado y Junts ha anunciado que unirá sus votos a los del PP y Vox para tumbar los objetivos en el Congreso. El ministerio, compungido por sufrir otra derrota parlamentaria, está intentando convencer al PP de que apoye su propuesta bajo la amenaza de que las CCAA tendrán que hacer ajustes si no la aprueba. El ministro de Hacienda, Arcadi España, repitió ayer el argumentario de los últimos tres años: "El Partido Popular no tendría cómo explicarle a los ciudadanos y ciudadanas que renuncia a 5.800 millones de euros con tal de provocar una derrota parlamentaria del Ejecutivo". Hasta aquí, todo lo habitual. Pero, aunque parezca un deja vú, hay una cuestión que hoy es diferente. Y, además, es diferencial, hasta tal punto de que corta de raíz la amenaza del ministro a las comunidades del Partido Popular. El último informe de cumplimiento de los objetivos de estabilidad del propio Ministerio de Hacienda reconoce que ya no hay objetivos de estabilidad. Y, en todo caso, el único dato que aparece referenciado es el del último Acuerdo del Consejo de Ministros. Esto es, la propuesta que hizo hace un año María Jesús Montero. Esto significa que la votación en el Congreso es irrelevante en términos prácticos. Es más: sin objetivos de déficit formales, las CCAA no estarían limitadas por este mandato legal el próximo año. Para las regiones del PP, rechazar la senda de estabilidad incluso les daría mayor libertad de gasto. TE PUEDE INTERESAR Así figura en el último informe de cumplimiento de los objetivos de estabilidad del año 2025, recién publicado la semana pasada. En ese documento, Hacienda explica que "no puede pronunciarse sobre el cumplimiento o incumplimiento para cada uno de ellos". Aplicando esta misma interpretación, el argumento del Ministerio de Hacienda sería papel mojado. No hay amenaza posible a los barones del PP, en cualquier caso contarán con este margen adicional de gasto una vez que lo apruebe el Consejo de Ministros. Sentar precedente El informe de cumplimiento del año 2025 es especialmente importante para el futuro de España, porque determina cuál es la interpretación que hace el ministerio (de la mano con la Abogacía del Estado) sobre cómo aplicar la Ley de Estabilidad cuando un Gobierno es incapaz de aprobar las sendas de déficit durante toda una legislatura. Hasta ahora, el Ministerio de Hacienda compensaba sus derrotas parlamentarias con los objetivos aprobados por otras administraciones. De esta forma, evitaba el vacío legal. Por ejemplo, ha recurrido a sendas aprobadas en años anteriores (tienen una vigencia de tres años) o a las validadas por la Comisión Europea en los programas de estabilidad. El problema es que ya no queda nada de todo eso. 2025 era el primer año sin ninguna referencia de déficit posible de la que echar mano, porque ya tampoco existe el programa de estabilidad tras la reforma de las reglas fiscales europeas. Por eso el informe de cumplimiento era tan importante. Lo que ha hecho el Ministerio de Hacienda es reconocer que no existe cumplimiento o incumplimiento posible porque, sencillamente, no existen objetivos. TE PUEDE INTERESAR Esto tumba el argumentario del ministro de Hacienda. Es más, en 2025, siete comunidades autónomas (Cataluña, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Madrid y Castilla y León) superaron el tope de déficit del 0,1% y otras dos (Extremadura y Castilla-La Mancha) no consiguieron llegar a la estabilidad presupuestaria del 0,0%. Todo ello es irrelevante, porque España está ante un vacío legal. El legislador que dio origen a la Ley de Estabilidad del año 2012 no contempló la posibilidad de que un Gobierno fuese incapaz de aprobar los objetivos y que, aún así, sobreviviera durante toda una legislatura. Llega el mes de julio y, como cada año de esta legislatura, toca la pelea del Ministerio de Hacienda con las comunidades autónomas gobernadas por el PP. Este año se está repitiendo, punto por punto, el guion de los años anteriores: el Gobierno ha propuesto una senda de estabilidad que permite a las CCAA tener una décima del PIB de déficit (casi 6.000 millones de euros). Las comunidades autónomas la han rechazado y Junts ha anunciado que unirá sus votos a los del PP y Vox para tumbar los objetivos en el Congreso.